Tres mexicanos fueron capturados el 15 de abril en Quepos, Costa Rica, con 840 kg de cocaína ocultos en un doble fondo de un yate con bandera de EEUU; además incautaron 12 000 dólares en efectivo y la embarcación, valuada en más de un millón de dólares.
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Tres mexicanos fueron capturados el 15 de abril en Quepos, Costa Rica, con 840 kg de cocaína ocultos en un doble fondo de un yate con bandera de EEUU; además incautaron 12 000 dólares en efectivo y la embarcación, valuada en más de un millón de dólares.
La ministra Lenia Batres Guadarrama tiene la decisión sobre la liberación de Mario Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio, tras un empate en la Primera Sala de la SCJN. La discusión gira en torno a si Aburto, que cumplió 30 años en prisión, debió ser juzgado bajo la legislación de Baja California. Intereses políticos, incluidos los de la CNDH, buscan su liberación, mientras que la FGR desea que permanezca encarcelado
Tres mexicanos fueron capturados el 15 de abril en Quepos, Costa Rica, con 840 kg de cocaína ocultos en un doble fondo de un yate con bandera de EEUU; además incautaron 12 000 dólares en efectivo y la embarcación, valuada en más de un millón de dólares.
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EMEEQUIS. Está en manos de la ministra Lenia Batres Guadarrama la liberación de Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
En la Primera Sala de la SCJN discutieron el asunto el pasado 25 de septiembre, pero no hubo mayoría respecto a la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de reponer el procedimiento, en el que se ordenaba la puesta en libertad de Aburto, consultando primero a las víctimas del caso, esto es, los familiares de quien fue candidato presidencial del PRI en 1994.
Como el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no participó, las cosas quedaron en un empate, ya que Loretta Ortiz se pronunció en favor del proyecto que pone énfasis en el papel de las víctimas, pero Margarita Ríos Fajart y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena lo rechazaron debido a que consideran que la legislación de los años noventa no contemplaba un papel de participación de los afectados y todo quedaba en las atribuciones del Ministerio Público como defensor de la sociedad.
Por eso se llamó a un integrante de la Segunda Sala, y la responsabilidad de terminar con el empate recayó en Batres Guadarrama.
Si bien la resolución será cuestión de lo que opine una mayoría, es evidente que la carga recaerá en gran medida en lo que termine por definir Batres Guadarrama, ya que en sus manos está uno de los casos criminales, por sus diversas implicaciones, más trascendente en décadas.
La discusión se centra, en realidad, en si es procedente la excarcelación en el entendido de que Aburto debió ser puesto en libertad al cumplir los 30 años en prisión, ya que de modo incorrecto se le juzgó desde la óptica del Código Penal Federal, que contempla la pena de 45 años para asunto de homicidio calificado.
Bajo la argumentación sobre la que tendrá que definirse la ministra es si Aburto siempre debió ser sujeto a la legislación del estado de Baja California, ya que Colosio Murrieta no era un servidor público en el momento de su muerte y por ello se tenía que actuar en el marco del fuero común.
Es un aspecto polémico, porque Colosio Murrieta era senador de la República con licencia, además de fungir como candidato de un partido político financiado con recursos públicos.
El ministro Pardo Rebolledo no participó en la discusión en la SCJN, ya que está impedido de hacerlo, porque tuvo un papel relevante en diversos expedientes relacionados con el caso.
Entre otros, ordenó la liberación de Othón Cortés, a quien de modo falso la PGR imputó ser el segundo tirador cuando era fiscal Pablo Chapa Bezanilla.
Pardo Rebolledo actuó conforme a sus convicciones y de modo valiente, porque desde el poder político estaban empeñados en buscar más responsables de los que en realidad existieron.
En el gobierno y en su entorno hay muchos interesados en que Aburto salga de prisión, empezando por la CNDH, donde Rosario Piedra se convirtió en una defensora puntual del asesino de Colosio, argumentando, sin pruebas, que el inculpado fue torturado.
Quieren victimizar al responsable del crimen, para tratar de actualizar hipótesis sobre la participación de actores políticos en un supuesto complot, aunque en realidad hasta el momento no hayan mostrado ni un solo elemento que indique que eso fue así.
En la FGR, en cambio, lo que pretenden es que continúe encarcelado, y por eso impugnaron la decisión del Tribunal que ordenó la liberación, porque más bien están empeñados en que existió un segundo tirador, menospreciando los múltiples estudios periciales que señalan que eso es imposible, por las trayectorias de los disparos.
Sea como sea, la liberación no implicará un reconocimiento de inocencia, ni mucho menos, pero es probable que sea utilizada de modo propagandístico, para seguir utilizando al pasado, para no ocuparse de lo que ocurre en el presente, donde la violencia está desbocada.
@jandradej
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