La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
“Quiero que se haga justicia”: esposa del motociclista atropellado
“No me interesa la reparación del daño, económicamente, yo quiero que ella pague, que se haga justicia”, dice Wendy, la esposa de Roberto Hernández, motociclista atropellado hasta la muerte por Gaby “N”, detenida este martes.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Imágenes del velorio de Roberto Hernández el pasado 6 de enero. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– Wendy Leyva, esposa del motociclista Roberto Hernández, aseguró que su principal exigencia, tras la detención de Gaby “N”, no es una compensación económica, sino que se castigue a la presunta responsable por la muerte de su esposo, quien el pasado 3 de enero fue atropellado y arrastrado durante varios kilómetros en la alcaldía Iztapalapa.
Después de que la Fiscalía de la CDMX informará de la detención de la probable responsable, Gaby “N” en Oaxaca y su traslado a la CDMX para enfrentar los cargos de lo que se le imputan Wendy, esposa de Roberto mencionó que ninguna reparación del daño puede devolverle a su esposo ni borrar el sufrimiento de su familia.
“A mí, honestamente, no me interesa la reparación del daño, económicamente, porque eso no nos lo va a regresar, no le va a quitar el dolor que causó; yo quiero que ella pague, que se haga justicia”, declaró a Telediario.
🚨 “Usted está imputada por homicidio calificado”. Así fue detenida la enfermera Gaby Gómez en Oaxaca por agentes de la @PDI_FGJCDMX. Ya es trasladada a la @FiscaliaCDMX y a Santa Martha. pic.twitter.com/jDWFOAuaib
La mujer explicó que se enteró de la detención de Gaby “N” casi al mismo tiempo que el resto del país, apenas minutos antes de atender a los medios de comunicación, y que sus asesores jurídicos están verificando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que la persona detenida sea efectivamente quien estuvo involucrada en el hecho.
“La justicia la seguimos esperando hasta que realmente sea la persona que le quitó la vida a mi Beto”, dijo también a Telediario.
Wendy Leyva también expresó que no guarda ningún sentimiento hacia la presunta responsable, salvo la exigencia de que el caso no quede impune.
“Hacia esta persona no tengo ningún sentimiento porque no se merece ninguno, solo agradezco que ya la hayan detenido y que por fin se haga la justicia hacia Beto”, afirmó a El Heraldo.
No obstante, advirtió que la detención no representa el cierre del caso.
“Todavía falta lo más importante”, dijo en referencia a que un juez determine la responsabilidad penal y dicte una condena. La esposa del motociclista también relató que las últimas semanas han sido particularmente difíciles para su familia.
CIUDAD DE MÉXICO, 06ENERO2026.- Aspectos del velorio y salida del cortejo fúnebre del motociclista Roberto Hernández, atropellado y arrastrado por un auto en la alcaldía Iztapalapa. El cuerpo fue llevado al panteón San Lorenzo Tezonco, ubicado en la Av Tláhuac.
FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
“Ha sido muy, muy difícil, muy triste por su ausencia, por la manera en la que se lo llevaron. No hay palabras para describir eso”.
Wendy describió este periodo como uno de duelo constante y sufrimiento, pues Roberto Hernández no solo era su esposo, sino también el principal sustento del hogar y la cabeza de familia. La familia, dijo, aún no logra asimilar la pérdida ni las circunstancias en que ocurrió.
“No hay manera todavía de entender la desgracia de haberle quitado la vida a una persona tan increíble”, agregó
DETENIDA EN OAXACA
Gaby “N”, una enfermera de 43 años, fue detenida en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en Oaxaca, tras permanecer prófuga durante más de un mes. Posteriormente fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde se definirá su situación jurídica.
La FGJCDMX informó que el 3 de enero de 2026, alrededor de las 22:00 horas, Roberto Hernández circulaba en motocicleta cuando fue impactado por un automóvil en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el choque, el vehículo continuó su marcha y arrastró a la víctima durante varios metros, provocándole la muerte.
Para identificar a la presunta responsable se analizaron videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico, con lo que se obtuvo una orden de aprehensión concedida por un juez de control.
Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que el motociclista fue arrastrado bajo el automóvil mientras transeúntes intentaban alertar a la conductora, quien habría hecho caso omiso y continuó su marcha hasta que el cuerpo se desprendió del vehículo.
PROCESO JUDICIAL
Las autoridades recordaron que Gaby “N” permanece bajo el principio de presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal. El caso se investiga como homicidio calificado, y en las próximas audiencias se definirán las medidas cautelares y el rumbo del proceso judicial.
Mientras tanto, la familia de Roberto Hernández insiste en que la detención no sea solo un episodio mediático, sino el inicio de una sentencia ejemplar.
“Buscamos justicia, nada más. Nada me va a regresar a mi esposo, pero quiero que esto no quede impune”, reiteró Wendy.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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