La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazaron acusaciones de "justicia selectiva" tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal derivado de sus operaciones como socio mayoritario en la empresa Ingemar. Las autoridades federales detallaron que la captura es resultado de una investigación de más de un año por parte de la FGR y la FEMDO, originada tras el decomiso de 33 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible ilícito, provocando un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. Mientras el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de aplicar una justicia discriminatoria, la administración federal informó que ya se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que aún quedan detenciones pendientes contra esta red de contrabando, la cual evadía al fisco declarando solo el 10% de su capacidad real
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
EMEEQUIS.– En 2022, Morena prometió que México entraría al juego global del litio con una empresa estatal que administraría este recurso estratégico. Lo llamaron Litio para México (LitioMX). Se nos dijo que era la clave para la soberanía energética, que el país dejaría de depender de empresas extranjeras y que tendríamos tecnología propia para aprovechar el “oro blanco” del futuro.
Tres años después, la realidad es otra: no se ha extraído ni un solo gramo de litio. No hay inversión, no hay infraestructura y no hay planes concretos. Pero lo que sí hay es gasto. Millones de pesos han sido consumidos en salarios y burocracia, sin ningún beneficio para el país.
La cereza del pastel: al frente de esta empresa no pusieron a un experto en minería ni en energía, sino a Pablo Daniel Taddei Arriola, hijo de Jorge Taddei, exsuperdelegado de Bienestar en Sonora y parte del influyente clan Taddei, cercano a Morena.
1. DE LA GRAN PROMESA AL GRAN FRACASO
Cuando en abril de 2022 López Obrador promulgó la Ley Minera, aseguró que México no entregaría concesiones privadas para explotar litio. El Estado controlaría todo, con LitioMX al mando.
La empresa recibió presupuesto, facultades y funciones. Se suponía que impulsaría la exploración, la explotación y el aprovechamiento del mineral. Pero hoy, todo sigue en fase “administrativa”. No hay proyectos, no hay inversión en infraestructura, y no se ha generado un solo peso en ingresos.
Alfonso Durazo, Rocío Nahle, Andrés Manuel López Obrador, Raquel Buenrostro y Luis Cresencio Sandoval durante la firma del Decreto sobre nacionalización del litio en Bacadéhuachi, Sonora.
2. MUCHO DINERO, CERO LITIO
Los números no mienten. De acuerdo con datos Transparencia Presupuestaria:
2023: LitioMX recibió 2.1 millones de pesos.
2024: El presupuesto gastado creció a 10.2 millones de pesos.
2025: Nuestros diputados aprobaron 12.9 millones de pesos.
Total: Más de 25 millones de pesos
¿En qué se ha gastado ese dinero? En nómina. Ni un solo peso ha sido destinado a inversión o desarrollo tecnológico. Pablo Daniel Taddei Arriola, el director de la empresa, cobra un sueldo neto de $114,617 pesos al mes.
Mientras en Chile y Bolivia avanzan en la industrialización del litio, en México la única actividad registrada de LitioMX ha sido firmar convenios con universidades y asistir a foros internacionales.
3. EL CLAN TADDEI Y EL NEPOTISMO EN MORENA
El caso de Pablo Daniel Taddei no es aislado. Forma parte de una red familiar con presencia en el poder:
Guadalupe Taddei, su tía, es presidenta del INE.
Jorge Taddei, su padre, fue superdelegado del Bienestar en Sonora.
Ivana Taddei Arriola, su prima, es diputada local de Morena.
El clan Taddei ha colocado a sus miembros en múltiples posiciones clave dentro del gobierno. Pablo Daniel Taddei fue colocado al frente de LitioMX no por su experiencia, sino por su apellido.
Además, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, fue señalado en una investigación de EMEEQUIS por haber sido contratado en la Suprema Corte con un salario de más de 85 mil pesos, apenas meses después de obtener su cédula profesional.
Morena mantuvo el modelo del ‘prianato’: dinastías políticas que acaparan los puestos clave sin importar los resultados.
4. SIN TRANSPARENCIA, SIN CUENTAS CLARAS
Peor aún, LitioMX opera en la más completa opacidad. No tiene información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI.
No hay registros de:
Estados financieros.
Contratos firmados.
Convenios con empresas o instituciones.
Estrategia de explotación del litio.
Lo único que sabemos es que el dinero sigue fluyendo y que los resultados brillan por su ausencia.
5. UNA EMPRESA SIN RESULTADOS, PERO CON MUCHO PRESUPUESTO
Tras una revisión del Informe de Gestión 2018-2024 de LitioMX encontramos que:
No hay proyectos de inversión.
No hay bienes muebles ni inmuebles propios.
No se ha producido ni una tonelada de litio.
No hay pruebas piloto de extracción a escala industrial.
LitioMX ha sido, en los hechos, una simulación. Un cascarón burocrático que solo ha servido para pagar sueldos y justificar un discurso nacionalista vacío.
6. EL FRACASO DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA
López Obrador y Morena prometieron que LitioMX convertiría a México en una potencia. La realidad es que hoy el país no tiene ni la tecnología ni la inversión para explotar este recurso.
Mientras en Chile y Bolivia se firman acuerdos con empresas que ya producen baterías de litio, en México seguimos estancados en reuniones y discursos.
Morena nos vendió la idea de que podríamos controlar el litio sin inversión privada. Hoy el resultado es un elefante blanco que ha costado millones y no ha generado absolutamente nada.
Este es el verdadero legado de la 4T: una empresa sin litio, pero con mucho presupuesto.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazaron acusaciones de "justicia selectiva" tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal derivado de sus operaciones como socio mayoritario en la empresa Ingemar. Las autoridades federales detallaron que la captura es resultado de una investigación de más de un año por parte de la FGR y la FEMDO, originada tras el decomiso de 33 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible ilícito, provocando un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. Mientras el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de aplicar una justicia discriminatoria, la administración federal informó que ya se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que aún quedan detenciones pendientes contra esta red de contrabando, la cual evadía al fisco declarando solo el 10% de su capacidad real
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