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Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
El Gobierno de México activa una ofensiva diplomática tras la captura en Buenos Aires del contralmirante Fernando Farías Laguna, pieza clave en una red de corrupción y "huachicol fiscal" infiltrada en la Marina. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la prioridad es lograr una deportación inmediata aprovechando que el exmilitar ingresó a Argentina con un pasaporte falso; de lo contrario, México ya alista un proceso de extradición que podría prolongarse meses. Mientras Argentina advierte que "no es refugio de criminales", el caso pone bajo la lupa el esquema de contrabando de combustible en la aduana de Tampico y la grieta de corrupción interna que permitió la fuga de un alto mando naval
Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
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EMEEQUIS.– La captura del contralmirante Fernando Farías Laguna en Buenos Aires dejó a México con dos posibilidades. La presidenta Claudia Sheinbaujm ya se prepara para traerlo de vuelta, por la vía rápida, deportación, o por la vía formal, extradición.
El gobierno mexicano apuesta primero por la deportación. ¿La razón? Farías Laguna habría ingresado a Argentina con documentación falsa, un pasaporte adulterado que abre la puerta a una expulsión casi inmediata por violaciones migratorias.
“Se están haciendo todas las gestiones necesarias (…) para ver si puede haber una deportación”, dijo Sheinbaum este 24 de abril.
“Y el día de ayer, a través de Interpol —que son estas fichas rojas que se emiten en todo el mundo—, fue detenido. Está en este momento en Argentina y se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores, para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso a Argentina.”
Pero el escenario no es tan simple. Si Argentina decide judicializar el caso y procesarlo por uso de identidad falsa o por otros delitos cometidos en su territorio, la deportación se congela.
En ese punto entra el plan B: la extradición. Ahí el proceso cambia de naturaleza. Ya no es un trámite administrativo, sino un procedimiento formal entre Estados, con tiempos más largos, intervención judicial y posibilidad de defensa por parte del detenido.
“En caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición”, advirtió la presidenta.
En otras palabras: México ya alista la carpeta para solicitar formalmente la entrega.
La detención fue posible gracias a una notificación roja de Interpol, lo que implica que Farías Laguna ya era buscado a nivel global. Ese elemento es clave para una eventual extradición: confirma que existe una orden de aprehensión vigente en México y que el caso cumple con los estándares de cooperación internacional.
Desde Argentina, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lanzó un mensaje sin matices: “Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga”.
Y fue más allá: detalló que el excontralmirante ingresó con un pasaporte guatemalteco adulterado tras viajar desde Colombia, lo que le permitió ocultarse durante meses.
Sheinbaum lo reconoció: hubo elementos de la institución involucrados. Farías Laguna, uno de los señalados, huyó del país.
El excontralmirante logró salir de México antes de ser detenido. Su rastro se perdió hasta que la ficha roja activó su localización internacional.
Finalmente, fue ubicado y detenido en Argentina.
De acuerdo con autoridades de ese país, no solo enfrenta cargos en México por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, sino que también es señalado por corrupción e incluso intento de homicidio contra funcionarios.
Aunque el discurso oficial apunta a una pronta devolución, la defensa ya se prepara.
El equipo legal de Farías Laguna asegura que no ha recibido notificación formal, pero anticipa que intervendrá en caso de extradición, vigilando el respeto a derechos humanos y garantías procesales.
Es decir, si se concreta la deportación, el traslado podría resolverse en días.
Pero si el caso escala a extradición, el proceso puede extenderse durante meses, incluso años, dependiendo de los recursos legales.
El caso comenzó en la aduana de Tampico.Donde un buque declaró transportar un producto distinto al combustible. Pero al revisarlo, las autoridades encontraron diésel que ingresaba bajo un esquema fraudulento para evitar el pago de impuestos.
La operación era simple en apariencia: reportar “aceites” o “aditivos” en lugar de hidrocarburos. El fondo se trata de una red de contrabando con posibles vínculos dentro de la Secretaría de Marina.
El gobierno federal insiste en que la detención es un golpe a las redes de huachicol fiscal, una de las variantes más sofisticadas del robo de combustible. Pero también deja expuesta una grieta: la infiltración institucional.
@emeequis
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