Gobierno interino de Sinaloa avala pensión de 67 mil pesos para mando policiaco acusado por EU

En medio de una profunda crisis política, el Gobierno de Sinaloa, encabezado de forma interina por Yeraldine Bonilla, solicitó formalmente al Congreso local autorizar una pensión anticipada de 67 mil 477 pesos mensuales para Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación del estado. El trámite ha desatado una fuerte indignación debido a que el exmando policial, alias "El Cholo", fue formalmente acusado por la Fiscalía de Nueva York de recibir sobornos mensuales de 16 mil dólares de la facción de "Los Chapitos" a cambio de impunidad total y la liberación de delincuentes

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EMEEQUIS.– La tormenta política que sacude los cimientos institucionales de Sinaloa ha sumado un capítulo que profundiza la desconfianza pública y enciende las alarmas en el ámbito binacional. El polémico proceso para otorgar una jubilación anticipada a Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación del estado, ha reactivado con fuerza el debate sobre la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones de justicia de la entidad.

Esta maniobra administrativa ocurre bajo el cobijo de una administración estatal interina que parece decidida a asegurar el futuro financiero de un mando policial severamente señalado por el Departamento de Justicia estadounidense.

UNA JUBILACIÓN EXPRESS EN MEDIO DE EXPEDIENTES EXTRANJEROS

El trámite formal, que ya comenzó su ruta en las comisiones de la legislatura local tras ser presentado ante el Pleno el pasado 18 de junio, cuenta con el aval directo del Poder Ejecutivo sinaloense, encabezado de forma interina por Yeraldine Bonilla. A través de un documento oficial membretado, la mandataria estatal solicita de manera formal a los diputados que validen el beneficio del retiro adelantado para Contreras Núñez. El argumento central es que el exfuncionario acreditó supuestamente las pruebas jurídicas y los años de servicio necesarios para recibir una compensación mensual vitalicia de casi 68 mil pesos.

La polémica de esta solicitud radica en que el exmando policiaco no se retira bajo circunstancias ordinarias de servicio, sino arrastrando un pliego de cargos criminales emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el pasado 29 de abril. De acuerdo con el expediente federal norteamericano, el Comisario General, identificado en el bajo mundo con el alias de “El Cholo”, utilizó su posición de máximo poder dentro de la Fiscalía del Estado para actuar presuntamente como un brazo operativo y protector de la facción de “Los Chapitos”, la célula delictiva liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

EL PRECIO DE LA IMPUNIDAD: 16 MIL DÓLARES MENSUALES POR LA LIBERTAD CRIMINAL

Las indagatorias de las agencias de inteligencia estadounidenses describen una red de complicidades profundamente arraigada, donde Contreras Núñez habría recibido pagos sistemáticos de 16 mil dólares mensuales entre noviembre de 2022 y febrero de 2026, fecha en que abandonó sus funciones operativas.

A cambio de este financiamiento ilícito, el entonces jefe policiaco presuntamente ordenaba de manera directa la liberación inmediata de operadores de Los Chapitos que eran capturados por delitos relacionados con el narcotráfico, garantizando que el grupo delictivo pudiera desplegar violencia a gran escala sin temor a represalias legales.

El panorama judicial para el exjefe de investigación es sombrío en las cortes neoyorquinas, donde enfrenta tres cargos de alta gravedad: conspiración internacional para la importación de narcóticos, posesión ilegal de ametralladoras y conspiración para el uso de artefactos explosivos de alto poder destructivo. De ser detenido por las autoridades norteamericanas y hallado culpable en un tribunal civil, Contreras Núñez podría alcanzar una sentencia penal que va desde un piso mínimo de 40 años tras las rejas hasta la reclusión perpetua.

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EL EFECTO DOMINÓ QUE SOCAVÓ AL GOBIERNO DE RUBÉN ROCHA MOYA

Este escándalo no es un hecho aislado, sino la ramificación de una investigación mucho más amplia que alcanzó la cúspide del poder estatal, provocando que el gobernador constitucional de extracción morenista, Rubén Rocha Moya, tuviera que solicitar una licencia formal a principios de mayo de este año. La acusación del gobierno estadounidense contra el mandatario sinaloense fracturó temporalmente las relaciones diplomáticas en materia de seguridad, obligando al gobierno federal mexicano a exigir la presentación formal de pruebas mientras la administración estatal se reconfiguraba de emergencia ante el embate judicial.

La lista de funcionarios sinaloenses vinculados en el mismo expediente de la Corte de Nueva York abarca a una decena de personajes clave de la política local, entre los que destaca el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien permanece en su escaño sin solicitar licencia, blindado por el fuero constitucional. En contraposición, otros señalados como el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, optaron por separarse de sus cargos para atender de forma discreta los llamados a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en un intento por desmarcarse de las imputaciones.

CAPTURAS EN LA FRONTERA Y EXMANDOS PRÓFUGOS

El alcance del caso ha llevado a que exservidores públicos de la administración de Rocha Moya busquen soluciones extremas en territorio estadounidense o mediante recursos legales en México. Tal es el caso de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, quien intentó interponer amparos contra una extradición rápida, pero terminó siendo arrestado por autoridades federales en la Garita de Nogales, Arizona, para posteriormente ser presentado ante un juez en Manhattan, donde rechazó tajantemente las acusaciones.

Por el contrario, otros personajes como el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, habrían optado por una entrega pactada en la ciudad de Nueva York, mientras que exmandos operativos de rango medio como José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, permanecen con un paradero desconocido.

Mientras el Congreso de Sinaloa decide si financia el retiro de un hombre buscado por la justicia internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha condicionado las detenciones provisionales a que la Casa Blanca formalice la entrega de evidencias sólidas dentro del marco de los tratados de extradición vigentes.

PUNTOS CLAVE DE LA NOTA

  • Pensión bajo sospecha: El Gobierno de Sinaloa tramita formalmente una pensión anticipada de 67 mil 477 pesos mensuales para Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación estatal.
  • Señalamiento de la Corte de Nueva York: Contreras Núñez, alias “Cholo”, es acusado por Estados Unidos de recibir sobornos de 16 mil dólares al mes de parte de la facción de Los Chapitos a cambio de impunidad total.
  • Cargos criminales graves: El exmando policial enfrenta tres cargos federales en EE.UU., incluyendo conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras, delitos que alcanzan una pena mínima de 40 años de prisión.
  • Crisis política de fondo: Las imputaciones derivaron en la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya en mayo pasado, involucrando a otros nueve funcionarios del aparato gubernamental de Sinaloa.
  • Postura del Gobierno Federal: La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que México no ejecutará órdenes de aprehensión urgentes si Estados Unidos no remite las pruebas correspondientes dentro del juicio de extradición.

@emeequis

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