La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazaron acusaciones de "justicia selectiva" tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal derivado de sus operaciones como socio mayoritario en la empresa Ingemar. Las autoridades federales detallaron que la captura es resultado de una investigación de más de un año por parte de la FGR y la FEMDO, originada tras el decomiso de 33 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible ilícito, provocando un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. Mientras el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de aplicar una justicia discriminatoria, la administración federal informó que ya se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que aún quedan detenciones pendientes contra esta red de contrabando, la cual evadía al fisco declarando solo el 10% de su capacidad real
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
ENRIQUE SERNA disecciona la carta donde Benedicto XVI asegura que “la revolución cultural de los años 60, que impuso la educación sexual en las escuelas, popularizó el amor libre y despenalizó la pornografía, trastornó la libido de muchos seminaristas”.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
La admisión por parte de los Legionarios de Cristo de los numerosos abusos a niños y niñas cometidos por el sacerdote Fernando Martínez, un pupilo de Marcial Maciel a quien su congregación protegió durante décadas, deja en claro que las agresiones sexuales contra menores siguen siendo el pan nuestro de cada día en las escuelas católicas. Hasta ahora, la Iglesia no se ha dignado explicar la proliferación de sacerdotes pederastas en todas las diócesis del planeta. El único intento más o menos serio por diagnosticar las causal de esta patología es la carta de Benedicto XVI “La iglesia y el escándalo de abuso sexual”. Quien lea ese documento, a medio camino entre el alegato exculpatorio y el tratado teológico, tendrá sobradas razones para creer que los abusos a menores por parte de sacerdotes no se deben a los motivos expuestos por el Sumo Pontífice jubilado, ni cesarán en el futuro, porque sencillamente, la Iglesia se niega a reconocer el origen de sus propios males.
Según Benedicto, la revolución cultural de los años 60, que impuso la educación sexual en las escuelas, popularizó el amor libre y despenalizó la pornografía, trastornó la libido de muchos seminaristas: “Parte de la fisonomía de esa revolución –afirma– consistió en diagnosticar la pedofilia como algo apropiado”. Esa gran oleada de libertinaje pervirtió a la siguiente generación de sacerdotes, ocasionando numerosas deserciones de los seminarios, y socavó uno de los principios rectores de la Iglesia: inculcar a los fieles una moral basada en la Sagrada Escritura. La civilización occidental dio la espalda a Dios y creyó que en materia de placeres carnales podía determinar por si sola lo bueno y lo malo. Se formaron cofradías de homosexuales en los seminarios y como el excesivo garantismo del Derecho Canónico impedía castigar los casos de pedofilia con el debido rigor, muchos curas pederastas quedaron impunes y siguieron cometiendo abusos en escuelas y seminarios.
Retorcer argumentos no es una tarea sencilla, ni siquiera para un teólogo versado en los intríngulis de la escolástica. Tal vez por eso Benedicto tuvo que apuntalar su alegato con francas mentiras. ¿Qué gurú contracultural importante de los años 60 justificó la pedofilia o propuso despenalizarla? Ninguno de los principales teóricos de la revolución juvenil (Herbert Marcuse, Timothy Leary, Carlos Castaneda, Michel Foucault, etc.) formuló jamás semejante desatino. ¿Pretenderá quizá el ex Papa que el gran éxito de Lolita predispuso a muchos curas a la pedofilia? En otra parte de su carta, Benedicto afirma que el abuso sexual de menores sólo fue un grave problema para la Iglesia a partir de los años 80 y 90. En efecto, las denuncias menudearon a partir de entonces, pero es insostenible desprender de ahí que en décadas anteriores la pedofilia eclesiástica no existió. En la casta década de los 50, Marcial Maciel se paseaba por la España franquista con un harem de efebos seminaristas a quienes mandaba a las farmacias a comprarle morfina. Las víctimas de sus abusos no se atrevían a denunciarlo porque temían cargar un estigma si declaraban haber concedido favores sexuales a un cura.
Gracias al movimiento libertario de los años 60, que disminuyó el poder espiritual de la Iglesia, la humanidad se libró de la pesada carga culposa que inhibía los actos de valor civil cuando los temas sexuales eran tabú. De modo que aquella revuelta generacional no es culpable de haber pervertido a ningún seminarista caliente, pero sí permitió ventilar los abusos de poder cometidos en nombre de Dios. ¿Será por eso que Benedicto quisiera dar marcha atrás al reloj de la historia? ¿Extrañará la época dorada en que los clérigos asaltaban braguetas con impunidad absoluta?
Aunque Benedicto acusa al jesuita Bruno Schüller de haber propagado en las facultades de teología el virus del relativismo moral y a los teólogos firmantes de la Declaración de Colonia (1989) de haber debilitado el magisterio eclesiástico en materia de valores éticos, su carta busca más bien achacar a la modernidad la podredumbre interna del clero. Investidos de una aureola de santidad que ningún laico tiene a su alcance, los sacerdotes pedófilos gozaban, además, el respaldo de una institución herméticamente cerrada al escrutinio público, donde las penas que se les imponían, si llegaban a ser juzgados, eran mucho más leves que las fijadas en el código penal de cualquier país. En su empeño por defender a toda costa los dogmas católicos, Benedicto no hace la menor alusión a la evidente inoperancia del celibato sacerdotal, que no es un fenómeno reciente, pues el voto de castidad jamás se ha respetado. Si la Iglesia de veras quiere librarse de pederastas, debería aceptar pragmáticamente un sabio refrán español: “la jodienda no tiene enmienda”.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazaron acusaciones de "justicia selectiva" tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal derivado de sus operaciones como socio mayoritario en la empresa Ingemar. Las autoridades federales detallaron que la captura es resultado de una investigación de más de un año por parte de la FGR y la FEMDO, originada tras el decomiso de 33 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible ilícito, provocando un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. Mientras el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de aplicar una justicia discriminatoria, la administración federal informó que ya se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que aún quedan detenciones pendientes contra esta red de contrabando, la cual evadía al fisco declarando solo el 10% de su capacidad real
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