La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Sheinbaum le hace guiño a Lenia Batres para Presidencia de SCJN
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la elección del indígena mixteco Hugo Aguilar Ortiz como ministro de la Corte, pero sugirió que el INE podría aplicar paridad para definir la Presidencia, en cuyo caso Lenia Batres sería la beneficiada. Sin embargo, la Constitución establece que ese cargo corresponde a quien obtenga más votos en la elección, en este caso Aguilar Ortiz.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Aunque Hugo Aguilar tiene más votos, Sheinbaum dice que el INE podría aplicar criterio de paridad para decidir la Presidencia de la SCJN. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este lunes que un indígena mixteco como Hugo Aguilar Ortiz haya sido electo como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, también sugirió que el INE podría aplicar paridad de género para definir la Presidencia de SCJN, en ese caso Lenia Batres Guadarrama quien va segunda, sería quien asuma la presidencia del máximo tribunal.
Esta interpretación ha generado debate, ya que la Constitución es clara: el cargo deberá recaer en quien haya obtenido la mayor votación en la elección popular.
“Es un cambio muy importante, no había habido representación indígena desde Juárez”: Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) menciona a Hugo Aguilar, abogado mixteco que se perfila para ser el presidente de la SCJN. pic.twitter.com/2jqcxcTR8E
Durante una conferencia, Sheinbaum señaló que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) definir quién encabezará la Corte, y apuntó que la Constitución contempla una preferencia hacia las mujeres, lo que dejaría abierta la posibilidad de que Batres, actual ministra, se convierta en presidenta.
“El INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente […], porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres”, expresó la mandataria.
Sin embargo, el fundamento constitucional que citó Sheinbaum no aplica al caso de la presidencia de la SCJN.
LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN
La reforma judicial de 2024, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, transformó la forma en que se elige a los ministros de la Corte: ahora es por voto popular. De esta forma, el artículo 94 de la Constitución establece con claridad sobre la Corte:
“Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.”
El artículo 94 no menciona criterio de paridad para la Presidencia del INE.
Es decir, el cargo de presidente o presidenta de la Corte debe recaer en quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas, independientemente de que sea hombre o mujer.
Al corte más reciente, con más del 90% de actas computadas, Hugo Aguilar Ortiz encabeza la votación con 4,988,339 votos (5.2081%), mientras que Lenia Batres suma 4,742,531 votos (4.9515%).
¿Y LA PARIDAD DE GÉNERO?
El principio de paridad de género sí está contemplado en la Constitución, pero no para la designación de la presidencia de la SCJN. En el mismo artículo 94 se indica que:
“La elección de las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las Juezas y los Jueces de Distrito, se regirá […] observando el principio de paridad de género.”
Por lo tanto, la paridad sólo aplica en la cantidad de ministras (5) por la de ministros (4), no se menciona ese criterio en el caso de la presidencia, que se rige exclusivamente por el criterio de mayor votación popular.
UNA CUESTIÓN DE LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD
Con esta reforma histórica, la voluntad popular se convierte en el mecanismo principal de legitimación del Poder Judicial, al menos en la integración de su órgano más alto.
Cualquier intento de modificar el criterio de mayor votación sin una reforma constitucional previa vulneraría el espíritu de la ley y podría ser interpretado como una forma de intervención indebida.
Por ahora, el INE deberá validar los resultados de la elección y, con base en lo que establece el texto constitucional, la presidencia debería recaer en Aguilar Ortiz, salvo que se presenten impugnaciones que alteren el orden de los resultados.
EL CONTEXTO POLÍTICO
El debate también pone en evidencia las tensiones entre el nuevo modelo de elección judicial y los criterios de representación política. Sheinbaum celebró la llegada de una persona de origen indígena a la Corte como “un cambio profundo” y denunció actitudes clasistas y racistas contra esta representación.
Además, criticó a quienes cuestionan los resultados sin haber participado en el proceso electoral judicial:
“¿Por qué no participaron y luego salen a reclamar que los que ganaron en la elección judicial son afines al gobierno? ¿Qué calidad moral tienen para reclamar? ¡Que participen!”, exhortó.
Sheinbaum también subrayó que: “Quienes lleguen al Poder Judicial no es para actuar partidariamente, su tarea es impartir justicia independiente de su orientación política. El nuevo Poder Judicial será mejor que el que tenemos. Con los nuevos ministros habrá respeto y autonomía.”
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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