El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, fue tajante al afirmar que no habrá pactos con los narcotraficantes. Aunque reconoció avances inéditos de México en cooperación de seguridad bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, subrayó que la amenaza del crimen organizado sigue siendo la más grave de la región. Rubio insistió en que la estrategia estadounidense se basa en confrontación directa, sin treguas, y en alianzas regionales para enfrentar a los cárteles, mientras señaló a Venezuela como un caso opuesto de complicidad con el crimen
La defensa de García Luna denuncia juicio “contaminado”
La defensa de Genaro García Luna apeló la sentencia de 38 años de prisión dictada en Nueva York, argumentando irregularidades graves en el proceso. Los abogados sostienen que hubo testimonios falsos, ocultamiento de pruebas exculpatorias, restricciones indebidas al contrainterrogatorio y uso de evidencias prejuiciosas, además de una condena considerada desproporcionada. El recurso busca la anulación del juicio o la reposición completa del procedimiento, abriendo una nueva etapa en el caso más emblemático contra un exfuncionario mexicano en Estados Unidos
El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, fue tajante al afirmar que no habrá pactos con los narcotraficantes. Aunque reconoció avances inéditos de México en cooperación de seguridad bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, subrayó que la amenaza del crimen organizado sigue siendo la más grave de la región. Rubio insistió en que la estrategia estadounidense se basa en confrontación directa, sin treguas, y en alianzas regionales para enfrentar a los cárteles, mientras señaló a Venezuela como un caso opuesto de complicidad con el crimen
EMEEQUIS.– La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, presentó formalmente una apelación contra la sentencia de 38 años de prisión dictada por la Corte del Distrito Este de Nueva York. Los abogados César de Castro y Valerie Gotlib argumentan que el proceso estuvo marcado por irregularidades, desde presuntas violaciones al debido proceso hasta el ocultamiento de pruebas que podrían haber favorecido al acusado.
CINCO EJES DE LA DEFENSA
El documento, entregado el 18 de diciembre y compuesto por 78 páginas y más de 4,600 anexos, plantea cinco puntos centrales:
- Perjurio de testigos clave, cuyas declaraciones habrían sido falsas o inconsistentes.
- Ocultamiento de evidencia exculpatoria por parte de la fiscalía.
- Restricciones indebidas al contrainterrogatorio, limitando la defensa frente a testigos cooperantes.
- Uso de pruebas prejuiciosas, como fotografías de propiedades sin vínculo directo con delitos.
- Sentencia desproporcionada, que consideran excesiva frente a casos similares.
TESTIMONIOS EN LA MIRA
Uno de los relatos cuestionados es el del exagente federal Francisco Cañedo Zavaleta, quien aseguró que García Luna fue secuestrado por sicarios de los Beltrán Leyva en la carretera México-Cuernavaca. La defensa sostiene que existen registros médicos que prueban que ese día el exfuncionario estaba en el Hospital Ángeles acompañando a su esposa. También señalan contradicciones en el testimonio de Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, al narrar hechos cronológicamente imposibles, como visitas a instalaciones que aún no existían.
PRUEBAS OMITIDAS
Los abogados acusan que la fiscalía estadounidense no presentó documentos oficiales que mostraban revisiones de antecedentes y pruebas de polígrafo realizadas a García Luna, en las que no se detectaron alertas de seguridad. Además, señalan que al menos un testigo cooperante continuó delinquiendo mientras negociaba beneficios judiciales, situación que tampoco fue informada al jurado.
LIMITACIONES EN EL JUICIO
La defensa también cuestiona al juez Brian Cogan, quien habría restringido el contrainterrogatorio a testigos como Sergio Villarreal Barragán y Harold Poveda Ortega. Según los abogados, esta decisión violó el derecho de confrontación. Asimismo, critican la admisión de fotografías de propiedades y bienes sin pruebas que demostraran que provenían de actividades ilícitas, lo que consideran influyó de manera negativa en la percepción del jurado.
UNA SENTENCIA QUE SEÑALAN COMO EXCESIVA
Finalmente, la apelación impugna la pena de 38 años de prisión y la multa de dos millones de dólares, al considerarlas desproporcionadas y basadas en hechos no probados. La defensa insiste en que la condena no corresponde con la situación financiera del exfuncionario ni con precedentes judiciales en casos similares.
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