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Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
El congresista Michael McCaul desmintió a la presidenta Claudia Sheinbaum al calificar de "imposible" que el Gobierno Federal desconociera las operaciones de la CIA en Chihuahua, donde fallecieron dos agentes. Mientras la Casa Blanca exige empatía y defiende la cooperación, Sheinbaum insiste en que la administración de Maru Campos violó la soberanía al no informar a la Federación ni a la SEDENA sobre la presencia extranjera. Tras una reunión con Omar García Harfuch, la gobernadora se comprometió a entregar información técnica y el fiscal estatal fue notificado sobre las restricciones constitucionales en materia binacional, dejando la resolución del conflicto en manos del Senado para el próximo 28 de abril
Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
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EMEEQUIS.– La tensión diplomática entre México y Estados Unidos alcanzó un nuevo punto de ebullición tras las declaraciones del congresista republicano Michael McCaul, quien contradijo abiertamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mientras la mandataria mexicana sostiene que su administración desconocía la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio nacional, el legislador estadounidense calificó de “imposible” que el Ejecutivo federal no estuviera al tanto de estas maniobras de inteligencia.
Durante un acto oficial en el National Mall de Washington, McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, fue tajante al ser cuestionado sobre la operación en Chihuahua donde fallecieron dos agentes estadounidenses.
“No hay manera de que la presidenta no lo supiera”, afirmó el congresista, sugiriendo que, más allá de la retórica política pública, existe una infraestructura de cooperación subterránea que involucra a fuerzas especiales y agencias de espionaje de ambos países que operan de forma conjunta y constante.
El incidente que detonó esta crisis fue el desmantelamiento de un laboratorio de drogas en la sierra de Chihuahua, que culminó en un accidente automovilístico fatal. La presidenta Sheinbaum ha escalado su exigencia de transparencia hacia la gobernadora Maru Campos, argumentando que las entidades federativas no tienen facultades constitucionales para pactar colaboraciones de seguridad nacional con agencias extranjeras sin la intervención del Gobierno Federal.
Para Sheinbaum, este acto representa una violación directa a la soberanía nacional y al juramento de hacer cumplir la Constitución.
Uno de los puntos más críticos del reporte es la supuesta participación del Ejército Mexicano. Mientras el gobierno de Chihuahua asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tenía conocimiento total de la operación, la presidenta Sheinbaum desmintió categóricamente esta versión.
Según la mandataria, los militares brindaron apoyo perimetral bajo la premisa de ser una diligencia local, sin que se les informara sobre la identidad o las funciones de los ciudadanos estadounidenses presentes en el sitio, quienes presuntamente realizaban labores de capacitación e inteligencia.
La Casa Blanca, a través de su vocera Karoline Leavitt, instó al gobierno mexicano a mostrar mayor “empatía” por la pérdida de las vidas estadounidenses, sugiriendo que México debería valorar más los esfuerzos de EE. UU. para frenar el narcotráfico.
En respuesta, la Embajada de México y la propia Sheinbaum recordaron que las condolencias fueron expresadas de manera inmediata y personal al embajador Ronald Johnson, rechazando la narrativa de insensibilidad y reafirmando que, si bien hay colaboración, esta no otorga “carta blanca” para ignorar el marco legal mexicano.
Ante la falta de comunicación efectiva con la oficina de la gobernadora Campos, quien finalmente se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el Senado de la República ha tomado cartas en el asunto. Se ha confirmado que tanto la gobernadora como el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, han sido citados a comparecer el próximo 28 de abril.
El objetivo es deslindar responsabilidades sobre por qué no se informó a las instancias federales y bajo qué términos legales operaban los agentes de la CIA en la entidad.
@emeequis
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