La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
La ministra Lenia Batres Guadarrama tiene la decisión sobre la liberación de Mario Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio, tras un empate en la Primera Sala de la SCJN. La discusión gira en torno a si Aburto, que cumplió 30 años en prisión, debió ser juzgado bajo la legislación de Baja California. Intereses políticos, incluidos los de la CNDH, buscan su liberación, mientras que la FGR desea que permanezca encarcelado
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
EMEEQUIS. Está en manos de la ministra Lenia Batres Guadarrama la liberación de Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
En la Primera Sala de la SCJN discutieron el asunto el pasado 25 de septiembre, pero no hubo mayoría respecto a la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de reponer el procedimiento, en el que se ordenaba la puesta en libertad de Aburto, consultando primero a las víctimas del caso, esto es, los familiares de quien fue candidato presidencial del PRI en 1994.
Como el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no participó, las cosas quedaron en un empate, ya que Loretta Ortiz se pronunció en favor del proyecto que pone énfasis en el papel de las víctimas, pero Margarita Ríos Fajart y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena lo rechazaron debido a que consideran que la legislación de los años noventa no contemplaba un papel de participación de los afectados y todo quedaba en las atribuciones del Ministerio Público como defensor de la sociedad.
Por eso se llamó a un integrante de la Segunda Sala, y la responsabilidad de terminar con el empate recayó en Batres Guadarrama.
Si bien la resolución será cuestión de lo que opine una mayoría, es evidente que la carga recaerá en gran medida en lo que termine por definir Batres Guadarrama, ya que en sus manos está uno de los casos criminales, por sus diversas implicaciones, más trascendente en décadas.
La discusión se centra, en realidad, en si es procedente la excarcelación en el entendido de que Aburto debió ser puesto en libertad al cumplir los 30 años en prisión, ya que de modo incorrecto se le juzgó desde la óptica del Código Penal Federal, que contempla la pena de 45 años para asunto de homicidio calificado.
Bajo la argumentación sobre la que tendrá que definirse la ministra es si Aburto siempre debió ser sujeto a la legislación del estado de Baja California, ya que Colosio Murrieta no era un servidor público en el momento de su muerte y por ello se tenía que actuar en el marco del fuero común.
Es un aspecto polémico, porque Colosio Murrieta era senador de la República con licencia, además de fungir como candidato de un partido político financiado con recursos públicos.
El ministro Pardo Rebolledo no participó en la discusión en la SCJN, ya que está impedido de hacerlo, porque tuvo un papel relevante en diversos expedientes relacionados con el caso.
Entre otros, ordenó la liberación de Othón Cortés, a quien de modo falso la PGR imputó ser el segundo tirador cuando era fiscal Pablo Chapa Bezanilla.
Pardo Rebolledo actuó conforme a sus convicciones y de modo valiente, porque desde el poder político estaban empeñados en buscar más responsables de los que en realidad existieron.
En el gobierno y en su entorno hay muchos interesados en que Aburto salga de prisión, empezando por la CNDH, donde Rosario Piedra se convirtió en una defensora puntual del asesino de Colosio, argumentando, sin pruebas, que el inculpado fue torturado.
Quieren victimizar al responsable del crimen, para tratar de actualizar hipótesis sobre la participación de actores políticos en un supuesto complot, aunque en realidad hasta el momento no hayan mostrado ni un solo elemento que indique que eso fue así.
En la FGR, en cambio, lo que pretenden es que continúe encarcelado, y por eso impugnaron la decisión del Tribunal que ordenó la liberación, porque más bien están empeñados en que existió un segundo tirador, menospreciando los múltiples estudios periciales que señalan que eso es imposible, por las trayectorias de los disparos.
Sea como sea, la liberación no implicará un reconocimiento de inocencia, ni mucho menos, pero es probable que sea utilizada de modo propagandístico, para seguir utilizando al pasado, para no ocuparse de lo que ocurre en el presente, donde la violencia está desbocada.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
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