El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá este lunes 1 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, marcando el primer careo formal de alto nivel dentro del llamado caso Rocha Moya. El exfuncionario de 66 años, quien se entregó voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo, ya se declaró "no culpable" de cargos federales por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento; sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. sostiene que aprovechó su posición estratégica para recibir pagos ilícitos y realizar filtraciones sistemáticas de información confidencial para proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
En una proeza de velocidad que desafía cualquier ley de la física y la lectura comprensiva, los congresos estatales operaron a la velocidad de la luz para otorgar rango constitucional al polémico blindaje electoral de Morena y sus aliados en menos de 11 horas. Con el voto aprobatorio ultra exprés de 17 legislaturas locales para la reforma judicial electoral y 18 para la nulidad por intervención extranjera, el bloque oficialista consumó un agresivo rediseño del sistema político mexicano —que incluye el generoso "regalazo" de hasta 18 años en el cargo para los magistrados del TEPJF—, dejando listo el terreno para la declaratoria oficial en el Congreso de la Unión sin que los diputados locales se vieran en la penosa y tardada necesidad de leer las minutas
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
Tercer golpe al hilo: Marco Antonio Almanza, exmando policiaco de Sinaloa, se entrega en EU
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
EMEEQUIS.– El tablero político y de seguridad del estado de Sinaloa sufre un nuevo y sísmico reacomodo en los tribunales de los Estados Unidos. Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en un movimiento que acelera el cerco judicial internacional sobre la estructura gubernamental de la entidad.
La entrega del exjefe policiaco ocurre en un momento de máxima tensión institucional, derivado de una serie de acusaciones formales emitidas por el Departamento de Justicia de EE.UU. Las agencias de Washington sostienen la tesis de que existió una red de protección institucional y un flujo sistemático de colaboración entre altos funcionarios sinaloenses y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
EL GIRO DE TUERCA: DE LA FISCALÍA LOCAL A LA FRONTERA NORTE
La capitulación de Almanza Avilés ante el sistema judicial norteamericano representa un giro radical en su estrategia legal y discursiva. Apenas días antes de cruzar la frontera, el exmando policiaco había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en las instalaciones de Culiacán. En ese encuentro, del cual quedó registro oficial, Almanza rechazó de manera categórica las imputaciones de las agencias extranjeras.
En declaraciones recogidas durante su comparecencia local, el exfuncionario aseguró con vehemencia que nunca perteneció a ningún grupo delictivo y que su trayectoria en el servicio público se apegaba a la legalidad. Más aún, ante los cuestionamientos de los medios, el exdirector de la Policía de Investigación afirmó tajantemente que no tenía la menor intención de presentarse ante la justicia estadounidense. Sin embargo, la presión del expediente y el riesgo de una captura con fines de extradición en territorio nacional terminaron por modificar sus planes, llevándolo a negociar su entrega directa en suelo norteamericano.
LA TESIS DE WASHINGTON: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y BLINDAJE
De acuerdo con las líneas de investigación que se siguen en las cortes federales estadounidenses, Marco Antonio Almanza forma parte de un bloque compacto de servidores y exservidores públicos de Sinaloa señalados por presuntos actos de corrupción y conspiración. La hipótesis central del gobierno de los Estados Unidos apunta a que las posiciones más estratégicas de la seguridad pública del estado operaron como enlaces logísticos para la organización criminal de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los señalamientos preliminares sugieren que la colaboración del exmando policiaco incluyó el intercambio de información de inteligencia táctica. Esto habría permitido a la facción delictiva adelantarse a operativos de captura implementados por las fuerzas federales mexicanas. A cambio de este blindaje de datos, las agencias estadounidenses investigan el flujo de cuantiosos beneficios y protección política mutua, una dinámica que ha debilitado la confianza de la cooperación binacional en materia de seguridad.
EL EFECTO DOMINÓ EN SINALOA: LA CAÍDA DE LAS PIEZAS CLAVE
Con su entrega, Marco Antonio Almanza Avilés se convierte en el tercer eslabón de una cadena de rendiciones que exhibe la fragilidad del círculo político local ante las agencias de Washington. Su nombre se suma a una lista de bajas de alto perfil que incluye al general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad —quien ya afronta un proceso expedito en la corte de Manhattan—, y al exsecretario de Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega, cuya entrega reciente en el extranjero confirmó que las pesquisas también tocan las arterias financieras del estado.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia y el servicio de Alguaciles (U.S. Marshals) han mantenido hermetismo en torno a los detalles logísticos de la rendición de Almanza. Tampoco se han desclasificado de manera formal los cargos específicos que le serán formulados ni la sede del tribunal federal que asumirá el control de su causa penal. Sin embargo, fuentes judiciales prevén que en las próximas horas se concrete su audiencia inicial para determinar sus medidas de custodia y el inicio formal de su situación jurídica.
PUNTOS CLAVE DE LA CAUSA JUDICIAL
Entrega voluntaria: El exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, se entregó a las autoridades de Estados Unidos tras días de haber descartado públicamente esta opción.
Cambio de narrativa: Días antes de su entrega, Almanza compareció ante la FGR en Culiacán, donde negó vínculos con el crimen organizado y afirmó que no se presentaría ante las cortes norteamericanas.
El eje de la acusación: Las investigaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. lo vinculan con presuntos actos de colaboración, intercambio de información confidencial y protección para la facción de Los Chapitos.
El cerco institucional: Almanza es el tercer exfuncionario de alto nivel del entorno sinaloense en entregarse a EE.UU., sumándose al exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y al exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega.
Estatus procesal: Las autoridades estadounidenses aún no han revelado la corte que llevará el caso ni el pliego de cargos detallado; se espera la realización de su audiencia inicial en las próximas horas.
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá este lunes 1 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, marcando el primer careo formal de alto nivel dentro del llamado caso Rocha Moya. El exfuncionario de 66 años, quien se entregó voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo, ya se declaró "no culpable" de cargos federales por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento; sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. sostiene que aprovechó su posición estratégica para recibir pagos ilícitos y realizar filtraciones sistemáticas de información confidencial para proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
En una proeza de velocidad que desafía cualquier ley de la física y la lectura comprensiva, los congresos estatales operaron a la velocidad de la luz para otorgar rango constitucional al polémico blindaje electoral de Morena y sus aliados en menos de 11 horas. Con el voto aprobatorio ultra exprés de 17 legislaturas locales para la reforma judicial electoral y 18 para la nulidad por intervención extranjera, el bloque oficialista consumó un agresivo rediseño del sistema político mexicano —que incluye el generoso "regalazo" de hasta 18 años en el cargo para los magistrados del TEPJF—, dejando listo el terreno para la declaratoria oficial en el Congreso de la Unión sin que los diputados locales se vieran en la penosa y tardada necesidad de leer las minutas
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
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