Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Crece la percepción de seguridad ciudadana en Sonora con estrategia interinstitucional de Gobernador Durazo
De acuerdo con la Encuesta de Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), gente se siente más segura en Sonora.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En varias ciudades sonorenses la percepción de inseguridad va a la baja.
Hermosillo, Sonora; 23 de octubre de 2025.- Una reducción en la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, registró Sonora en los municipios de Nogales, Hermosillo y Cajeme durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con la Encuesta de Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), resultado de la estrategia del gobernador Alfonso Durazo Montaño para garantizar la paz y tranquilidad de las familias sonorenses.
El mandatario estatal destacó que, según las cifras del estudio, Nogales redujo la percepción de inseguridad de 45.2 a 42.7 por ciento de junio a septiembre de este año, es decir que cada vez más ciudadanos se sienten seguros en su municipio.
En Hermosillo, se registró una reducción de 50.3 a 47.5 por ciento, lo que significa que el 52.5 por ciento de la población de la capital sonorense se percibe segura en su entorno comunitario.
En Ciudad Obregón, la percepción de inseguridad de la ciudadanía disminuyó de 88 por ciento a 83.6 por ciento en los últimos tres meses, resaltó el gobernador Alfonso Durazo, producto de las acciones de coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad del estado. Además, en los resultados de la ENSU se destaca que Cajeme salió del top 5 de los municipios más inseguros de México.
En cuanto a la población de 18 años y más que experimentó conflictos o enfrentamientos por área urbana, como parte de los resultados positivos para Sonora, en Ciudad Obregón este sector disminuyó de 7.6 por ciento a 5.3 por ciento.
Con la estrategia interinstitucional implementada por el Gabinete de Seguridad de Sonora, se ha logrado fortalecer la confianza ciudadana hacia las instituciones de impartición de justicia, lo que deriva en el incremento de la sensación de seguridad de las y los sonorenses.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
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