La Megafarmacia y las preguntas que la “máxima publicidad” debe responder

Un ciudadano solicitó al INDAABIN el expediente relacionado con el avalúo de la Megafarmacia. La respuesta fue que no contaban con la información y se canalizó erróneamente al solicitante hacia Birmex.

*POR JULIETA DEL RÍO

EMEEQUIS.– Una investigación periodística de El Universal vuelve a poner en el debate y en el radar de los mexicanos un proyecto que fue presentado en 2023 con bombo y platillo como una de las grandes soluciones para enfrentar el desabasto de medicamentos: la Megafarmacia del Bienestar.

Lo que hoy conocemos obliga a hacerse muchas más preguntas.

Porque no estamos hablando solamente de una enorme infraestructura que, según documenta la investigación periodística, hoy registra poca actividad, espacios vacíos y signos de deterioro. Estamos hablando de un proyecto que debe revisarse desde su origen: cómo se planteó y se anunció, cuánto se invirtió para adquirir y acondicionar el inmueble, cuál fue el propósito para el que fue creado y qué resultados produjo finalmente en la distribución de medicamentos.

Por eso hay preguntas que necesariamente deben responderse: ¿se pagó un precio adecuado por el inmueble y dónde está el avalúo que sustentó la operación? ¿Quién lo realizó y quién autorizó la compra? ¿Cuánto se invirtió en adecuaciones y cuánto ha costado mantener la Megafarmacia?

También debemos saber cuántos medicamentos llegaron realmente, cuántos fueron distribuidos, a qué instituciones, a qué costo y, sobre todo, cuál fue el beneficio real para los pacientes.

Son preguntas elementales cuando hablamos de miles de millones de pesos de recursos públicos.

Y precisamente por eso recuerdo lo que ocurrió en el INAI. Después de la puesta en marcha de la Megafarmacia, llegaron a mi ponencia y a las de mis entonces colegas diversos recursos de revisión relacionados con este proyecto. Ciudadanas y ciudadanos querían conocer cómo se estaban ejerciendo los recursos públicos y cuáles eran los documentos que sustentaban las decisiones tomadas.

Recuerdo particularmente un caso.

Un ciudadano solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDAABIN, conocer el expediente relacionado con el avalúo del inmueble adquirido para instalar la Megafarmacia, en los antiguos almacenes de Liverpool, ubicados sobre la carretera Jorobas-Tula, en Huehuetoca, Estado de México.

La respuesta fue que no contaban con la información y se canalizó erróneamente al solicitante hacia Birmex. Esto generó más tiempo de espera para obtener una respuesta, cuando el tema específico del avalúo no correspondía a Birmex.

Después de un análisis profundo con mi equipo de ponencia, resolvimos darle la razón al ciudadano.

Resultaba difícil entender cómo una operación de esta magnitud podía no contar con un avalúo.

Cualquier ciudadano que compra una casa, un terreno o incluso un pequeño inmueble sabe que existe un avalúo para determinar su valor. ¿Cómo puede entonces sostenerse que una operación millonaria realizada con recursos públicos no cuenta con ese documento?

Ese caso es un ejemplo perfecto de lo que significaba el INAI.

Un órgano autónomo tuvo que intervenir para obligar a las instituciones a buscar y entregar información que, por lógica administrativa, debía existir.

Por eso, cuando escucho hablar de “máxima publicidad”, pienso que habría que empezar precisamente por proyectos como éste.

Empecemos por los grandes proyectos que comprometieron miles de millones de pesos.

Empecemos por aquellos en los que la sociedad tiene derecho a saber cuánto se gastó, cómo se contrató, quién recibió los recursos y qué resultados se obtuvieron.

También en marzo de 2024, el Pleno del INAI instruyó la búsqueda de contratos relacionados con la compra de medicamentos para la Megafarmacia del Bienestar. Ese mismo mes, ante negativas de información, también se ordenó buscar y entregar documentación relacionada con el avalúo del inmueble adquirido para instalarla.

Es decir, mientras el proyecto seguía adelante, el INAI ya estaba documentando asuntos que posteriormente adquirieron relevancia pública.

Y hay otra parte que tampoco debemos perder de vista: los contratos relacionados con la compra, distribución y suministro de medicamentos.

En los últimos años conocimos diversos casos de farmacéuticas y proveedores investigados por presuntas irregularidades. También se han conocido cuestionamientos sobre operaciones y contrataciones realizadas por Birmex.

Aquí es donde surge una pregunta todavía más delicada: ¿estamos ante una especie de “Estafa Maestra de la salud”?

No afirmo que exista una red de corrupción ni que haya responsabilidades acreditadas; eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes. Pero si existen empresas, intermediarios, contratos y operaciones que han sido señalados o investigados por posibles irregularidades, la sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió.

La transparencia no sirve únicamente para confirmar que todo se hizo correctamente. Sirve también para detectar irregularidades, identificar responsabilidades y evitar que vuelvan a repetirse.

Por eso la máxima publicidad tiene que traducirse en documentos: contratos, avalúos, facturas, expedientes, resultados y auditorías.

Y, cuando corresponda, en responsabilidades.

Porque la pregunta ya no es únicamente cuánto costó la Megafarmacia, sino qué pasó con los miles de millones de pesos destinados a este proyecto.

Si se invirtieron recursos públicos para adquirir, adecuar y operar una infraestructura que fue presentada como una solución histórica al desabasto y hoy su funcionamiento es cuestionado, alguien tiene que explicar qué ocurrió.

El desabasto de medicamentos no desapareció.

Entonces debemos conocer qué sí funcionó, qué no funcionó y cuánto le costó al país.

No se trata de cuestionar por cuestionar. Se trata de rendir cuentas.

Y aquí está una de las grandes lecciones que deja este caso: los recursos públicos no desaparecen cuando desaparece una institución.

Tampoco desaparecen las preguntas.

Y mucho menos la obligación de responderlas.

El INAI hizo su parte mientras existió. Los ciudadanos preguntaron. Las instituciones respondieron (o se negaron a hacerlo) y el órgano garante intervino cuando correspondía para ordenar la búsqueda y entrega de información.

Hoy el INAI ya no existe. Pero sí existen la Constitución y las leyes que obligan a entregar y transparentar la información.

Por eso, ante el anuncio de que habrá “máxima publicidad” (que, insisto, siempre ha estado contemplada en la legislación), ¿por qué no empezamos por la Megafarmacia?

Por su avalúo, su compra, sus contratos. Por las empresas proveedoras. Por las compras de medicamentos. Por los recursos ejercidos. Por los resultados.

Y por las responsabilidades que, en su caso, deban deslindarse.

Porque si un proyecto que costó miles de millones de pesos no cumplió con el objetivo para el que fue creado, la sociedad merece algo más que explicaciones generales.

Merece saber la verdad.

La máxima publicidad significa precisamente eso: conocer a fondo qué se hizo con el dinero de todos, para qué se hizo, qué se obtuvo y quién debe responder cuando el objetivo no se cumple.

El INAI no llegó tarde a este caso.

El INAI ya estaba ahí.

Ahora falta saber quién estará ahí para exigir las respuestas que todavía se deben.

@JulietDelrio

*Especialista en transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Excomisionada del INAI