En sólo tres meses, 17 periodistas y ciudadanos fueron sancionados judicial o electoralmente por expresar críticas al poder o revelar casos de corrupción. Gobernadores, senadores y magistradas están entre los denunciantes. Las sanciones van desde multas millonarias y prisión, hasta censura editorial y humillaciones públicas. La mayoría de los castigos se originaron en publicaciones incómodas para los actores políticos denunciantes.