Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Denuncian a Alito por desvío de 4 mil MDP cuando era gobernador de Campeche
Alejandro Moreno fue acusado de un presunto desvío de casi 4 mil millones de pesos cuando era gobernador de Campeche, de acuerdo con el diputado Miguel Prado de los Santos, quien se basó en irregularidades no resueltas de la ASF. También en el propio PRI denuncian a Alito por “moches”.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Las irregularidades habrían ocurrido en su paso como gobernador de Campeche. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– El diputado Miguel Prado de los Santos, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, interpuso una denuncia contra Alito Moreno ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, por el presunto desvío de 3 mil 941 millones 744 mil 886 pesos, que habría ocurrido en el periodo como gobernador de Campeche del ahora dirigente del PRI.
En la denuncia se señala a Alejandro Moreno y a quienes resulten responsables por presuntos delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, hechos de corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, peculado, uso ilícito de atribuciones o facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la citada cantidad.
La denuncia señala diferentes irregularidades halladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche de 2015 a 2019, mismas que no han sido aclaradas, lo que presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública.
La denuncia fue recibida el 27 de abril por la titular María de la Luz Mijangos. Los presuntos delitos se habrían cometido en su desempeño como gobernador de Campeche del 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, señaló el diputado Prado de los Santos.
La revisión de la ASF detectó 92 irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos destinados a Campeche entre 2016 y 2019, principalmente del sector salud y el pago de nóminas.
TAMBIÉN LO DENUNCIAN EN EL PRI POR “MOCHES”
En el PRI también fue denunciado Alejandro Moreno. El pasado 25 de abril, la diputada federal del Tricolor, Monserrat Arcos, presentó una denuncia contra el dirigente priísta por presuntos delitos de violencia política en razón de género, además del posible desvío de al menos 16 millones de pesos, en una acción conocida como “moches”.
Montserrat Arcos denunció a Alejandro Moreno ante la Fisel.
“Se me planteó un esquema fiscal para poder simular el uso de un recurso que era exclusivamente para las mujeres del partido para temas de capacitación. Estamos hablando de 32 millones de pesos y les iban a ayudar a devolverse la mitad”, señaló la legisladora en una entrevista con W Radio.
En la denuncia de Arcos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel) se expone que, cuando ella fue titular del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), Alito Moreno personalmente le solicitó que los recursos que recibe el partido a nivel nacional, y que están etiquetados para acciones de promoción política de las mujeres, se fueran para la contratación de cursos por 32 millones, de los cuales la empresa que los cobró devolvería la mitad a Alito Moreno.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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