Pese a renuncia de regidora de Ocotlán, el misterio del mono araña sigue sin resolverse: la Profepa no sabe dónde está y la ahora exfuncionaria sigue ocultando que era de ella, a pesar de que siguen surgiendo pruebas que la desmienten.
El mandatario estatal destacó que con el arranque de la obra de la carretera cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino, se da cumplimiento a una demanda histórica de conectividad regional y tránsito seguro de la ciudadanía, turistas y sector agrícola.
El caso de la regidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, exhibe un grave ejemplo de posesión ilegal de fauna silvestre y posible tráfico de especies en peligro de extinción. Tras viralizarse un video donde golpea a un mono araña, la funcionaria negó ser la propietaria del animal, pero imágenes y publicaciones previas la contradicen. Expertos advierten que al mentir a la Profepa agravó su situación jurídica, pasando de una infracción administrativa a posibles delitos federales de posesión, transporte y tráfico de fauna silvestre, con penas que podrían alcanzar hasta nueve años de prisión. El caso, que involucra a un animal catalogado en peligro de extinción, refleja tanto la impunidad con la que operan servidores públicos como las fallas estructurales en la vigilancia ambiental en México.
El feminicidio de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Manzanilla de la Paz, expone la vulnerabilidad de las mujeres en política y la creciente violencia contra representantes públicos en México. La Fiscalía de Jalisco confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, investigado bajo protocolos de feminicidio. El caso se suma a una serie de ataques contra políticos, incluidos dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, lo que revela un patrón de agresiones que amenaza la estabilidad institucional y desnuda la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a sus propios funcionarios.
Pese a renuncia de regidora de Ocotlán, el misterio del mono araña sigue sin resolverse: la Profepa no sabe dónde está y la ahora exfuncionaria sigue ocultando que era de ella, a pesar de que siguen surgiendo pruebas que la desmienten.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que en México ya no existe censura ni persecución, los hechos contradicen ese discurso. Solo en una semana se registraron tres casos: en Puebla, el periodista Rodolfo Ruiz fue vinculado a proceso tras publicar investigaciones sobre corrupción; en Veracruz, el reportero Rafael León fue detenido y acusado de terrorismo sin pruebas claras; y en Michoacán, una ciudadana fue arrestada por publicaciones críticas en redes sociales, marcando un precedente alarmante
Pese a renuncia de regidora de Ocotlán, el misterio del mono araña sigue sin resolverse: la Profepa no sabe dónde está y la ahora exfuncionaria sigue ocultando que era de ella, a pesar de que siguen surgiendo pruebas que la desmienten.
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POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS. La presidenta Claudia Sheinbaum, como antes López Obrador, insiste en que en México ya no se censura ni se persigue a nadie. Pero solo esta semana ocurrieron tres casos que contradicen ese discurso.
En Puebla, el periodista Rodolfo Ruiz fue vinculado a proceso. En Veracruz, el reportero Rafael León fue detenido. En Michoacán, por primera vez, una persona fue arrestada por “atentar contra el honor” de un funcionario en redes sociales.
Lo peor es que no son hechos aislados. Ha sido un patrón en este 2025. Una censura que llegó vía juzgados, fiscalías y leyes ambiguas. Una censura que se viste de legalidad.
En Puebla, el periodista Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta, fue vinculado a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El expediente no es nuevo. Se reactivó después de que el medio publicara investigaciones sobre corrupción en el gobierno estatal. No hay prisión, pero sí medidas cautelares, comparecencias periódicas y desgaste judicial. Es censura por asfixia legal.
En Veracruz, el reportero de nota roja Rafael León Segovia, conocido como Lafita, fue detenido por agentes ministeriales y militares. La Fiscalía le imputó delitos graves como terrorismo y ataques a la seguridad pública, sin explicar con claridad en qué hechos se sustentan. Aún así, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa.
Organizaciones como Artículo 19 documentaron que el periodista cubría crimen organizado en Coatzacoalcos. El mensaje es que informar sobre violencia puede llevarte a la cárcel.
En Michoacán, por primera vez, una ciudadana fue detenida por publicaciones en redes sociales. Se le acusa de “ataques al honor” de un funcionario municipal en Facebook.
La Fiscalía rastreó perfiles digitales, solicitó orden de aprehensión y la ejecutó. El precedente es grave. Criticar a un servidor público en internet ya es delito.
