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Sandra Lucía Téllez, socia de la Guardería ABC y prófuga desde 2022, fue deportada desde EU y encarcelada en Hermosillo para cumplir una sentencia de casi 29 años por homicidio y lesiones culposas. Su captura reaviva la exigencia de los padres de las víctimas: justicia completa por la muerte de 49 niños y las negligencias del Estado
Ausencia de Sheinbaum en Zacatecas fue por "prudencia", dice Ricardo Monreal, tras las protestas del sábado en Aguascalientes. Silencio presidencial.
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EMEEQUIS.- A más de 15 años de la tragedia de la Guardería ABC, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México, la justicia volvió a poner en el centro del debate a una de las figuras señaladas desde el inicio: Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria del inmueble en Hermosillo donde murieron 49 menores y resultaron lesionados 106 más en junio de 2009.
Tras años prófuga en Estados Unidos, Téllez fue detenida y deportada por las autoridades norteamericanas y entregada en la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora. Desde allí fue trasladada bajo fuerte resguardo al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición de un juez federal.
De acuerdo con versiones de padres agrupados en el Movimiento Cinco de Junio, Téllez huyó del país en 2022, cuando enfrentaba ya una sentencia de casi 29 años de prisión por homicidio y lesiones culposas. Su nombre había quedado marcado no solo por ser una de las propietarias, sino por sus supuestos vínculos con redes políticas cercanas al IMSS y a la entonces primera dama Margarita Zavala, lo que alimentó durante años la percepción de protección institucional.
Su retorno forzado a México marca un hito: por primera vez en más de una década, los familiares de las víctimas ven a una de las señaladas frente a la justicia, aunque el reclamo de fondo sigue siendo el mismo: no todos los responsables han pagado.
El incendio de la Guardería ABC no fue solo una tragedia accidental. Diversos peritajes documentaron que el inmueble operaba en condiciones de alto riesgo, sin salidas de emergencia adecuadas y con materiales inflamables. La falta de supervisión por parte del IMSS y las autoridades locales convirtió el caso en un símbolo de corrupción y negligencia institucional.
“Lo que pasó en la ABC no fue un accidente, fue el resultado de omisiones criminales”, insisten los padres de familia, quienes durante más de una década han mantenido vigilias, protestas y litigios.
Aunque la captura de Téllez representa un paso, el Movimiento Cinco de Junio y legisladores como la senadora Lilly Téllez subrayan que aún falta procesar a funcionarios de alto nivel que autorizaron la operación de la guardería. “La ABC es una herida abierta que no se cierra sin justicia completa”, reiteró.
En los últimos años, organismos internacionales han recordado que México tiene la obligación de garantizar verdad y reparación integral para las víctimas, no solo detenciones aisladas.
La tragedia de la Guardería ABC trascendió fronteras. Es estudiada como ejemplo de cómo la corrupción, la falta de regulación y la cercanía entre empresas privadas y gobierno pueden derivar en catástrofes sociales.
La captura de Sandra Lucía Téllez podría reactivar el expediente, pero también reabre el cuestionamiento sobre cuánto ha cambiado el Estado mexicano en su forma de garantizar seguridad y justicia.
Los familiares, por su parte, lo tienen claro: mientras no se castigue a todos los responsables y no se garantice que una tragedia así no se repetirá, la herida seguirá abierta.
@emeequis
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