“Estaré encabezando las mesas de coalición… vamos a ponernos de acuerdo”, dice Citlalli Hernández: asegura que las diferencias con sus aliados no implican ruptura, sino parte natural de una negociación política.
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Citlalli Hernández deja la Secretaría de las Mujeres para irse a Morena, en medio de un clima de división en la 4T por las alianzas rumbo a 2027.
“Estaré encabezando las mesas de coalición… vamos a ponernos de acuerdo”, dice Citlalli Hernández: asegura que las diferencias con sus aliados no implican ruptura, sino parte natural de una negociación política.
Fueron condenados a 141 años y 3 meses los 10 implicados en el funcionamiento del Rancho Izaguirre de Teuchitlán, además de una indemnización de 1.3 millones de pesos.
“Estaré encabezando las mesas de coalición… vamos a ponernos de acuerdo”, dice Citlalli Hernández: asegura que las diferencias con sus aliados no implican ruptura, sino parte natural de una negociación política.
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Además tienen que pagar más de un millón de pesos cada uno. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.- Fueron condenados a 141 años y 3 meses los 10 implicados en el funcionamiento del rancho Izaguirre de Teuchitlán, utilizado como campo de adiestramiento y desaparición forzada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Los delitos de la condena fueron desaparición agravada, contra particulares y homicidio calificado. Los implicados fueron detenidos en el interior del rancho de Jalisco en septiembre de 2024. La captura se dio por elementos de la Guardia Nacional luego de recibir una denuncia ciudadana. Sin embargo, en ese momento no se realizaron los trabajos periciales correctos para dimensionar la magnitud de los crímenes que se cometían en el lugar.
La audiencia de la sanción incluyó una indemnización de 1.3 millones de pesos como pago de la reparación del daño.
Cabe recordar que dentro del rancho se encontró a una persona fallecida y dos que se encontraban secuestradas.
La GN detuvo a diez individuos, que son los que fueron procesados por la justicia mexicana: Lennin “N” (o Kevin “N”), David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”. El 1 de julio de 2025, un Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado inició un juicio oral contra ellos por delincuencia organizada, desaparición de personas y trata, culminando el 7 de julio con un fallo condenatorio por todos los cargos y sus agravantes. Los acusados recibieron penas privativas de libertad y una indemnización de 1.3 millones de pesos por reparación del daño.
Paralelamente, se investiga a tres policías municipales de Tala, supuestamente ligados a un cártel criminal bajo las órdenes de José Gregorio “N” (Comandante Lastra), detenido en marzo en la Ciudad de México. Asimismo, el alcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, fue arrestado en mayo por la FGR en un operativo discreto, acusado de los mismos delitos, incluyendo reclutamiento para el grupo criminal. En marzo de 2025, la agrupación Guerreras Buscadoras de Jalisco halló en el rancho cientos de prendas, enseres y restos óseos calcinados, aunque la FGR refutó la existencia de crematorios clandestinos.
El Rancho Izaguirre se convirtió en un símbolo de la crisis de violencia y desapariciones forzadas en el país tras el hallazgo de evidencias perturbadoras en marzo de 2025. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, descubrió en el predio fosas clandestinas, restos óseos calcinados, cientos de zapatos, ropa, mochilas y objetos personales, así como indicios de crematorios clandestinos utilizados para desaparecer cuerpos.
El rancho, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue identificado como un centro de reclutamiento forzado y exterminio, donde jóvenes eran llevados bajo engaños o por la fuerza para ser entrenados como sicarios, y aquellos que se resistían eran torturados o asesinados. Este descubrimiento, hecho tras una denuncia anónima, conmocionó a la sociedad mexicana y desató un debate sobre la ineficacia de las autoridades, ya que el lugar había sido intervenido por la Guardia Nacional en septiembre de 2024 sin que se detectara la magnitud de los crímenes.
El Rancho Izaguirre, un terreno rural de aproximadamente 10,000 metros cuadrados rodeado de muros y ubicado a unos 50 km de Guadalajara, operaba en una zona controlada por el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Según testimonios de sobrevivientes y colectivos de búsqueda, el lugar funcionaba como una “escuelita del terror”, donde los reclutados enfrentaban entrenamientos brutales, torturas, y en algunos casos, prácticas de extrema crueldad como desmembramientos y cremaciones.
Entre los hallazgos se encontraron cuadernos con listas de apodos, identificaciones, cargadores de armas, y hasta una carta de despedida de un joven que logró escapar. Las evidencias sugieren que el rancho operaba desde al menos 2012, con actividades que incluían adiestramiento táctico, acondicionamiento físico, y posiblemente extracción de órganos para el mercado negro, lo que subraya la magnitud de la violencia sistemática en la región.
“Estaré encabezando las mesas de coalición… vamos a ponernos de acuerdo”, dice Citlalli Hernández: asegura que las diferencias con sus aliados no implican ruptura, sino parte natural de una negociación política.
Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena, admitió el sacrificio de más de 10 mil animales en Tecámac y amenazó a activistas que la critican. La Fiscalía investiga el caso.
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