La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La decisión de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez de conceder un amparo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, para frenar su extradición a Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de resistencia judicial justo cuando México desafía las presiones internacionales por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En medio de acusaciones de narcotráfico y homicidio, la resolución refuerza el discurso de soberanía impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el país no aceptará subordinación sin pruebas irrefutables, marcando un punto de inflexión entre la independencia judicial mexicana y las exigencias de Washington
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
El costo oculto de quitar fideicomisos del PJF: ¿Y la justicia?
Los fideicomisos del Poder Judicial nunca fueron el verdadero problema para el presidente. Más bien, son una revancha contra las decisiones autónomas, como la invalidación de reformas del tipo del Plan B y acuerdos presidenciales para ocultar información de sus obras.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
EMEEQUIS.–La extinción de los fideicomisos judiciales ha polarizado la opinión pública y enfrentado al gobierno con la oposición. Pero, ¿qué hay de las víctimas? ¿Qué hay del acceso a la justicia que tanto necesitamos en este país?
Se ha invertido un tiempo considerable en debatir la extinción de estos fideicomisos. Desde su presentación y votación en el Congreso hasta manifestaciones que han interrumpido las actividades del Poder Judicial, el tema ha acaparado la atención nacional. Pero, ¿a qué costo?
Este tiempo podría haberse empleado en abordar asuntos que realmente afectan a la población, como el acceso a una justicia pronta y expedita. En México, sólo 8 de cada 100 delitos se denuncian. Y de esos, apenas un 2% resulta en una sentencia, lo cual no garantiza justicia.
¿El motivo? Las fiscalías del país no han ejecutado más de 335 mil órdenes emitidas por los poderes judiciales. Así que, aunque se denuncie y se llegue a una sentencia, la justicia sigue siendo un sueño inalcanzable para muchos.
Fuente: Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2023
En otras palabras, hemos perdido una oportunidad invaluable para discutir y atacar los problemas reales como la inseguridad, violencia e impunidad que obstaculizan el acceso a la justicia. Y no solo es un problema del Poder Judicial; también involucra a las fuerzas de seguridad, la Guardia Nacional y las fiscalías a nivel federal y estatal.
En lugar de centrarnos en estos problemas cruciales, el debate se ha desviado hacia la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, que suman un total de 15 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra es similar a los recursos desviados en el caso de Segalmex.
Además, el partido Morena ha mostrado cierta incongruencia en su postura. Por un lado, critica estos fideicomisos por su supuesta corrupción, pero por otro, guarda silencio sobre otros fideicomisos que también manejan grandes sumas de dinero.
Actualmente, el Gobierno Federal opera 178 fideicomisos con un saldo total de más de 557 mil millones de pesos. Entre estos, destacan dos fideicomisos militares que manejan 99 mil millones de pesos y que han crecido un 1,700% durante la actual administración.
Y no termina ahí. La Sedena está a punto de sumar otro fideicomiso destinado al Tren Maya, que se financiará con ingresos generados por la emisión de visas a extranjeros. Solo en 2022, este concepto generó más de 10 mil millones de pesos que se destinaban a migración y fomento del turismo. Y ahora, hay preocupaciones sobre la transparencia en el uso de estos fondos por el carácter opaco de la Sedena.
Así que los fideicomisos judiciales nunca fueron el verdadero problema para el presidente. Más bien, son una revancha contra las decisiones autónomas tomadas por el Poder Judicial, como la invalidación de reformas como el Plan B y acuerdos presidenciales para ocultar información de sus obras públicas.
Los diputados votaron por extinguir los fideicomisos judiciales. Ahora el asunto está en manos del Senado. Foto: Cuartoscuro.com.
En definitiva, hemos perdido un tiempo precioso y una oportunidad histórica para abordar uno de los problemas más apremiantes de nuestra sociedad, sobre todo las víctimas: el acceso a la justicia. En lugar de enredarnos en el laberinto de los fideicomisos, es hora de que las autoridades y legisladores centren su atención en lo que realmente importa. Debemos alzar la voz y pedir un debate serio y comprometido sobre cómo garantizar una justicia pronta, expedita y, sobre todo, accesible para todos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La decisión de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez de conceder un amparo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, para frenar su extradición a Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de resistencia judicial justo cuando México desafía las presiones internacionales por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En medio de acusaciones de narcotráfico y homicidio, la resolución refuerza el discurso de soberanía impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el país no aceptará subordinación sin pruebas irrefutables, marcando un punto de inflexión entre la independencia judicial mexicana y las exigencias de Washington
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