EMEEQUIS. - Tras décadas de desabasto, la Nación Comca’ac cuenta finalmente con una red de suministro formal. En el inicio…
La implementación del calendario escolar mundialista para el ciclo 2025-2026 ha generado una profunda fractura en el sistema educativo mexicano, dividiendo a las entidades federativas entre la alineación con la SEP y la resistencia interna. Mientras estados como Chihuahua han aceptado concluir clases el 5 de junio citando la protección contra la ola de calor, entidades como Jalisco y Guanajuato rechazan la medida por considerarla un golpe al aprendizaje y una vulneración a la organización de las familias. Colectivos de la sociedad civil denuncian que este recorte, impulsado por la logística del Mundial 2026, prioriza el espectáculo sobre el derecho a la educación y traslada una carga desproporcionada de trabajo de cuidados a las mujeres, agravando el rezago académico y la desigualdad de género en el país
Sinaloa se ha consolidado como el epicentro de la violencia de género en México durante el primer trimestre de 2026, encabezando la lista nacional con 15 feminicidios, cifra que representa el 10.1% del total del país y supera en cuatro veces la media nacional. Esta crisis de seguridad tiene su foco rojo en Culiacán, municipio que por sí solo concentra casi uno de cada diez feminicidios en México y donde se registra, en promedio, un asesinato de mujer a la semana. Pese al discurso oficial de la Secretaría de las Mujeres que resalta las políticas de la administración saliente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo revelan una realidad cruda: una estela de inseguridad heredada por el gobierno de Rubén Rocha Moya, caracterizada por 19 denuncias diarias de violencia familiar y una alarmante incidencia de delitos sexuales que contradicen los informes de resultados institucionales.
Organizaciones civiles como la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y la Red de Mujeres por la Salud manifestaron su rechazo al ajuste del calendario escolar 2025-2026, el cual adelantará el fin de clases al 5 de junio debido a la logística del Mundial 2026. Los colectivos denuncian que esta decisión, anunciada por el secretario Mario Delgado, prioriza el evento deportivo sobre el derecho a la educación y agrava la desigualdad de género, ya que traslada la responsabilidad del cuidado de más de 18 millones de estudiantes a los hogares, recargando de manera desproporcionada el trabajo no remunerado de las mujeres. Ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, las activistas exigen a la SEP transparencia en sus criterios y la implementación urgente de alternativas públicas que garanticen espacios seguros para las infancias sin vulnerar la autonomía económica de las madres trabajadoras
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El nuevo Plan B electoral de Claudia Sheinbaum propone un ajuste estratégico al adelantar la revocación de mandato para junio de 2027, buscando empatarla con las elecciones intermedias y judiciales. Esta medida no solo garantiza superar el umbral de participación del 40% necesario para ser vinculante, sino que coloca la figura presidencial directamente en la boleta, alterando la equidad de la contienda y presionando a aliados como el PT y el PVEM. Al convertir una elección legislativa en un plebiscito sobre la continuidad del gobierno, el diseño incentiva la concentración del voto en Morena, obligando a sus socios de coalición a elegir entre fortalecer al partido principal o asumir el costo político de una ruptura.
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POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.- Claudia Sheinbaum presentó su Plan B tras el fracaso de una reforma electoral más amplia que no alcanzó mayoría calificada. A diferencia de ese intento, que tomó semanas de incertidumbre, este nuevo paquete se negoció en pocos días con el PT y el PVEM. Algunos de sus puntos principales:
Recorte de regidores y síndicos
Límites al gasto de congresos locales
Reducción del presupuesto del Senado
Eliminación de prestaciones a autoridades electorales.
Pero lo más importante no está en esos recortes. Está en otro punto. Y es adelantar la revocación de mandato para empatarla con la elección de 2027.
Cuando se legisló la revocación durante el gobierno de López Obrador, uno de los principales desacuerdos fue la fecha. El presidente buscaba que coincidiera con la jornada electoral. La oposición se negó. El argumento opositor fue evitar politizar el mecanismo. Pero también había un cálculo político. Y era evitar que el presidente influyera en la elección intermedia.
Pero como Morena no tenía mayoría calificada, se acordó un punto intermedio. La revocación se realizaría después de la mitad del mandato y sin coincidir con elecciones.
Así ocurrió en 2022. Participaron más de 16 millones de personas. El ejercicio no tuvo efectos legales por no alcanzar el umbral requerido, pero sirvió como mecanismo de movilización y medición de lealtades en Morena.
El Plan B revive esa discusión. Propone que la revocación pueda realizarse en junio de 2027, el mismo día de la elección intermedia y de la elección judicial. Esto implica modificar el diseño actual. Hoy la Constitución establece que no puede coincidir con procesos electorales y exige un umbral de participación del 40% para que tenga efectos.
