Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
El mandatario estatal señaló que este procedimiento busca contribuir a erradicar prácticas irregulares.
Hermosillo, Sonora; 14 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de brindar certeza jurídica y fortalecer la productividad del campo en la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entregó títulos de concesión de agua para uso agrícola a usuarios del estado de Sonora.
El mandatario estatal señaló que este procedimiento busca contribuir a erradicar prácticas irregulares y garantizar que el agua se utilice bajo criterios de legalidad, equidad y transparencia.
“Este nuevo marco jurídico que ha impulsado nuestra presidenta, a través del director general de Conagua, y que ha sido aprobado por el Congreso, tiene como objetivo eficientar la gestión del agua. No se le va a quitar absolutamente a nadie su derecho”, indicó.
El gobernador afirmó que la entrega de títulos de concesión de agua beneficiará a productores agrícolas de diversas regiones de la entidad, incluidos los distritos de riego 051 Costa de Hermosillo, 037 Altar-Pitiquito-Caborca, 038 Río Mayo, 041 Río Yaqui y 084 de Guaymas.
Durante la visita a Sonora, el titular de Conagua destacó que uno de los principales beneficios de regularizar las concesiones es que pequeños productores agrícolas con pozos o títulos de agua pueden acceder a apoyos federales, como tarifas preferenciales de electricidad para riego agrícola, así como otros programas de fomento al campo.
En el marco de este encuentro con productores sonorenses, se abordó la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en las que se descartaron afectaciones al sector agrícola; por el contrario, las autoridades señalaron que estas modificaciones ordenan y transparentan el sistema de concesiones, garantizan el derecho humano al agua y brindan certeza a los productores para asegurar el consumo humano, la producción de alimentos y el desarrollo del país.
En representación del gremio beneficiado, Alejandro Salcedo Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, agradeció al gobernador Alfonso Durazo las gestiones realizadas en favor del campo sonorense, la atención personal a cada petición y su papel como interlocutor ante instancias federales, lo que se ha traducido en resultados concretos para los productores.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
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