"¡Ya le dieron!", se escucha decir a una de las personas detrás del celular que está grabando el momento en el que cae el tirador de Teotihuacán.
Con base en los restos de sangre, es probable que Edith Guadalupe haya sido atacada en el piso superior de la caseta y que su cuerpo fuera arrastrado por la escalera interna, señala la fiscal Bertha Alcalde. Admite tardanza de 15 horas para actuar: agentes fueron suspendidos.
La camiseta del tirador de Teotihuacán menciona las palabras “Disconnect & Self Destruct”, en referencia a la canción “The Outsider” de la banda A Perfect Circle, que habla sobre el suicidio.
El asesinato y posterior suicidio ocurrido en la Pirámide de la Luna este lunes ha generado un impacto mediático global, captando la atención de cabeceras como The New York Times, BBC y Al Jazeera, que destacan la vulnerabilidad de la seguridad en Teotihuacán. Mientras la prensa internacional resalta que el ataque dejó un saldo multicultural de cuatro heridos (de Colombia, Rusia y Canadá) y una turista canadiense fallecida, los reportes detallan el uso de un revólver calibre .38 y las más de 20 detonaciones que provocaron el pánico entre los visitantes. La narrativa de los medios extranjeros subraya la naturaleza de una agresión directa, poniendo bajo la lupa los protocolos de acceso a uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del mundo
"¡Ya le dieron!", se escucha decir a una de las personas detrás del celular que está grabando el momento en el que cae el tirador de Teotihuacán.
Denunciar corrupción en México es "saltar al vacío": la ley actual protege la identidad, pero no el empleo ni la integridad física. Se proponen tres reformas urgentes —ley general de protección, prohibición de represalias y una autoridad independiente— para que la estrategia anticorrupción del gobierno no se quede en el discurso
"¡Ya le dieron!", se escucha decir a una de las personas detrás del celular que está grabando el momento en el que cae el tirador de Teotihuacán.
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Por Odracir Espinoza*
EMEEQUIS.- Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno prepara una propuesta para fortalecer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y reforzar la denuncia ciudadana en casos de corrupción. El objetivo, dijo, es claro: que las denuncias de los ciudadanos puedan derivar en investigaciones reales y sanciones que eviten la impunidad.
La intención es correcta. Pero hay una pregunta que el debate público suele evitar: ¿qué pasa con las personas que denuncian?
Cada vez que estalla un escándalo de corrupción en México, el país reacciona con la misma exigencia: que se investigue y se castigue. Sin embargo, detrás de esa demanda hay una realidad incómoda: el sistema anticorrupción depende de que alguien se atreva a denunciar, y en México ese “alguien” suele quedar expuesto, sin red institucional ni respaldo efectivo.
Hoy denunciar corrupción puede sentirse como saltar al vacío con un paracaídas prestado: existe en papel, pero nadie garantiza que se abra cuando realmente se necesite.
México cuenta con herramientas parciales, pero no con un sistema integral de protección a denunciantes. La Ley General de Responsabilidades Administrativas permite presentar denuncias anónimas y obliga a resguardar la identidad del denunciante.
Pero el anonimato no siempre funciona. Como ha documentado la organización Impunidad Cero, en estructuras jerárquicas donde pocas personas tienen acceso a contratos o auditorías, la identidad del denunciante suele deducirse fácilmente.
Además, el marco legal presenta vacíos importantes. El primero es la falta de una prohibición robusta contra represalias. En el caso SEGALMEX, considerado uno de los mayores desfalcos recientes del sector público, auditores y mandos medios que detectaron irregularidades terminaron aislados laboralmente, acosados o despedidos bajo el argumento de pérdida de confianza.
El segundo vacío es la ausencia de medidas de protección inmediatas. A diferencia de la Directiva europea 2019/1937, el sistema mexicano no establece salvaguardas claras frente a hostigamiento laboral. La OCDE ha señalado que la protección contra despidos arbitrarios es una pieza clave que aún falta para que el sistema de denuncias resulte creíble.
