El gobierno de México argumenta que Estados Unidos le ha negado 269 extradiciones, entre ellas la de Cabeza de Vaca, para justificar el congelamiento de acciones judiciales contra Rocha Moya.
Ante la presión de Washington para extraditar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió reciprocidad absoluta a Estados Unidos, denunciando que de 269 solicitudes de extradición hechas por México desde 2018, la Unión Americana ha entregado a cero acusados. Al apoyar esta postura, el canciller Roberto Velasco detalló que 36 peticiones ya fueron negadas y 233 siguen congeladas (183 de ellas trabadas en tribunales gringos), un freno judicial que el gobierno mexicano utiliza ahora como contrapeso diplomático para condicionar las capturas de la delincuencia organizada a cambio de que la Casa Blanca entregue a exgobernadores corruptos, grandes evasores fiscales y perfiles clave del caso Ayotzinapa que hoy viven libres en territorio estadounidense
Rubén Rocha Ruiz, hijo mayor del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, posee un inmueble de 816 metros cuadrados, que tiene un valor catastral de más de 17 millones de pesos (el comercial suele ser mayor).
De acuerdo con estimaciones del INEA, Sonora se consolida como una de las entidades con mejores indicadores educativos del país, al disminuir significativamente el analfabetismo.
El gobierno de México argumenta que Estados Unidos le ha negado 269 extradiciones, entre ellas la de Cabeza de Vaca, para justificar el congelamiento de acciones judiciales contra Rocha Moya.
Ante la presión de Washington para extraditar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió reciprocidad absoluta a Estados Unidos, denunciando que de 269 solicitudes de extradición hechas por México desde 2018, la Unión Americana ha entregado a cero acusados. Al apoyar esta postura, el canciller Roberto Velasco detalló que 36 peticiones ya fueron negadas y 233 siguen congeladas (183 de ellas trabadas en tribunales gringos), un freno judicial que el gobierno mexicano utiliza ahora como contrapeso diplomático para condicionar las capturas de la delincuencia organizada a cambio de que la Casa Blanca entregue a exgobernadores corruptos, grandes evasores fiscales y perfiles clave del caso Ayotzinapa que hoy viven libres en territorio estadounidense
El gobierno de México argumenta que Estados Unidos le ha negado 269 extradiciones, entre ellas la de Cabeza de Vaca, para justificar el congelamiento de acciones judiciales contra Rocha Moya.
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Piso parejo exige Sheinbaum. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un enérgico llamado al Gobierno de los Estados Unidos para exigir que la cooperación bilateral en materia de procuración de justicia deje de ser una vía de un solo sentido.
La postura de la mandataria federal surge después de que el 29 de abril la Fiscalía de Nueva York hiciera pública la orden de captura con fines de extradición en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve excolaboradores de su administración dentro del expediente que persigue a la facción de Los Chapitos. Desde el punto de vista de la mandataria, tras la solicitud se esconde la intención de afectar el proceso de transformación política que vive México.
La titular del Ejecutivo enfatizó que el Tratado de Extradición suscrito por ambas naciones debe operar bajo los mismos estándares de cumplimiento para las dos partes. Al respecto, Sheinbaum lamentó de forma categórica que, mientras México procesa de manera puntual las entregas de objetivos de alto impacto reclamados por las cortes estadounidenses, las solicitudes de la justicia mexicana permanezcan congeladas o en el olvido institucional.
“Doscientos sesenta y nueve requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno. Del primero de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026, doscientos sesenta y nueve requerimientos de extradición. No han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México”, sentenció la mandataria.
Sheinbaum Pardo recordó que la lista de prófugos de la justicia mexicana que actualmente encuentran refugio en territorio estadounidense incluye a perfiles que cometieron agravios históricos contra el patrimonio y la seguridad nacional. La gobernante insistió en que el principio de correspondencia mutua es indispensable para mantener la salud de los acuerdos diplomáticos y de seguridad entre los dos países vecinos.
“Factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada. Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre a México? Nosotros. Reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno? Si son casos relevantes. Si hay reciprocidad. Nada más como información”, acusó la presidenta mexicana.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, compareció para ofrecer un balance minuciosamente documentado sobre las solicitudes que la Cancillería mexicana ha gestionado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El canciller detalló que el estancamiento de los expedientes no responde a una falta de sustento técnico por parte de las fiscalías locales o federales de México, sino a una dilación sistemática en los canales de recepción del país vecino.
Velasco puntualizó que, de la cifra de peticiones realizadas a lo largo de las últimas administraciones, una porción considerable ya superó los filtros diplomáticos iniciales y se encuentra en litigio directo dentro del propio aparato judicial estadounidense, a la espera de que los jueces federales de esa nación dicten las resoluciones correspondientes.
“Del primero de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos. No ha sido entregado hasta el momento ninguno. 36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir. De los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces”, pormenorizó el secretario.
Asimismo, el titular de la SRE abordó las 50 solicitudes restantes que corresponden al esquema de detención provisional. Explicó que los requerimientos de datos complementarios forman parte de los cauces institucionales ordinarios previstos en el marco normativo internacional, por lo que desestimó las interpretaciones de ciertos sectores de la opinión pública que buscan calificar las peticiones de información adicional como un rechazo fulminante a los casos presentados por el Estado mexicano.
“Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Muy importante aquí decir, las tres ya han sido negadas, pero en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional. Es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieren elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana”, aclaró Velasco.
La controversia sobre el flujo de extradiciones alcanzó su punto más álgido tras la reciente actualización del expediente neoyorquino S9 23 Cr. 180, el cual imputa penalmente a la red política que brindó cobijo institucional a Los Chapitos en el estado de Sinaloa. La inclusión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y de mandos de su gabinete de seguridad generó una presión inmediata por parte de las agencias de Washington, que exigen capturas rápidas y entregas inmediatas hacia las prisiones norteamericanas.
Frente a esta coyuntura, la diplomacia mexicana ha echado mano del marco legal vigente. Los artículos 11 y 12 del Tratado de Extradición bilateral facultan a ambos gobiernos a activar los mecanismos de captura en cualquier momento; sin embargo, el histórico de impunidad de cuellos blancos en el extranjero le ha permitido a la administración de Sheinbaum fijar una postura de firmeza soberana. México condiciona la celeridad en los casos de la delincuencia organizada sinaloense a cambio de que Estados Unidos rompa el bloqueo sobre los exgobernadores, grandes evasores fiscales (“factureros”) y personajes clave vinculados a la desaparición forzada del caso Ayotzinapa que hoy radican libres en la Unión Americana.
@emeequis
El gobierno de México argumenta que Estados Unidos le ha negado 269 extradiciones, entre ellas la de Cabeza de Vaca, para justificar el congelamiento de acciones judiciales contra Rocha Moya.
Ante la presión de Washington para extraditar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió reciprocidad absoluta a Estados Unidos, denunciando que de 269 solicitudes de extradición hechas por México desde 2018, la Unión Americana ha entregado a cero acusados. Al apoyar esta postura, el canciller Roberto Velasco detalló que 36 peticiones ya fueron negadas y 233 siguen congeladas (183 de ellas trabadas en tribunales gringos), un freno judicial que el gobierno mexicano utiliza ahora como contrapeso diplomático para condicionar las capturas de la delincuencia organizada a cambio de que la Casa Blanca entregue a exgobernadores corruptos, grandes evasores fiscales y perfiles clave del caso Ayotzinapa que hoy viven libres en territorio estadounidense
Rubén Rocha Ruiz, hijo mayor del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, posee un inmueble de 816 metros cuadrados, que tiene un valor catastral de más de 17 millones de pesos (el comercial suele ser mayor).
De acuerdo con estimaciones del INEA, Sonora se consolida como una de las entidades con mejores indicadores educativos del país, al disminuir significativamente el analfabetismo.
