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Niegan trato por aranceles y justifican con Seguridad Nacional traslado de capos a EU

El reciente traslado de 29 criminales a EE.UU. fue una decisión del Gabinete de Seguridad, justificada por motivos de seguridad nacional y una solicitud formal del gobierno estadounidense. Aunque se garantizó el apego a la ley y el respeto a derechos humanos, persisten dudas sobre si el procedimiento responde más a presiones externas o a riesgos internos. La FGR negó que fuera una extradición y descartó vínculos con negociaciones comerciales

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28 DE FEBRERO DE 2025
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José Ramiro “Pepín” López Obrador, hermano del expresidente y actual secretario de Gobierno de Tabasco, declaró poseer 13 ranchos de ganado valuados en más de 6.9 millones de pesos, de los cuales ocho fueron comprados durante el sexenio de AMLO. Aunque asegura que todo es fruto de su esfuerzo, las adquisiciones —algunas pagadas en efectivo— han desatado sospechas de enriquecimiento y contradicen el discurso de austeridad familiar. José Ramiro “Pepín” López Obrador, hermano del expresidente y actual secretario de Gobierno de Tabasco, declaró poseer 13 ranchos de ganado valuados en más de 6.9 millones de pesos, de los cuales ocho fueron comprados durante el sexenio de AMLO. Aunque asegura que todo es fruto de su esfuerzo, las adquisiciones —algunas pagadas en efectivo— han desatado sospechas de enriquecimiento y contradicen el discurso de austeridad familiar.

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Hace 6 horas

El Gabinete de Seguridad durante la conferencia de prensa.

EMEEQUIS.- De acuerdo con los integrantes del Gabinete de Seguridad, se trató de una decisión justificada en temas de seguridad nacional y una solicitud hecha por el gobierno estadounidense. 

El fiscal general Gertz Manero y Omar García Harfuch afirmaron que no fue una extradición sino un traslado al reciente envío de 29 criminales a territorio estadounidense. Sin embargo, pese a mencionar que se trató de un tema de seguridad nacional, Harfuch aseguró que la presidenta Sheinbaum no tuvo  injerencia en la decisión.  

Durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, García Harfuch detalló que la decisión se tomó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), y se realizó con estricto apego a los protocolos institucionales, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de los reos trasladados. 

“El Gabinete de Seguridad cuenta con información de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos buscaban ser liberados o se pretendía favorecerlos con acuerdos judiciales, como ya se había hecho en otras ocasiones”, afirmó el secretario.

TRASLADADOS, NO EXTRADITADOS: GERTZ

Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que los detenidos no fueron extraditados, sino trasladados conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución. 

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Subrayó que la decisión se basó en una solicitud formal del gobierno de Estados Unidos y que el proceso se llevó a cabo con apego estricto al marco jurídico,  sin embargo también se mencionó que la decisión se tomó por temas de seguridad nacional, sin dejar en claro si la decisión se tomo debido a la solicitud estadounidense o si habia algun tema de seguridad nacional que implica a los 29 reos enviados. 

Al ser cuestionado sobre posibles implicaciones políticas o acuerdos con Washington, Gertz Manero negó que el traslado tuviera relación con las negociaciones comerciales y los aranceles que Estados Unidos busca imponer a productos mexicanos. 

“No había más que una razón por la cual cumplimos con lo que dice la Convención de Palermo. Hubo una solicitud fundada del gobierno estadounidense y ese fue el motivo del procedimiento”, explicó.

El fiscal también reveló que el proceso se llevó a cabo de manera expedita. “Hubo una solicitud concreta, por escrito, y no fue intempestiva la decisión. En cuanto llegó, se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, se analizó el caso, se confirmó el cumplimiento de las bases jurídicas y se procedió de inmediato”, aseguró.

Respecto a los jueces que habrían favorecido a algunos de los criminales trasladados, como se mencionó durante la conferencia por parte del fiscal general y del secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana de México,  Gertz Manero mencionó que existen pruebas de retrasos injustificados en ciertos procesos: 

“Llevamos 11 años y 8 años sin poder avanzar en procedimientos que tenían un plazo de 45 días. Son pruebas más que suficientes”, indicó. Al preguntarle si se investigan posibles actos de corrupción en el Poder Judicial, respondió: “Lo que se tenga que hacer, por supuesto”.

ESTADOS UNIDOS Y LA SEGURIDAD MEXICANA

En cuanto fue cuestionado si este traslado marcaría un patrón a seguir durante la administración de Sheinbaum, manero afirmó que  la relación con Estados Unidos en materia de seguridad, el fiscal destacó que este tipo de colaboraciones reflejan la dirección que tomará la administración de Claudia Sheinbaum en la lucha contra el crimen organizado.  

ARANCELES A MÉXICO 

Cuando fue cuestionado sobre si estas actuaciones podrían ayudar a que no se implementen los aranceles del 25% prometidos para el 4 de marzo, Manero expresó que el actuar de méxico ha sido positivo como para ser castigado: 

“El cumplimiento de México es evidente. No hay manera de justificar ninguna sanción a una conducta que no solamente no es sancionable, sino que es encomiable”, puntualizó.

Por otro lado, García Harfuch aseguró que la presidenta Sheinbaum no estuvo involucrada en la decisión del traslado, aunque enfatizó que los principales beneficiados son los ciudadanos mexicanos. “Este es un acto de justicia y de autoridad del Gabinete de Seguridad. Teníamos información sobre posibles liberaciones, como la de José N., alias ‘El Guerito’, detenido la semana pasada, y esa fue una de las razones por las que se tomó esta decisión”.  Concluyó mencionando: “esto es un acto de justicia y es un acto de autoridad del Gabinete de Seguridad”. 

@emeequis 



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