El cambio altera ambos factores. Una elección intermedia suele superar ese nivel de participación. En 2021, por ejemplo, votó más del 50% de los electores. Eso le da otro giro al ejercicio de la revocación.
La propuesta llega en un momento distinto al que tuvo López Obrador. Sheinbaum no recibió un sistema con control total. Heredó un bloque con equilibrios internos.
Las corcholatas perdedoras quedaron dentro del gobierno y del Congreso. A eso se suman aliados como el PT y el PVEM, que crecieron electoralmente y ahora tienen la capacidad de vetar reformas constitucionales. Ese equilibrio ya mostró tensiones. Un ejemplo fue la reforma contra el nepotismo electoral. La propuesta original planteaba aplicarla en 2027. Terminó moviéndose a 2030. También ocurrió con la reforma electoral. Dos temas generaron resistencia. La forma de asignar plurinominales y el financiamiento a partidos. El resultado fue la caída del “Plan A”.
El Plan B aparece después de ese episodio. Mantiene intactos los intereses de los aliados en temas sensibles y cambia el terreno de la disputa.
Colocar la revocación en 2027 implica que la Presidenta entra a la boleta en la elección intermedia.
Eso cambia los incentivos. De una elección para definir gubernaturas, diputados y alcaldes, se convierte en una elección sobre la continuidad del gobierno.
En ese escenario, la movilización se concentra en la figura presidencial. Y eso afectará la equidad en las elecciones, un principio democrático. Pero no sería una desventaja para partidos de oposición. También tendrá un efecto directo en la coalición. Y es que hay que cuestionarse lo siguiente. Si un votante respalda la continuidad presidencial, en las otras boletas ¿distribuirá su voto entre aliados? Es más probable que la concentración del voto beneficie solo al partido principal.
Ese es uno de los temores dentro del PT, donde algunas voces ya advirtieron que adelantar la revocación de mandato no forma parte de los acuerdos con Morena. Pero… ¿será suficiente para que emitan un voto en contra?
Porque este diseño presiona al PT y al PVEM. Acompañarla implica fortalecer solo a Morena. Pero desmarcarse implica pagar un costo político.
@Juan_OrtizMX
EMEEQUIS. - Tras décadas de desabasto, la Nación Comca’ac cuenta finalmente con una red de suministro formal. En el inicio…
La implementación del calendario escolar mundialista para el ciclo 2025-2026 ha generado una profunda fractura en el sistema educativo mexicano, dividiendo a las entidades federativas entre la alineación con la SEP y la resistencia interna. Mientras estados como Chihuahua han aceptado concluir clases el 5 de junio citando la protección contra la ola de calor, entidades como Jalisco y Guanajuato rechazan la medida por considerarla un golpe al aprendizaje y una vulneración a la organización de las familias. Colectivos de la sociedad civil denuncian que este recorte, impulsado por la logística del Mundial 2026, prioriza el espectáculo sobre el derecho a la educación y traslada una carga desproporcionada de trabajo de cuidados a las mujeres, agravando el rezago académico y la desigualdad de género en el país
Sinaloa se ha consolidado como el epicentro de la violencia de género en México durante el primer trimestre de 2026, encabezando la lista nacional con 15 feminicidios, cifra que representa el 10.1% del total del país y supera en cuatro veces la media nacional. Esta crisis de seguridad tiene su foco rojo en Culiacán, municipio que por sí solo concentra casi uno de cada diez feminicidios en México y donde se registra, en promedio, un asesinato de mujer a la semana. Pese al discurso oficial de la Secretaría de las Mujeres que resalta las políticas de la administración saliente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo revelan una realidad cruda: una estela de inseguridad heredada por el gobierno de Rubén Rocha Moya, caracterizada por 19 denuncias diarias de violencia familiar y una alarmante incidencia de delitos sexuales que contradicen los informes de resultados institucionales.
Organizaciones civiles como la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y la Red de Mujeres por la Salud manifestaron su rechazo al ajuste del calendario escolar 2025-2026, el cual adelantará el fin de clases al 5 de junio debido a la logística del Mundial 2026. Los colectivos denuncian que esta decisión, anunciada por el secretario Mario Delgado, prioriza el evento deportivo sobre el derecho a la educación y agrava la desigualdad de género, ya que traslada la responsabilidad del cuidado de más de 18 millones de estudiantes a los hogares, recargando de manera desproporcionada el trabajo no remunerado de las mujeres. Ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, las activistas exigen a la SEP transparencia en sus criterios y la implementación urgente de alternativas públicas que garanticen espacios seguros para las infancias sin vulnerar la autonomía económica de las madres trabajadoras
