Cámara de Diputados: El recuento de los daños (1)

Conflictos, pendientes, aplanadora… Fotos: Mario Jasso / Cuartoscuro.com.

Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa

EMEEQUIS.– El último periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados ha concluido y, con solo cuatro meses restantes de receso, parece que no habrá más actividad legislativa significativa debido a la falta de consensos. ¿El saldo? Grandes confrontaciones, intentos de vulnerar la Constitución y una preocupante sumisión al Poder Ejecutivo.

Durante casi tres años, las tensiones entre los legisladores de Morena y sus aliados frente a los del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano fueron una constante. La frase “no se le mueve ni una coma” fue un eco de la postura inflexible adoptada en las reformas prioritarias para el presidente López Obrador, evidenciando una peligrosa renuncia a la esencial labor legislativa de análisis y debate.

Rescato las palabras del senador Clemente Castañeda en la que destacó que esta inflexibilidad legislativa llevó a la presentación de 39 acciones de inconstitucionalidad, resaltando la gravedad de la situación. Basta recordar grandes controversias como las reformas constitucionales en materia electoral, de la guardia nacional y energética.

La primera gran batalla entre el oficialismo y la oposición en la LXV Legislatura fueron sin duda las reformas constitucionales en materia electoral, de la Guardia Nacional y eléctrica.

La reforma eléctrica, debatida inicialmente en la Cámara de Diputados, fue rechazada por falta de mayoría calificada, marcando un precedente histórico como la primera reforma constitucional de un presidente de la República que ha sido rechazada en el Pleno. Como reacción, se presentó y aprobó inmediatamente una reforma a la Ley Minera que reserva al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento exclusivos del litio.

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La reforma de la Guardia Nacional siguió un camino alternativo. Tras el fracaso de la reforma eléctrica, el oficialismo optó por modificar leyes secundarias en lugar de la Constitución, lo cual requería únicamente los votos de Morena y sus aliados, logrando finalmente su aprobación.

Un patrón similar ocurrió con la reforma electoral. Tras ser rechazada la reforma constitucional por falta de mayoría calificada, se presentó y aprobó inmediatamente una reforma legal: el Plan B. Esto marcó el inicio de una serie de atropellos al proceso legislativo que derivaron en la confrontación con un nuevo actor: el Poder Judicial.

Hablando de irregularidades en el proceso legislativo, no puedo dejar de mencionar el Viernes Negro, una noche donde la mayoría oficialista en el Senado impuso la aprobación de 20 reformas en 10 minutos cada uno, sin leer ni analizar previamente, en el patio de una sede alterna y con una senadora cachirul.

Con la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se observaron cambios significativos en cómo el Poder Judicial abordaba los proyectos legislativos impugnados por la oposición.

Los constantes atropellos al proceso legislativo, abusando de una mayoría alejada del principio de democracia deliberativa, dieron motivos suficientes para que la mayoría calificada de las ministras y ministros de la SCJN declararan inconstitucionales varias reformas como el Plan B.

Estas decisiones contrarias a la voluntad del presidente, sumadas a los constantes llamados de atención al Senado para cumplir con obligaciones como los nombramientos de órganos autónomos, colocaron al Poder Judicial como el nuevo adversario del obradorismo, transformando nuevamente al Poder Legislativo en un campo de batalla.

En esta búsqueda de debilitar el Poder Judicial, en la Cámara de Diputados se promovieron recortes por más de 6 mil millones de pesos, dejando en 2024 el presupuesto judicial con el monto más bajo del sexenio.

También se aprobó la extinción de 13 fideicomisos judiciales, acción actualmente detenida por una suspensión definitiva. Además, dieron luz verde a otra modificación para que el Poder Judicial pague sus servicios de correos y telégrafos, implicando un golpe financiero considerable.

Finalmente, se propuso una reforma a la Ley de Amparo que elimina la capacidad de las suspensiones judiciales para tener efectos generales y restringe severamente la facultad de los jueces de otorgar dichas suspensiones, incluso cuando negarlas podría resultar en un daño grave al interés social.

Cabe destacar una nueva reforma constitucional que, entre otras cosas, establecía el voto popular para la designación de jueces, magistrados y ministros, y la desaparición del Consejo de la Judicatura. Esta propuesta quedó congelada.

Dicha reforma fue parte de un paquete de 20 iniciativas presidenciales presentadas el pasado febrero, que abarcaban temas tan diversos como bienestar animal, agua, derechos indígenas, pero también la extinción de órganos autónomos y otro intento de reforma electoral y militar. Todas estas iniciativas no fueron discutidas, pero si fueron dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, dejando abierta la posibilidad de un futuro intento de discusión días antes de la elección.

Aunque predominó la confrontación, también hubo coincidencias curiosas entre la oposición y el oficialismo. No podemos olvidar la propuesta del PRI para ampliar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta 2028, que contó con el apoyo de Morena y sus aliados. Este hecho levantó sospechas sobre la cercanía entre Alito Moreno, líder de la oposición, y Adán Augusto, entonces secretario de Gobernación.

Otra alianza atípica se dio entre todas las fuerzas legislativas, excepto Movimiento Ciudadano, para impulsar una reforma que limitaba las facultades de interpretación del Tribunal Electoral, lo que representaba un riesgo significativo para los derechos políticos de mujeres y grupos minoritarios. Afortunadamente, esta propuesta no prosperó.

En retrospectiva, estos tres años de la Cámara de Diputados deben servirnos como un recordatorio crítico del poder y la responsabilidad que tenemos al ejercer nuestro voto. La labor legislativa es un pilar fundamental de nuestra democracia, y la selección de quienes nos representan no puede tomarse a la ligera.

Los conflictos, las confrontaciones estériles y la sumisión a intereses partidistas en detrimento del debate y análisis profundo no deben definir otro periodo legislativo.

Es esencial que, como ciudadanos, reconozcamos la importancia de elegir a representantes que verdaderamente estén comprometidos con la defensa y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Debemos aspirar a que la labor legislativa sea un reflejo de un diálogo constructivo y deliberativo, no de la división y el estancamiento.

Al mirar hacia el futuro y considerar a nuestros próximos legisladores, es importante recordar que los costos de los conflictos estériles son demasiado altos.

Está en nuestras manos decidir quién nos representa y asegurar que no pasemos otros tres años en la misma dinámica de confrontaciones infructuosas.

@Juan_OrtizM