¿En la SCJN, defensa del Estado de Derecho o crisis constitucional?

#ÚLTIMA LEGISLATIVA

EMEEQUIS.- Lo que decidió la Corte como máximo Tribunal Constitucional ha sido un paso pequeño, pero histórico.

El pasado 3 de octubre de la presente anualidad, en sesión de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se decidió por mayoría de ocho votos a favor y tres en contra -del bloque oficialista- que, se admitía la Consulta a Trámite que hicieron diversos juzgadores y juzgadoras federales, sobre la posibilidad de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, es decir, lo que los juzgadores le preguntaron a la Corte fue si es constitucional o inconstitucional esta reforma hecha por el Poder Legislativo a propuesta del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta decisión de la Corte es trascendental e histórica por donde se le mire.

Por un lado, se da en un contexto extremadamente polarizado entre el Poder Judicial y los otros dos Poderes de la Unión, esto es, en un clima de rencillas y revanchas políticas entre poderes, sumado a las diversas amenazas de juicio político por parte de legisladores de la mayoría contra juzgadores y Ministros del Poder Judicial, y por otro lado, está la duda de si la Corte cuenta verdaderamente con atribuciones constitucionales para revisar al Poder Reformador de la Constitución constituido en Poder Legislador Permanente.

Dentro del debate que no fue nada terso al interior del Pleno de la Suprema Corte, se escucharon posturas e interpretaciones radicalmente diversas entre los dos bloques formados desde hace ya rato. La mayoría consideró correcto que la Suprema Corte ejerciera la facultad de vigilar o velar por tres importantes cuestiones: 1) la autonomía de los órganos del Poder Judicial, 2) la independencia de sus integrantes y 3) el Principio de División de Poderes. Con esta decisión, le corresponderá al Pleno analizar la posibilidad de conocer y dirimir la validez o invalidez de la Reforma Constitucional en materia judicial.

Sin embargo, las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmin Esquivel presentaron argumentos jurídicos, pero también hicieron pronunciamientos más políticos que resultaron preocupantes. Se mencionó más de una vez que la intención de la Corte de revisar la constitucionalidad de la reforma podría ser el “preámbulo” de un “golpe de estado técnico constitucional” o que “la Corte quiere desconocer el Poder Reformador de la Constitución” o “crear una crisis constitucional inaceptable”.

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Aunque la mayoría de los y las Ministros que ganaron la decisión establecieron que en esta discusión no se pronunciaron sobre el fondo del tema, es decir, que solo estaban decidiendo sobre una Consulta a Trámite, y que en su momento procesal oportuno se pronunciarán sobre el fondo de la Reforma Constitucional en materia judicial.

No fue una sesión fácil de desahogar para nadie en la Corte. Tampoco fue fácil de asimilar para los otros dos Poderes de la Unión, que no tardaron en propinar descalificativos, como acusar a la Corte de actuar facciosamente.

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Viene otra sesión del Tribunal Pleno de la Corte para resolver otras seis Consultas a Trámite sobre este mismo punto. Tres de ellas serán a propuesta de la ministra Batres y las otras tres le corresponden a la ponencia de la ministra Esquivel, quienes, de antemano, buscan desechar estas consultas por notoriamente improcedentes. Veremos qué se decide, lo que augura un pronóstico reservado de la decisión del Pleno.

Después vendrá la discusión clave: decidir el fondo de la reforma judicial, con solo dos opciones posibles: es constitucional o es inconstitucional. Si se diera este último supuesto por mayoría calificada de la Corte, no habría elección de juzgadores del Poder Judicial, pero seguramente habría una crisis constitucional entre los Poderes de la Unión. A ver qué escribe la historia en los próximos días. Nos leemos hasta la siguiente.

@ErnestoGuerra_