Mientras San Juan Cancuc y Chenalhó, en Chiapas, son todavía de los municipios más pobres de México, sus alcaldes perciben salarios más altos que los de varios secretarios estatales. Con remuneraciones que superan los 70 mil pesos mensuales, ¿cómo justifican los gobernantes estos sueldos cuando sus comunidades carecen de servicios básicos?
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
Mientras San Juan Cancuc y Chenalhó, en Chiapas, son todavía de los municipios más pobres de México, sus alcaldes perciben salarios más altos que los de varios secretarios estatales. Con remuneraciones que superan los 70 mil pesos mensuales, ¿cómo justifican los gobernantes estos sueldos cuando sus comunidades carecen de servicios básicos?
Un estudio sobre homicidios en América Latina revela que las políticas más efectivas son la limitación de armas y el patrullaje policial. En México, con más de 200 mil asesinatos en seis años, se urge fortalecer la policía, ya que el patrullaje militar ha sido ineficaz
Mientras San Juan Cancuc y Chenalhó, en Chiapas, son todavía de los municipios más pobres de México, sus alcaldes perciben salarios más altos que los de varios secretarios estatales. Con remuneraciones que superan los 70 mil pesos mensuales, ¿cómo justifican los gobernantes estos sueldos cuando sus comunidades carecen de servicios básicos?
EMEEQUIS.- En el Laboratorio de Análisis de la Violencia hicieron un estudio sobre los programas que se han implementado en América Latina y el Caribe con la intención de reducir los homicidios.
Lo que encontraron es relevante y podría servir para establecer estrategias eficaces para enfrentar uno de los problemas más urgentes.
El continente americano tiene la mayor tasa de homicidios en el mundo, 15 por cada 100 mil habitantes.
A lo largo del tiempo se han hecho esfuerzos para tratar de paliar la epidemia de la violencia, pero con resultados variables y hasta inciertos.
En nuestro país, en los pasado seis años, 200 mil personas fueron asesinadas. La tasa de homicidio, si se mide de enero de 2018 a septiembre de 2024, arroja que Colima, Baja California y Zacatecas tienen rangos de 94.7, 69.82 y 57.81, respectivamente, de muertes violentas por cada 100 mil personas.
Es una cifra espeluznante y que requiere de acciones urgentes y concretas.
Es evidente que lo que se hizo, hasta ahora, no está dando resultados y de ahí la necesidad de corregir y de aprender, de la experiencia propia, pero también de la de otros países como Brasil y Colombia.
Los autores del estudio parten de la premisa de que “los homicidios se deben evitar con políticas basadas en la evidencia científica”, es decir, con programas formulados a partir de la información disponible de lo que funciona y de lo que no, reduciendo la influencia de sesgos ideológicos, intereses corporativos y opiniones subjetivas.
Ignacio Cano, Emiliano Rojido y Dorian Borges se dieron a la tarea de clasificar las iniciativas más significativas y sus resultados.
Lo que mejor funciona son la limitación a la portación de armas, restricción en la venta de alcohol y el patrullaje policial en áreas de alta incidencia de homicidios.
Donde hay efectos que resultan promisorios es en la limitación a la posesión de armas de fuego, leyes de violencia de género, mejora en la investigación de homicidios, mejora en los sistemas de información sobre los criminales, la disuasión focalizada y la puesta en marcha de programas de prevención social pero acompañados de intervención policial.
Para los autores de ¿Qué funciona para reducir los homicidios en América Latina y el Caribe?, lo que no es concluyente es la transferencia de renta, el endurecimiento de penas, la prevención situacional, el proceso penal acusatorio, entre otras variables.
Lo que no funciona es la entrega voluntaria de armas y la prevención social para grupos vulnerables.
Y lo que de plano es contraproducente es el patrullaje del Ejército y el descabezamiento de los grupos criminales.
Ahí están los análisis y de ellos se pueden desprender ideas que ayuden a contener la violencia, pero ellas parten justamente de la construcción de policía.
La Guardia Nacional ya no cambiará su carácter militar, pero es indispensable que sí sea una corporación con reflejos y rutinas policiales, porque de otra forma las cosas no van a mejorar, si atendemos a lo que señala el estudio.
También hay que advertir que las transferencias monetarias no tienen significado alguno en lo que respecta a la disminución de homicidios, de ahí que lo que se requiere es de programas sociales pero acompañados de operaciones policiacas cotidianas.
Precisando, no es que no se requiera la dispersión de recursos, sino que esto no incide en los índices de asesinatos.
La buena noticia es que la información de calidad sobre las organizaciones criminales sí puede ayudar a establecer operaciones y planes para reducir los homicidios.
La limitación del uso y portación ilegal de armas no es una tarea imposible y la reducción en los horarios de venta y consumo de alcohol tampoco.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las muertes violentas son solo una parte del rompecabezas, la más inquietante, pero hay otras piezas que atender para que la situación mejore.
Mientras San Juan Cancuc y Chenalhó, en Chiapas, son todavía de los municipios más pobres de México, sus alcaldes perciben salarios más altos que los de varios secretarios estatales. Con remuneraciones que superan los 70 mil pesos mensuales, ¿cómo justifican los gobernantes estos sueldos cuando sus comunidades carecen de servicios básicos?
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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