Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por arriba del agua: Sonora disminuye percepción de corrupción
El doctor Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, profesor investigador de tiempo completo en políticas públicas, explica que esta disminución en la percepción de corrupción de Sonora se observa principalmente en los trámites gubernamentales.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En la imagen, Operativo de Semana Santa y Semana de Pascua 2024, con la participación de más de 7 mil elementos de distintas corporaciones de Sonora. Foto: Especial.
EMEEQUIS.– En 2023, el 83.1% de la población mexicana consideró la corrupción como un fenómeno frecuente, mientras que el 14.0% la experimentó al realizar trámites, pagos, solicitudes de servicios o al tener contacto con algún servidor público. Sin embargo, Sonora, en comparación con el sexenio anterior, ha disminuido su percepción de corrupción.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, que realiza el INEGI, Sonora ocupa el lugar número 12 en cuanto a percepción de corrupción. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer en cuestiones de seguridad, servicios médicos y medios de comunicación.
EMEEQUIS entrevistó al doctor Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, profesor investigador de tiempo completo en políticas públicas, quien explicó que esta disminución se observa principalmente en los trámites gubernamentales.
Añadió que el comparativo se realizó entre el segundo año del sexenio de Claudia Pavlovich y el segundo año de la administración de Alfonso Durazo, destacando que el número de personas víctimas de actos de corrupción se ha reducido en un 42%.
“Si comparamos el segundo año del sexenio anterior, tenemos que la percepción de corrupción oscilaba en el 91.5%, es decir, (hubo) una reducción del 13%, que es la reducción que se observa en el segundo año del sexenio actual”
Además, respecto al 2021, Valenzuela Mendoza explica que “Sonora bajó seis puntos porcentuales, es decir, pasó del 85 al 79.3%” en cuanto a la percepción de corrupción. A estos resultados, se agrega la disminución en la cantidad de personas que han sido víctimas de corrupción al menos en un trámite:
“Entre el 2021 y el 2023, la experiencia como víctima de corrupción se redujo en un 4.5%. Esto es importante decirlo; puede ser una variación menor, sin embargo, nos dice que algo se está haciendo bien en el gobierno actual”, explica que esta encuesta funciona como un evaluador del gobierno en turno.
“La ciudadanía percibe que algo se está haciendo bien. ¿Cuáles pueden ser las causas de estas respuestas? Múltiples causas, habría que analizarlas. Habría que revisar con mayor detalle y cruzarlo con algunos otros datos, tanto de esta encuesta como de otras encuestas”.
Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, profesor investigador de tiempo completo en políticas públicas.
El especialista explica que los trámites donde más se ha reducido la corrupción es en el punto de contacto con la seguridad pública “pasamos de un 71.5% en 2021 un 63.9 % en 2023,” y “aunque sigue siendo elevado la frecuencia de la percepción de la corrupción en Seguridad Pública hay una reducción importante”.
Para el doctor, esta reducción en la percepción de la corrupción tiene que ver con que “en octubre de 2022, el gobernador Alfonso Durazo firmó un decreto para establecer un régimen especial de riesgos de corrupción. Este régimen especial permite grabar en video las actuaciones de los servidores públicos que tienen contacto con la ciudadanía”.
AÚN FALTAN LOS POLICÍAS
Sin embargo, añade que aún falta llevar las videograbaciones a servidores públicos como lo son los policías y explica que esto podría ayudar a disminuir aún más la corrupción en el estado:
“De llevarse la videograbación de las actuaciones de los policías podrá tener un impacto todavía mayor en reducir la percepción de corrupción, pero además habrá de reducirse los actos de corrupción y la cantidad de víctimas”.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HOSPITALES Y GUARDIA NACIONAL LOS SECTORES QUE AUMENTARON
Respecto al aumento de la percepción de corrupción en medios de comunicación, hospitales y con la Guardia Nacional, Rafael Valenzuela agrega que “habría que analizarlo; no tengo una respuesta definitiva, pero creo que tiene que ver con este punto de contacto que es muy personalizado”.
Y en particular con hospitales “podría estar relacionado con el hecho de que el sector médico es el servicio más solicitado”.
A la baja la percepción de corrupción en el actual gobierno.
CONTRA LA CORRUPCIÓN, GOBIERNO ELECTRÓNICO
El profesor también identifica las oficinas de gobierno como un foco rojo y recomienda el uso de plataformas digitales para realizar trámites con la intención de evitar posibles actos de corrupción.
“Los riesgos de corrupción aumentan cuando hay presencia del ciudadano en el punto de contacto (oficinas gubernamentales), por lo que hay que seguir fortaleciendo los procesos de digitalización de trámites y cobro de servicios, y cualquier otro que pueda manejarse a través del gobierno electrónico”.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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