El gobierno venezolano anunció una amnistía general para presos políticos, medida inédita que busca borrar causas penales y restituir derechos civiles a cientos de opositores, activistas y periodistas encarcelados en los últimos años. Aunque el chavismo afirma que más de 600 personas han sido liberadas, organizaciones de derechos humanos solo han confirmado unas 300 excarcelaciones y advierten que aún entre 600 y 700 presos políticos permanecen detenidos
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) inició el despido de entre 350 y 500 empleados de confianza como parte de la política de austeridad del Poder Judicial. Analistas, técnicos y jefes de departamento fueron notificados de la terminación de sus nombramientos. El contraste es evidente: mientras se recorta personal y prestaciones, los ministros de la Suprema Corte adquirieron camionetas blindadas de 7 millones de pesos cada una, un gasto que exhibe la distancia entre la austeridad aplicada a la base y los privilegios de la cúpula judicial
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que una célula de “Los Chapitos” fue la responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán. El atentado dejó gravemente heridos a Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, quienes permanecen hospitalizados bajo custodia policial. El gobierno federal desplegó 1,600 militares en Sinaloa para reforzar la seguridad y contener la violencia
El caso del narcotraficante Ryan Wedding desató un choque de narrativas entre Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estados Unidos lo presentó como un operativo encubierto del FBI, mientras México insistió en una entrega voluntaria para evitar reconocer intervención extranjera. La disputa refleja la tensión entre cooperación real y soberanía discursiva: México ha cedido en seguridad y migración bajo presión de Trump, pero cuida cada palabra para no validar una imagen de subordinación.
El gobierno venezolano anunció una amnistía general para presos políticos, medida inédita que busca borrar causas penales y restituir derechos civiles a cientos de opositores, activistas y periodistas encarcelados en los últimos años. Aunque el chavismo afirma que más de 600 personas han sido liberadas, organizaciones de derechos humanos solo han confirmado unas 300 excarcelaciones y advierten que aún entre 600 y 700 presos políticos permanecen detenidos
Liberan a Israel Vallarta tras absolución por secuestro; AMLO pretendió indultarlo
Después de casi 20 años en prisión sin sentencia, Israel Vallarta fue absuelto por un tribunal federal. Su caso, vinculado a la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, estuvo marcado por denuncias de tortura, violaciones al debido proceso y presión mediática desde su detención en 2005. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó su defensa a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, aunque evitó formalizar un indulto
El gobierno venezolano anunció una amnistía general para presos políticos, medida inédita que busca borrar causas penales y restituir derechos civiles a cientos de opositores, activistas y periodistas encarcelados en los últimos años. Aunque el chavismo afirma que más de 600 personas han sido liberadas, organizaciones de derechos humanos solo han confirmado unas 300 excarcelaciones y advierten que aún entre 600 y 700 presos políticos permanecen detenidos
EMEEQUIS.– Después de casi 20 años privado de su libertad sin una sentencia definitiva, Israel Vallarta Cisneros fue absuelto por una jueza federal que concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener los cargos en su contra.
Con esta decisión, se cierra uno de los casos más emblemáticos de las últimas décadas en México, conocido públicamente por su vinculación con la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiaco” y por las irregularidades que marcaron su proceso.
Vallarta fue detenido en diciembre de 2005, junto con Florence Cassez, en un operativo que más tarde se reveló como un montaje televisivo preparado por autoridades federales.
Mientras Cassez fue liberada en 2013, Vallarta permaneció bajo prisión preventiva hasta que, en julio de 2025, el Poder Judicial determinó su absolución tras revisar las pruebas del caso y reconocer la falta de elementos suficientes para condenarlo.
A lo largo de los años, su caso fue retomado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que señalaron violaciones al debido proceso, actos de tortura documentados y la ausencia de una sentencia durante un periodo inusualmente largo.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el asunto adquirió mayor visibilidad pública. El presidente lo mencionó en repetidas ocasiones durante sus conferencias matutinas, subrayando la injusticia que representaba su prolongada prisión sin condena. Aunque legalmente no podía otorgarle un indulto —por no haber sentencia—, su gobierno impulsó recursos legales a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, lo que contribuyó a reactivar el análisis judicial del caso.
Finalmente, la resolución judicial del 31 de julio de 2025 confirmó la absolución de Vallarta, quien enfrentaba acusaciones por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. La Fiscalía había solicitado una condena de más de 300 años, pero no logró acreditar su responsabilidad penal.
El caso Vallarta ha sido usado como ejemplo tanto de los errores del sistema judicial, como del abuso de la prisión preventiva en México. A pesar de su liberación, algunos aspectos del caso —como las denuncias originales de secuestro— permanecen sin esclarecer del todo, y la discusión pública ha girado más en torno a las fallas del proceso que al fondo del asunto.
Con su salida del penal del Altiplano, Israel Vallarta se convierte en símbolo de un proceso judicial que durante años acumuló críticas, revisiones internacionales y llamados a una justicia más garantista. Su caso será recordado no solo por las omisiones y el montaje, sino por haber puesto en debate los límites entre justicia, política y reparación.
El gobierno venezolano anunció una amnistía general para presos políticos, medida inédita que busca borrar causas penales y restituir derechos civiles a cientos de opositores, activistas y periodistas encarcelados en los últimos años. Aunque el chavismo afirma que más de 600 personas han sido liberadas, organizaciones de derechos humanos solo han confirmado unas 300 excarcelaciones y advierten que aún entre 600 y 700 presos políticos permanecen detenidos
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) inició el despido de entre 350 y 500 empleados de confianza como parte de la política de austeridad del Poder Judicial. Analistas, técnicos y jefes de departamento fueron notificados de la terminación de sus nombramientos. El contraste es evidente: mientras se recorta personal y prestaciones, los ministros de la Suprema Corte adquirieron camionetas blindadas de 7 millones de pesos cada una, un gasto que exhibe la distancia entre la austeridad aplicada a la base y los privilegios de la cúpula judicial
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que una célula de “Los Chapitos” fue la responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán. El atentado dejó gravemente heridos a Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, quienes permanecen hospitalizados bajo custodia policial. El gobierno federal desplegó 1,600 militares en Sinaloa para reforzar la seguridad y contener la violencia
El caso del narcotraficante Ryan Wedding desató un choque de narrativas entre Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estados Unidos lo presentó como un operativo encubierto del FBI, mientras México insistió en una entrega voluntaria para evitar reconocer intervención extranjera. La disputa refleja la tensión entre cooperación real y soberanía discursiva: México ha cedido en seguridad y migración bajo presión de Trump, pero cuida cada palabra para no validar una imagen de subordinación.
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