“Estamos tranquilos, no va a pasar nada. Ya hablé con la presidenta”, dice Rocha Moya. Sin embargo, Sheinbaum ha mantenido un extraño silencio.
Luego de las denuncias de corrupción entre funcionarios mexicanos por parte del embajador Johnson en Sinaloa, Sheinbaum reaccionó con una sonrisa. Hoy se materializaron esas acusaciones contra Rocha Moya.
"Este momento es muy importante en la historia de México, empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de Morena", dice Lilly Téllez. Algunos morenitas hacen tímida defensa de Rocha Moya y otros se escabullen.
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
“Estamos tranquilos, no va a pasar nada. Ya hablé con la presidenta”, dice Rocha Moya. Sin embargo, Sheinbaum ha mantenido un extraño silencio.
El Congreso de la CDMX aprobó por unanimidad la propuesta de Clara Brugada para regular la actividad de franeleros y “viene viene”, imponiendo arrestos de 24 a 36 horas por apartar espacios o cobrar por cuidar autos, y ofreciendo programas de empleo formal a través de la Secretaría del Trabajo
“Estamos tranquilos, no va a pasar nada. Ya hablé con la presidenta”, dice Rocha Moya. Sin embargo, Sheinbaum ha mantenido un extraño silencio.
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EMEEQUIS.– En una sesión extraordinaria y con una votación unánime de 53 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México dio luz verde a la propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para transformar la actividad de los llamados “franeleros” o “viene viene” y abrirles oportunidades de empleo formal.
La reforma, que modifica y adiciona diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica, establece que apartar espacios de estacionamiento, obstruir la vía pública o solicitar pagos por vigilar, estacionar, lavar o cuidar vehículos, será considerado una infracción especial contra la seguridad ciudadana. Quien incurra en estas prácticas podrá recibir arrestos de 24 a 36 horas.
Entre los cambios aprobados, se incluyó una nueva fracción XXXIX al artículo 3, la creación del artículo 28 Bis para tipificar estas infracciones, la adición de un último párrafo al artículo 31, y la reforma al artículo 32.
El objetivo —según los legisladores— no es criminalizar a quienes dependen de esta actividad, sino integrarlos en esquemas laborales dignos. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo será la encargada de diseñar programas para su incorporación a la economía formal.
El morenista Pedro Haces Lago subrayó que la iniciativa busca “abrirles las puertas a nuevas oportunidades que no afecten a las y los demás”.
Desde el Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez calificó la medida como “un paso decisivo para recuperar el espacio público” y recordó que el uso indebido de las calles vulnera derechos como la movilidad segura y el libre tránsito.
Por su parte, Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano, reconoció que el manejo previo del problema fue deficiente y confió en que la reforma será “una vía para enfrentar la apropiación indebida de la vía pública y ofrecer alternativas de empleo”.
La perredista Nora Arias Contreras advirtió que las prácticas de obstrucción afectan no sólo la movilidad, sino también la seguridad, al bloquear accesos de emergencia y pasos peatonales.
@emeequis
“Estamos tranquilos, no va a pasar nada. Ya hablé con la presidenta”, dice Rocha Moya. Sin embargo, Sheinbaum ha mantenido un extraño silencio.
Luego de las denuncias de corrupción entre funcionarios mexicanos por parte del embajador Johnson en Sinaloa, Sheinbaum reaccionó con una sonrisa. Hoy se materializaron esas acusaciones contra Rocha Moya.
"Este momento es muy importante en la historia de México, empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de Morena", dice Lilly Téllez. Algunos morenitas hacen tímida defensa de Rocha Moya y otros se escabullen.
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
