La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
EMEEQUIS.– Salvador Allende forma parte de la memoria sentimental de la izquierda en el mundo y de modo particular en México.
En pocos lugares, además de Chile, por supuesto, el golpe militar tuvo un efecto tan traumático. Allende era un amigo y los lazos entre países eran fecundos. No fue casual que los líderes del Movimiento Estudiantil del 68 viajan a Santiago justo después de abandonar Lecumberri, en un acuerdo con el propio gobierno mexicano, tan adepto a ese tipo de juegos en materia internacional.
Por eso el 11 de septiembre de 1973 significó una herida que provocó desaliento y desconcierto. Quizá lo más grave provino de confundir a la democracia como la responsable de lo ocurrido, cuando en realidad lo que desató el espanto se activó por fuerzas antiliberales como la CIA, la derecha más conservadora, algunos medios de comunicación ligados a la oligarquía y la traición de las Fuerzas Armadas.
Al presidente chileno lo derrumbaron partidarios del control y del endurecimiento. Se trató de un ataque criminal a la legalidad y a la democracia.
El general Augusto Pinochet estableció una dictadura adosada de terror, el que se ilustra por las 40 mil víctimas, los mil 742 ejecutados y los mil 469 desaparecidos.
El panorama político nunca resultó sencillo para Allende, y no pocas de sus complicaciones se desataron por la radicalización del Partido Socialista, al grado de que el presidente se sintió más cobijado, en sus últimos meses por sus aliados comunistas, como narra con puntualidad Heraldo Muñoz en “La sombra del dictador”.
“La Unidad Popular cometió errores graves en un periodo democrático vibrante, pero incluso antes de que hubiera adoptado siquiera una sola medida, tanto la CIA como los grupos de la derecha ya promovían un golpe de Estado contra el presidente”, apunta Muñoz y añade, “Kissinger ya había marcado el tono de la política hacia Chile el día en que pronunció su tristemente famosa frase: ‘no sé por qué tenemos que presenciar tranquilamente cómo un país se vuelve comunista por culpa de la irresponsabilidad de su gente´”.
Las reflexiones de Muñoz tienen un atractivo adicional, ya que militó en el socialismo desde muy joven y con Ricardo Lagos fungió como ministro del Exterior.
Allende, con su nacionalización de la industria del cobre y sus discursos contra el imperialismo, era visto como la cristalización de un sueño, de una posibilidad no tan remota para las corrientes progresistas mexicanas.
Hay que tener presente que en nuestro país había una guerra soterrada contra las guerrillas urbanas, que el Partido Comunista Mexicano (PCM) no se convertiría en legal sólo hasta 1977. Es decir, la izquierda todavía se debatía entre la vía revolucionaria y la de la democracia.
Por eso las bombas en La Moneda sonaron tan rotundas y activaron radicalismos en la izquierda que también se alimentaban de las rutinas represivas de las DFS, la Brigada Blanca y la DIPD, las que tenían como misión el seguimiento de cada movimiento de anhelos sociales.
El carácter bicéfalo del Estado mexicano permitía una enorme solidaridad con los militantes izquierdistas del extranjero a la par que imprimía una crueldad inusitada para los activistas locales.
Candil de la calle y oscuridad de la casa, pero que permitió una política de refugio adecuada y de carácter humanitario.
Desde los primeros días empezaron a llegar chilenos que obtuvieron refugio. El presidente Luis Echeverría les abrió las puertas y ellos en reciprocidad hicieron de México su segunda patria.
La familia del presidente de Chile fue auxiliada por el embajador Gonzalo Martínez Corbalá, proporcionándole los medios para salir de su país.
A nivel diplomático las acciones desplegadas por la cancillería mexicana, a cargo de Emilio Rabasa, tuvieron los rasgos de lo ejemplar. Esto se repetiría también en Argentina.
Los años setenta dejaron diversos saldos, pero también ganancias. En las peñas sonaban Quilapayún, Inti-Illimani, Víctor Jara, (asesinado en el Estadio Nacional) y Violenta Parra.
Ahora el eco, nada menor, es la convicción de que la democracia es el mejor homenaje que se le pueda rendir a Allende, que es esta la que borrará los estragos de Pinochet y su noche oscura.
Es más, los datos no mienten, inclusive a nivel económico, el gran empuje se dio con Patricio Aylwin y con el retorno, precisamente, de los estándares democráticos.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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