Un país que celebra el regreso de las mariposas en Michoacán no debería acostumbrarse a la expulsión de su gente. Porque cuando una familia abandona su casa para no morir, no sólo pierde un domicilio; se pierde historia, arraigo, sentido de pertenencia… y el Estado pierde autoridad. La opinión de @SoledadDurazo.
El país que expulsa a los suyos
Un país que celebra el regreso de las mariposas en Michoacán no debería acostumbrarse a la expulsión de su gente. Porque cuando una familia abandona su casa para no morir, no sólo pierde un domicilio; se pierde historia, arraigo, sentido de pertenencia… y el Estado pierde autoridad. La opinión de @SoledadDurazo.
Un país que celebra el regreso de las mariposas en Michoacán no debería acostumbrarse a la expulsión de su gente. Porque cuando una familia abandona su casa para no morir, no sólo pierde un domicilio; se pierde historia, arraigo, sentido de pertenencia… y el Estado pierde autoridad. La opinión de @SoledadDurazo.
El desplazamiento forzado no es nuevo ni privativo de nuestro país. Sin embargo, este es el que más debe importarnos.
POR SOLEDAD DURAZO
EMEEQUIS.– Leí hace un par de días un excelente texto de Bárbara Anderson en Opinión 51 https://www.opinion51.com/barbara-anderson-2608-las-mariposas/ en el que logra retratar un fenómeno paradigmático: mientras las mariposas monarca empiezan a llegar a Michoacán alrededor del Día de Muertos, decenas de michoacanos, principalmente jóvenes, huyen hacia Estados Unidos para no terminar muertos a manos de una delincuencia que no da tregua.
El desplazamiento forzado no es nuevo ni privativo de nuestro país. Sin embargo, este es el que más debe importarnos.
Tan sólo en lo que se ha podido documentar sobre el desplazamiento interno —personas, familias y a veces poblaciones enteras que tienen que irse de su lugar de origen sin cruzar las fronteras del país—, el Censo de Población y Vivienda 2020 registró que más de 262 mil 400 personas cambiaron su lugar de residencia dentro de México entre 2015 y 2020 debido a la inseguridad o la violencia. A su vez, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 estimó que más de 248 mil 360 hogares se vieron obligados a dejar su residencia tan sólo en 2024 para protegerse de la delincuencia. No es, pues, un tema aislado.
ACNUR recoge datos de organizaciones como el Observatorio de Desplazamiento Interno y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, que estiman entre 26 mil y 28 mil personas desplazadas al interior del país en 2024 debido a casos de violencia masiva. Esto representa un incremento de más de 120 por ciento respecto de 2023.
Recientemente, el 10 de mayo de 2026, cientos de familias de Chilapa, Guerrero, se vieron obligadas a huir ante ataques armados y drones explosivos detonados por Los Ardillos, grupo que tiene azotada la zona desde 2015. Los grupos comunitarios hablaron de por lo menos 800 personas desplazadas.
Emblemático también resulta lo ocurrido en Tila, Chiapas, en junio de 2024, cuando grupos armados incendiaron viviendas y atacaron a la población. Se documentó que alrededor de 4 mil 200 personas fueron desplazadas. Chiapas, de hecho, concentró 62 por ciento de las personas desplazadas registradas en 2024, según ACNUR.
Apatzingán y Tierra Caliente, en Michoacán, también registran desplazamientos forzados que han dejado comunidades rurales vacías por los enfrentamientos, la extorsión y el control criminal: alrededor de 150 personas en 2024 y 500 en 2025.
El norte no se queda atrás. En Sinaloa, las amenazas, el reclutamiento forzado, las desapariciones y los enfrentamientos han desplazado comunidades enteras. ACNUR documentó a más de 650 personas desplazadas en 2024; para 2025 y lo que va de 2026 no hay cifras disponibles, justo en dos periodos en los que la inseguridad ha sentado sus reales en el estado, cuyo gobernador goza de licencia y enfrenta una solicitud de extradición.

Más de 300 personas fueron expulsadas de comunidades rarámuris en 2024 por la violencia, la tala ilegal y el despojo territorial.
Y así podríamos seguir refiriendo datos. Pero los números no son fríos ni deben serlo: representan vidas de seres humanos obligados a dejar lo poco que habían conseguido o lo que conservaban por herencia familiar; personas desarraigadas por la violencia y, a veces, también ignoradas por el Estado.
El reciente envío de más de 1,500 efectivos a Michoacán, luego de que Estados Unidos suspendiera las inspecciones necesarias para exportar aguacate por razones de seguridad, exhibe cómo: la seguridad pública se vuelve urgente cuando está en riesgo una cadena de exportación, no necesariamente cuando la vida cotidiana de decenas de comunidades se interrumpe o se corta de raíz.
Un país que celebra el regreso de las mariposas no debería acostumbrarse a la expulsión de su gente. Porque cuando una familia abandona su casa para no morir, no sólo pierde un domicilio; se pierde historia, arraigo, sentido de pertenencia…y el Estado pierde autoridad con la incapacidad manifiesta en no dar seguridad a su población.
@SoledadDurazo