Si realmente se quiere fortalecer la denuncia ciudadana —como propone ahora el gobierno federal— hay tres reformas indispensables.
Primero, una ley general de protección a denunciantes que cubra no solo a servidores públicos, sino también a trabajadores de empresas proveedoras o contratitistas del Estado. Esto evitaría casos como los de SEGALMEX, donde proveedores que intentaron denunciar extorsiones terminaron vetados en la contratación pública.
Segundo, prohibir de forma explícita las represalias y establecer remedios automáticos, como reinstalación laboral o pago de salarios caídos cuando se compruebe hostigamiento.
Tercero, crear una autoridad independiente de protección a denunciantes. Hoy, quien denuncia suele quedar en manos del Órgano Interno de Control de la misma institución señalada, lo que genera conflictos evidentes.
En otros países se han utilizado incentivos para fomentar denuncias de calidad. Un ejemplo es el programa de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, que en 2023 otorgó una recompensa récord de 279 millones de dólares a un informante tras recuperar miles de millones en un fraude corporativo.
Las recompensas no son una solución mágica, pero pueden compensar el riesgo personal y profesional que asume quien decide denunciar, siempre que se condicionen a la recuperación efectiva de activos.
El costo de denunciar corrupción en México no siempre es solo laboral.
El caso del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, ilustra el riesgo extremo. Investigaciones periodísticas vincularon el ataque con sus denuncias sobre corrupción en aduanas y redes de huachicol fiscal.
Este hecho, sumado al hostigamiento documentado por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el caso SEGALMEX, muestra que denunciar redes de corrupción de alto nivel sigue siendo una acBvidad de alto riesgo.
Sin recursos, cualquier política de protección queda en el discurso.
Por eso sería necesario crear un Fondo de Protección a Denunciantes, financiado en parte con un porcentaje de los recursos recuperados en casos de corrupción. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) administra activos que podrían contribuir a este mecanismo.
El fondo podría cubrir asesoría legal especializada, protección laboral y lo que algunos organismos internacionales llaman un “salario puente”: un ingreso temporal para evitar que quienes denuncian pierdan su sustento tras enfrentar represalias.
México puede exigir resultados contra la corrupción todos los días. Pero si el sistema sigue dejando solos a quienes denuncian, estaremos pidiendo milagros, mientras castigamos a los pocos que hacen posible la verdad.
*Odracir Espinoza fue el primer fiscal anticorrupción en México; abogado y ex asesor Legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos para temas de Procuración de Justicia y seguridad en México.
@Odra__sir
"¡Ya le dieron!", se escucha decir a una de las personas detrás del celular que está grabando el momento en el que cae el tirador de Teotihuacán.
Con base en los restos de sangre, es probable que Edith Guadalupe haya sido atacada en el piso superior de la caseta y que su cuerpo fuera arrastrado por la escalera interna, señala la fiscal Bertha Alcalde. Admite tardanza de 15 horas para actuar: agentes fueron suspendidos.
La camiseta del tirador de Teotihuacán menciona las palabras “Disconnect & Self Destruct”, en referencia a la canción “The Outsider” de la banda A Perfect Circle, que habla sobre el suicidio.
El asesinato y posterior suicidio ocurrido en la Pirámide de la Luna este lunes ha generado un impacto mediático global, captando la atención de cabeceras como The New York Times, BBC y Al Jazeera, que destacan la vulnerabilidad de la seguridad en Teotihuacán. Mientras la prensa internacional resalta que el ataque dejó un saldo multicultural de cuatro heridos (de Colombia, Rusia y Canadá) y una turista canadiense fallecida, los reportes detallan el uso de un revólver calibre .38 y las más de 20 detonaciones que provocaron el pánico entre los visitantes. La narrativa de los medios extranjeros subraya la naturaleza de una agresión directa, poniendo bajo la lupa los protocolos de acceso a uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del mundo