Lo ocurrido esta semana no es una excepción. Es la continuidad de lo que ya pasó durante todo 2025.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores llevó la censura a un nivel inédito. Un tribunal ordenó censura previa contra el periodista Jorge Luis González y el diario Tribuna. Cualquier texto que mencionara a la gobernadora debía ser enviado antes a revisión judicial. Además, la Fiscalía estatal exigió a un medio local entregar los nombres de reporteros y editores de notas críticas, bajo amenaza de sanciones. No fue una opinión. Fue una orden oficial.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta impulsó reformas penales conocidas como Ley Censura, con figuras ambiguas como “ciberasedio”. Los delitos están mal definidos y permiten castigar publicaciones en redes. Al mismo tiempo, se abrió proceso penal contra Rodolfo Ruiz, director de e-Consulta, tras publicar investigaciones sobre corrupción.
En Tamaulipas, la ahora presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras, denunció al periodista Héctor de Mauleón por violencia política de género después de una columna donde se mencionaban posibles vínculos familiares con redes de huachicol. La autoridad electoral ordenó bajar la columna y después impuso censura previa. De Mauleón no podía volver a escribir sobre ella sin autorización judicial.
En Guerrero, la alcaldesa de Acapulco Abelina López denunció al portal Acapulco Trends. El tribunal ordenó disculpas públicas diarias durante 15 días, cursos obligatorios, multas y el registro del periodista como agresor de género. Todo por publicaciones críticas sobre su gestión. El castigo fue ejemplarizante. No buscaba reparar daño. Buscaba humillar.
Y está el caso Dato Protegido. Una ciudadana común, Karla Estrella, fue sancionada por un tuit donde cuestionó nepotismo político. Un tribunal la obligó a publicar disculpas durante 30 días, con un texto dictado por la autoridad, y la inscribió en un registro de sancionados. No era periodista. No era candidata. Era una ciudadana opinando.
La censura en México ya no necesita cierres de redacciones. Usa el aparato legal. Demandas. Medidas cautelares. Registros de sancionados. Delitos mal definidos.
Según Artículo 19, el acoso judicial contra periodistas alcanzó su máximo histórico en 2025. Casi la mitad de los casos se basan en acusaciones de violencia política de género. Una ley creada para proteger derechos se está usando para silenciar críticas.
Pensar que esto solo le pasa a periodistas es un error. La censura alcanzará al resto de la gente. Hoy es un reportero. Ayer fue una tuitera. Mañana puede ser un joven que marche por vivienda, por trabajo digno o por seguridad.
Si el poder usa la ley para castigar la libertad de expresión, nadie está fuera de riesgo.
México no es Nicaragua ni Venezuela. Pero avanza por una pendiente peligrosa. No se calla con balas. Se calla con expedientes. No se prohíbe hablar. Se castiga por hablar.
La censura en 2025 por la vía legal ya es una práctica en expansión. Y cuando se normaliza, difícilmente daremos marcha atrás.
@Juan_OrtizMX
Pese a renuncia de regidora de Ocotlán, el misterio del mono araña sigue sin resolverse: la Profepa no sabe dónde está y la ahora exfuncionaria sigue ocultando que era de ella, a pesar de que siguen surgiendo pruebas que la desmienten.
El mandatario estatal destacó que con el arranque de la obra de la carretera cuatro carriles Hermosillo-Bahía de Kino, se da cumplimiento a una demanda histórica de conectividad regional y tránsito seguro de la ciudadanía, turistas y sector agrícola.
El caso de la regidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, exhibe un grave ejemplo de posesión ilegal de fauna silvestre y posible tráfico de especies en peligro de extinción. Tras viralizarse un video donde golpea a un mono araña, la funcionaria negó ser la propietaria del animal, pero imágenes y publicaciones previas la contradicen. Expertos advierten que al mentir a la Profepa agravó su situación jurídica, pasando de una infracción administrativa a posibles delitos federales de posesión, transporte y tráfico de fauna silvestre, con penas que podrían alcanzar hasta nueve años de prisión. El caso, que involucra a un animal catalogado en peligro de extinción, refleja tanto la impunidad con la que operan servidores públicos como las fallas estructurales en la vigilancia ambiental en México.
El feminicidio de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Manzanilla de la Paz, expone la vulnerabilidad de las mujeres en política y la creciente violencia contra representantes públicos en México. La Fiscalía de Jalisco confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, investigado bajo protocolos de feminicidio. El caso se suma a una serie de ataques contra políticos, incluidos dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, lo que revela un patrón de agresiones que amenaza la estabilidad institucional y desnuda la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a sus propios funcionarios.
