Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se sintió con claridad en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio, provocando desalojos espontáneos en diversas demarcaciones ante el absoluto silencio de los altavoces del C5. Tras el descontento ciudadano por la falta de activación de la alerta sísmica, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que el sistema no se detonó debido a que el movimiento ocurrió a más de 300 kilómetros de la capital y no superó el umbral de magnitud 6.0; en tanto, dependencias locales encabezadas por el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, reportaron saldo blanco y la operación normal de la infraestructura tras la ejecución inmediata de los protocolos de revisión
Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
Sheinbaum no habló únicamente para sus simpatizantes. Habló también para Washington, para los gobernadores de Morena y para quienes siguen con atención el deterioro de la relación con la justicia estadounidense. Opinión de Alberto Capella (@kpya).
Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
EMEEQUIS.– La concentración de ayer en el Monumento a la Revolución no fue solamente un acto de fuerza política. Fue un acto de prevención política. Morena necesitaba mostrar músculo, llenar la plaza, reunir gobernadores, legisladores, dirigentes y estructuras territoriales en una misma fotografía. Porque cuando los tiempos se complican, los movimientos políticos suelen buscar refugio en las imágenes de fortaleza. Pero lo más importante de ayer no estaba en la plaza. Estaba en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ahí apareció la señal más relevante. No habló únicamente para sus simpatizantes. Habló también para Washington, para los gobernadores de Morena y para quienes siguen con atención el deterioro de la relación entre la justicia estadounidense y diversos actores políticos mexicanos señalados en investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
El tono del mensaje no parece casualidad. Parece preparación.
Cuando un gobierno se siente cómodo con las circunstancias, presume resultados. Cuando percibe riesgos en el horizonte, comienza a construir explicaciones anticipadas. Y eso fue precisamente lo que pareció ocurrir ayer.
La narrativa fue bastante clara. Si en los próximos meses aparecen nuevas acusaciones, nuevos señalamientos o nuevos expedientes contra personajes relevantes de Morena, el marco de interpretación ya quedó definido. No serán presentados como asuntos judiciales. Serán presentados como ataques contra un movimiento político. La discusión dejará de ser jurídica para convertirse en ideológica.
Ese es el punto más delicado del discurso.
Porque el caso de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza en Sinaloa ya demostró que esto no se trata de rumores de café ni de especulaciones en redes sociales. Se trata de acusaciones construidas en tribunales estadounidenses, de investigaciones que llevan años desarrollándose y de un escenario que dejó de pertenecer exclusivamente a la política mexicana.
Por eso el problema es mucho más profundo de lo que algunos quieren reconocer. No es solamente una disputa partidista. Es un asunto que involucra gobernabilidad, credibilidad institucional, cooperación bilateral y seguridad nacional.
La visita reciente del secretario de Homeland Security a Palacio Nacional adquiere una dimensión distinta cuando se observa desde esta perspectiva. Oficialmente se habló de migración, frontera y coordinación entre ambos gobiernos. Eso era previsible. Lo importante no suele estar en los comunicados. Lo importante suele estar en el momento en que ocurren las reuniones.
Y el momento es imposible de ignorar.
Por un lado existen acusaciones contra figuras relevantes de la política sinaloense. Por otro, crece la presión desde Washington para ampliar investigaciones relacionadas con organizaciones criminales, financiamiento ilícito y corrupción pública.
A eso se suma una señal que pasó relativamente desapercibida. La iniciativa impulsada la semana pasada por congresistas estadounidenses para poner atención especial al robo y tráfico ilegal de combustibles.
Ese dato importa porque muestra una evolución en la estrategia norteamericana. Durante años la atención estuvo concentrada en drogas, armas y migración. Ahora el enfoque parece ampliarse hacia las estructuras financieras, las redes logísticas y los negocios que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.
Cuando Estados Unidos empieza a conectar en una misma conversación crimen organizado, lavado de dinero, energía, contrabando y corrupción política, nadie que ocupe una responsabilidad pública debería sentirse demasiado tranquilo.
Mucho menos quienes ayer ocupaban los lugares de honor frente al templete.
Porque existe una paradoja difícil de ignorar.
Mientras más grande era la demostración de fuerza política, más evidente parecía la preocupación que intentaba ocultarse. Algunos de los personajes que han sido señalados durante los últimos meses seguramente encontraron tranquilidad momentánea entre aplausos, consignas y muestras de respaldo. Sin embargo, la historia reciente demuestra que los expedientes judiciales no suelen detenerse frente a las concentraciones multitudinarias.
Ahí radica la principal confusión.
En México una plaza puede fortalecer liderazgos, influir en la conversación pública y prolongar carreras políticas. En Estados Unidos una plaza llena no cancela investigaciones. Un acarreo no modifica declaraciones. Un discurso encendido no desaparece pruebas. Y una movilización partidista no altera el trabajo de un gran jurado.
Rocha e Inzunza representan justamente esa advertencia.
Durante años muchos políticos asumieron que el respaldo electoral, la cercanía con el poder y la protección partidista eran suficientes para enfrentar cualquier crisis. Hoy comienzan a descubrir que existen escenarios donde esas herramientas pierden efectividad.
Por eso el discurso de ayer fue tan importante.
No fue solamente una celebración. Fue un mensaje para los propios. Una señal preventiva. Un intento por definir desde ahora la narrativa que deberá utilizarse si aparecen nuevas acusaciones contra integrantes del movimiento.
El problema es que la militancia no integra expedientes. La militancia no presenta acusaciones. La militancia no procesa evidencia. La militancia no dicta sentencias.
Morena puede llenar el Monumento a la Revolución y repetir mil veces que todo es amor al pueblo, honestidad y patriotismo. Tiene todo el derecho de hacerlo. Pero si en los próximos meses aparecen nuevas acusaciones contra personajes relevantes de sus gobiernos, la concentración de ayer terminará siendo recordada por una razón distinta.
No como una demostración de fuerza.
Sino como el momento en que comenzó a construirse la defensa política antes de conocerse el contenido del siguiente expediente.
Y entonces varios descubrirán, quizá demasiado tarde, que los aplausos sirven para ganar elecciones, pero no para borrar expedientes. Una plaza llena sirve para la foto y para alimentar la narrativa. Pero difícilmente sirve para conciliar el sueño cuando tu nombre aparece escrito en un expediente federal de Estados Unidos.
Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se sintió con claridad en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio, provocando desalojos espontáneos en diversas demarcaciones ante el absoluto silencio de los altavoces del C5. Tras el descontento ciudadano por la falta de activación de la alerta sísmica, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que el sistema no se detonó debido a que el movimiento ocurrió a más de 300 kilómetros de la capital y no superó el umbral de magnitud 6.0; en tanto, dependencias locales encabezadas por el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, reportaron saldo blanco y la operación normal de la infraestructura tras la ejecución inmediata de los protocolos de revisión
Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
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