Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Justicia para el Pueblo Yaqui: “lo más difícil fue regresarles sus tierras”
Dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, se ha reconocido la autoridad jurídica de las autoridades tradicionales del pueblo Yaqui y se han considerado los usos y costumbres en la formulación de soluciones para la comunidad.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.– El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui cada vez está más cerca de ser concluido y restituir a la comunidad originaria derechos como acceso al agua, servicios de salud y educación. Para el subsecretario de servicios de gobierno de Sonora, José Martín Vélez de la Rocha, lo más difícil fue la distribución de tierras sin cometer injusticias.
Tras la inauguración del Acueducto y Sistema de Agua Potable del Pueblo Yaqui, el gobierno federal, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, y el local, se han comprometido a que las acciones encaminadas para resarcir el respeto y la justicia al pueblo Yaqui continuen aun después de que termine el sexenio del presidente López Obrador.
Dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, se ha reconocido la autoridad jurídica de las autoridades tradicionales del pueblo Yaqui y se han considerado los usos y costumbres en la formulación de soluciones para la comunidad.
AGUA LIMPIA PARA LAS INFANCIAS YAQUI
Para Vélez de la Rocha, subsecretario de servicios de gobierno de Sonora, este plan beneficia más que nada a las infancias Yaquis, quienes ahora podrán gozar de una universidad, acceso a servicios médicos y agua que no está contaminada.
En entrevista con EMEEQUIS, Vélez de la Rocha menciona que uno de los principales problemas que impulsó el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, fue el observar cómo los menores debían de consumir agua contaminada con manganeso.
Vélez de la Rocha asegura que la decisión construir el acueducto que surtirá del líquido vital a la comunidad se tomó después de que servidores públicos, incluyendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, observaron una fotografía donde una niña del pueblo Yaqui consumía agua grisácea, contaminada con manganeso, sin embargo, ahora, la comunidad estará dotada de agua de presa:
“Es agua de la presa, no es agua de pozo, ya que por muchos años estuvieron consumiendo los niños Yaquis agua contaminada con manganeso. Entonces, nosotros estamos muy satisfechos de que la infancia tendrá a partir de esta semana agua de muy buena calidad y en cantidad suficiente”.
Con la inauguración del acueducto y el sistema de agua potable del pueblo Yaqui, se ha entregado más del 85% del proyecto impulsado para brindar justicia a las comunidades originarias.
DIÁLOGO FRUCTÍFERO
Desde la perspectiva de Vélez Rocha, el papel desempeñado por el gobierno de Sonora ha sido crucial para que los gobiernos tradicionales de la comunidad Yaqui alcancen acuerdos de cooperación, propiciando la paz en el seno de la comunidad. Señaló que recientemente se registraron eventos de confrontación que resultaron en la pérdida de vidas, no obstante, gracias a la intervención del gobierno sonorense:
“Se ha fomentado un acercamiento entre las partes, logrado a través del diálogo entre los gobiernos tradicionales, el gobierno del presidente López Obrador y el gobernador Durazo. Este diálogo ha resultado altamente fructífero, beneficiando a toda la comunidad, que ahora recibirá los beneficios del plan de Justicia”.
Para Vélez de la Rocha (sin sombrero), lo más difícil fue la distribución de tierras sin cometer injusticias.
LO MÁS DIFÍCIL FUE LA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS Y AGUA
El sonorense explica que lo más difícil en este plan de justicia para el pueblo Yaqui fue devolverles territorio a los pueblos originarios “sin cometer injusticias”. No obstante, la estrategia llevada a cabo entre el gobierno federal y el local posibilitó la consecución de acuerdos amistosos con los vecinos: “Se llegó a acuerdos amistosos con vecinos de la del territorio Yaqui, y a través de acuerdos con ellos, es como se pudo restituir el terreno o superficie a los pueblos”.
Otro de los retos que se enfrentó fue incrementar el nivel y calidad de agua que llega al pueblo Yaqui. Anteriormente solo llegaban 250 millones de metros cúbicos de agua al año, sin embargo, ahora se les reconoce más de 670 millones de metros cúbicos de agua.
El gobernador Durazo, presente.
EL FRUTO PRINCIPAL DEL PLAN DE JUSTICIA
Si bien el gobierno sonorense considera que ya se ha echado a andar más del 85% del plan, aún quedan cosas pendientes que se deben resolver antes de que concluya el sexenio del presidente López Obrador. Entre ellas se encuentra la ampliación del distrito de riego, que se espera sea concluida en junio. “con eso quedará concluido la parte medular del plan de Justicia”.
De esta manera, el sistema de riego pasaría de 20 mil hectáreas a 60 mil. La obra pretende ser entregada cuando, el presidente regrese a Sonora para supervisar la obra:
“En esa fecha entregará una ampliación de superficie de riego de 40 mil hectáreas de esta manera, el distrito de riego Yaqui pasará de aproximadamente 20 mil hectáreas a 60 mil y eso pues es una es un área de cultivo importante con un nuevo volumen disponible de agua y es el fruto principal del plan de justicia”.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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