Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Aún queda una demanda pendiente. En la imagen, destrucción de armas decomisadas en Acapulco. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– El gobierno de México expresó su “firme desacuerdo” a la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos contra una de las demandas contra armerías en Estados Unidos iniciada desde 2021, sin embargo, aclaró que todavía está otra vigente.
“El argumento central, publicado esta mañana en su sitio web oficial, fue que no se probó que las empresas ‘ayudaran y facilitaran’ (aiding and abetting) al tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo esgrimido que es el de la proximidad del daño (proximate cause)”, explicó la Cancillería en un comunicado.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles.
“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país, y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la demanda desechada fue presentada por México en agosto de 2021 ante un Juez de Distrito de Boston, Massachussets. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que México había alegado de manera suficiente que “los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México”.
Sin embargo, la Cancillería afirma que la decisión de la Suprema Corte del día de hoy no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas. “Dicha demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia”.
Las dos demandas presentadas por México tanto en Massachussets como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio, declara la Cancillería.
“México ha logrado posicionar el tema no sólo en la esfera bilateral, sino también multilateral, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. Actualmente, se está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita también una opinión sobre el tema”.
La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la demanda de México de responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por la violencia y las atrocidades de los cárteles de la droga.
La Corte dictaminó por unanimidad de nueve jueces que los fabricantes de armas de fuego están protegidos por la PLCAA (Ley de Protección del Comercio Legal de Armas) que protege a los fabricantes.
“No se puede interponer una acción contra un fabricante si, como la de México, se basa en el uso delictivo del producto de la compañía por parte de un tercero”, detalló la jueza Elena Kagan en la Corte sobre la demanda por 10 mil millones de dólares interpuesta en 2021 contra armerías como Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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