Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Sedeco autoriza bares con un click y deja problemas a las alcaldías
Entre marzo y agosto, el Gobierno de la CDMX otorgó 43 avisos para el funcionamiento de restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, sin cerciorarse de que los documentos presentados cumplan con la normatividad, dejando así el problema a las alcaldías, siendo la Miguel Hidalgo la más afectada.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.– Con las reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles aprobadas por Morena, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno de la Ciudad de México dio manga ancha a la operación negocios con venta de bebidas alcohólicas, dejando la problemática a las alcaldías.
Es el caso de Miguel Hidalgo, donde Sedeco ha autorizado al menos 43 establecimientos mercantiles con permiso de venta de bebidas alcohólicas, sin verificar la legalidad de los documentos.
A finales de 2022, los diputados del partido oficial avalaron modificaciones a esta Ley, lo que provocó que las aperturas de los negocios de impacto vecinal se den de forma “automática” con el simple ingreso del aviso en el sistema de la Sedeco.
Anterior a estas reformas, las alcaldías revisaban que los interesados en verdad contaran con los requisitos como el certificado de uso de suelo y el programa interno de protección civil y tras verificar que los programas parciales de desarrollo urbano de las colonias lo permitían, otorgaban el permiso.
Ahora, si un interesado quiere abrir un restaurante con bebidas alcohólicas, sólo tiene que asegurar en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (Siapem) que el uso de suelo es el correcto y que cuenta con todos los requisitos, dar click y tendrá su permiso para operar por tres años.
Del 15 de marzo de 2023 –fecha en que entraron en vigor las reformas– al 31 de agosto pasado, el Gobierno de la CDMX otorgó 43 avisos para el funcionamiento de restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, sin cerciorarse de que los documentos presentados en la plataforma cumplan con la normatividad aplicable, empezando por el uso de suelo.
Tal es el caso del Bar Salvaje, que bajo el nombre de Buddha Bar inscribió su solicitud en la plataforma del Siapem con un certificado de uso de suelo falso, pero debido a que la Sedeco no revisa la legalidad de los documentos, le otorgó la licencia de operación por tres años.
No obstante, en este caso, la alcaldía Miguel Hidalgo mantiene el establecimiento en estado de clausura, tiene un procedimiento de revocación de la licencia y una denuncia ante la Fiscalía capitalina.
Obviamente los propietarios ahora usan el permiso otorgado por el Gobierno capitalino ante el Tribunal de Justicia Administrativa como elemento para buscar que se levanten los sellos de clausura.
Uso de suelo inexistente.
Otros ejemplos son los negocios Voix Músical, Capri, Rincón Silverio, Catalina La Aviadora, Sano Pecado, Simons, Patio Tacuba, Cana Banana y Desliz, éste último también se encuentra clausurado tras resistirse en varias ocasiones a que se realizaran verificaciones al establecimiento.
De los 43 establecimientos autorizados por la SEDECO, 16 de ellos son en Polanco (37%), Granada 6 (14%), Lomas de Chapultepec 6 (14%), Anáhuac 4 (9%), Bosques de Las Lomas 3 (7%) y el resto en las colonias Ampliación Granada, Lomas de Sotelo, Tacuba, Periodista, Escandón.
Autorización de traspaso (2021).
Cabe destacar que muchos de estos permisos ya habían sido rechazados por la actual administración por no cumplir con los requisitos necesarios para su apertura, pero encontraron libre “camino” con estas reformas y el aval del Gobierno de la Ciudad para conseguir abrir sus establecimientos.
Aunque con estas reformas las alcaldías pueden acceder al Siapem para ver los establecimientos a los que se les otorgó algún permiso, no pueden acceder a la documentación que presentan los empresarios.
Incluso, la alcaldía Miguel Hidalgo optó por requerir de manera personal la documentación a los establecimientos para brindar certeza y seguridad a los vecinos de la demarcación de que dichos lugares cuentan con la documentación en regla.
Sin embargo, ante esta acción, la Sedeco envió un apercibimiento a la alcaldía para que se abstuviera de hacer esto, bajo el argumento de que ellos cuentan con la documentación y por eso dieron los permisos para su operación.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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