El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Este sexenio, al que le falta un año y medio para concluir, es el más violento de la historia. La sola voluntad presidencial no ha hecho la diferencia para abatir la inseguridad, porque falta la estrategia.
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
EMEEQUIS.– Se trató de banalizar el tema de la seguridad, asegurando que la sola voluntad presidencial haría la diferencia, y las consecuencias de este error están a la vista.
Este sexenio, al que le falta un año y medio para concluir, es el más violento de la historia. La ola de muertes relacionada, sobre todo, con las rivalidades criminales, no solo no se detuvo, se profundizó.
La estrategia, en el caso de que existiera, simplemente no estuvo a la altura, porque no revirtió condiciones sociales que permiten el círculo delincuencial, ni mejoró las estructuras de contención del fenómeno.
El presidente López Obrador señala que “es la herencia que le dejaron” los neoliberales. Le asiste la razón, en parte, porque la descomposición y la ruptura del tejido social inició hace décadas, pero evade la enorme responsabilidad que tiene, porque una parte del deterioro de la seguridad pública es su responsabilidad.
La situación ya era sumamente compleja, pero le añadió variables, entre ellas las de las diversas omisiones en lo que respecta a la persecución de los delitos, que no es cuestión humores y caprichos, sino del estricto apego a la legalidad.
Decidió desaparecer a la Policía Federal y el daño de esta determinación aún no se mide en toda su extensión. Se tiraron a la basura años de experiencia y de conocimientos técnicos, de capacidades para la generación de inteligencia para el combate a los delitos y se cercenaron carreras de oficiales en los que se invirtieron recursos, en capacitación y formación.
En términos prácticos se perdió un acervo que solo pueden provenir de largas trayectorias en el servicio público, porque los buenos policías no se crean por decreto, sino partiendo de políticas institucionales que se prolongan en el tiempo.
La coartada para este despropósito fue Genaro García Luna, condenando a quienes compartieron con él, periodos de trabajo, a una suerte de ostracismo y de zozobra permanente.
El exsecretario de Seguridad Pública en el periodo del presidente Felipe Calderón y director de la AFI durante la administración de Vicente Fox, tuvo un papel importante en el moldeo de instituciones policiacas, pero no es el único involucrado en esos esfuerzos, y es absurdo el trasladar sus responsabilidades criminales a todas las instituciones de seguridad y más aún al grueso de sus integrantes.
Los diagnósticos superficiales que muestran aspectos de la corrupción que imperaba, pero que se resistieron a aceptar los tramos en que las cosas sí funcionaban, hicieron que se desmontaran estructuras sin construir otras ya no mejores, por lo menos similares.
Ahora nos encontramos en el peor de los mundos posibles. El Ejército y la Marina Armada tendrán que prolongar su participación en tareas de seguridad pública por varios años.
La Guardia Nacional no es una corporación de carácter civil, por más que algunos, por candidez o por resignación, quieran creerlo así.
Las fuerzas armadas cuentan con una alta percepción de confianza, la Marina Armada con un 89.6 % y el Ejército un 87.1%, seguido de la Guardia Nacional que alcanza un 80.9%, lo que muestra que mantienen sus rangos históricos de aprecio ciudadano. El problema, sin embargo, es que las policías estatales se encuentran en el rango del 56.2 % y las municipales en el 45%.
Ahí se encuentra uno de los nudos del problema, porque la solución de la seguridad y la construcción de paz, pasan por el plano local.
Experiencias como las de Palermo, en Italia, Medellín, en Colombia y La Laguna en nuestro país así lo prueban.
Aunado a ello, se requiere del apoyo y compromiso de la sociedad, aspecto en el que la 4T también ya quedó a deber, sobre todo por la extraña obstinación de descalificar a las organizaciones no gubernamentales que tuvieron y tienen un compromiso en la búsqueda de las soluciones a los problemas que se derivan de la delincuencia.
Es lo que ocurrió hace unos días con los ataques al Centro Agustín Pro, pero que se hacen extensibles a Causa en Común y a muchas otras propuestas que tienen una larga trayectoria y que han demostrado su valía.
Triste panorama, por supuesto, a la que la negación de los problemas se suman los oídos sordos ante quienes sí saben de estos asuntos.
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
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