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El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, desató polémica al advertir públicamente al consorcio Grupo Proyecta que, si no dona dos hectáreas de terreno para construir viviendas para policías, expropiará el doble. Aunque intentó matizar sus declaraciones este viernes, justificó su postura como un acto de “justicia social” y pidió a las inmobiliarias corresponder a los beneficios obtenidos en Puebla. Empresarios y analistas cuestionan el tono coercitivo del mensaje y advierten riesgos para el ambiente de inversión
Cynthia López Castro presenta iniciativa para que el Conapred tenga que boletinar a extranjeros que comentan actos de discriminación y les sea cancelada su residencia en México.
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EMEEQUIS.-El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, intentó matizar este viernes las declaraciones que lanzó el jueves, cuando amenazó públicamente al consorcio inmobiliario Grupo Proyecta: si no dona dos hectáreas de terreno en un mes para construir viviendas para policías, su gobierno expropiará el doble.
“Con todo cariño, ¿eh?”, soltó el mandatario morenista, en tono irónico pero firme.
Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, Armenta aseguró que sostuvo varias pláticas con los desarrolladores, en específico con empresarios vinculados al complejo turístico-residencial Posadas. Según el mandatario, les pidió una donación “voluntaria” de tierra, pero la empresa le respondió con una oferta de venta.
Armenta explicó que el conflicto comenzó en los años noventa, cuando el gobierno estatal expropió terrenos a hijos de ejidatarios y después los entregó a desarrolladoras como Grupo Proyecta. Ahora su administración reclama parte de esos espacios para proyectos de interés social, como la construcción de viviendas para fuerzas de seguridad.
“Es un asunto de justicia. Ellos tienen miles de hectáreas, ¿qué representa para ellos donar dos?”, cuestionó el gobernador. Afirmó que su gobierno busca construir 10 mil viviendas para policías poblanos.
El jueves, Armenta lanzó una advertencia directa durante un acto público. Dio un plazo de un mes a Grupo Proyecta para entregar las dos hectáreas y, si no lo hacen, dijo que expropiará cuatro. Ordenó a su coordinador del Gabinete, José Luis García, que notificara formalmente por escrito a la empresa.
El mandatario no se detuvo ahí: mencionó también a otras inmobiliarias como Haras, del empresario Carlos Haghenbeck. “Vamos a ir una por una. Esperemos que colaboren antes de que las llamemos nosotros”, advirtió.
Grupo Proyecta desarrolla proyectos en Puebla, Guanajuato y Yucatán. En Puebla, sus construcciones destacan por su infraestructura, pero también enfrentan críticas por el impacto ambiental, especialmente en el uso de recursos hídricos.
Armenta señaló que estas empresas han acumulado mucha riqueza gracias al territorio poblano. “Se han beneficiado mucho de los poblanos, extraen mucha agua y aprovechan muchos recursos. No hay queja, pero ya es hora de que le den algo a Puebla”, sentenció.
Las declaraciones de Armenta desataron un debate en círculos políticos, empresariales y jurídicos. Algunos líderes del sector privado consideran que este tipo de presión pública genera un ambiente hostil para la inversión y cruza la línea entre lo legal y lo intimidatorio. Por su parte, el gobernador defiende que su estrategia busca justicia social y una mayor corresponsabilidad del empresariado ante los retos de seguridad y vivienda.
La tensión entre el gobierno y las inmobiliarias apenas comienza. Lo que ocurra en los próximos 30 días con Grupo Proyecta podría marcar un precedente sobre cómo el poder público negocia —o presiona— al sector privado.
@emeequis
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