Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Consejeros VIP justifican sentarse delante de Xóchitl en debate
A pesar de que los partidos estaban en contra, cuatro consejeros se colocaron en sillas VIP durante el debate. Con su presencia incomodaron a Xóchitl Gálvez. Este jueves se justificaron: “Estamos en nuestra casa”, dijo Norma de la Cruz.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La posición de los consejeros VIP quedó de frente a Xóchitl Gálvez, quien luego se quejó de distracciones. Foto: Andrea Meraz.
EMEEQUIS.– Tras el debate del domingo, en el que se acomodaron en una hilera de sillas cercana a las candidatas y candidato, se les llamó “consejeros VIP” a Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Rita Bell López y Jorge Montaño.
Las sillas daban de frente a la candidata opositora Xóchitl Gálvez, quien posteriormente se quejó del acomodo porque se distrajo de su participación.
Esto pese a que, de acuerdo con la consejera Carla Humphrey, en el acuerdo previo al debate nunca se mencionó este acomodo, por lo que los cuatro consejeros actuaron por iniciativa propia para estar en la sala del debate.
“ESTAMOS EN NUESTRA CASA”
Este jueves, varios de los consejeros VIP justificaron su presencia. Afuera de las instalaciones del INE, ante reporteros, Rita Bell dijo que cuando llegó las sillas ya estaban así. Negó que hubieran distraído a Gálvez: “hubo una decisión de estar los que quisieran estar”.
En tanto, Norma de la Cruz explicó: “Primero ¿cómo te puedes meter a tu casa? Estamos en nuestra casa. Fue un acuerdo de la mesa de consejeros que, quienes decidieron así hacerlo (estar presentes en el debate), lo hicieran. Eso fue un acuerdo que hubo en la mesa.
“Qué bueno que están ustedes, por cómo se ha ido manejando esa historia, donde el debate no debe ser quiénes estábamos ahí, sino qué pasó en el debate.
“Fue un acuerdo de la mesa y el acuerdo fue: quien decidiera hacerlo se quedara. Fuimos cuatro consejerías que decidimos hacerlo y quienes decidieron no hacerlo estuvieron en el auditorio”.
“Es nuestra casa”, señaló Norma de la Cruz. Video: Otilia Carvajal.
LOS PARTIDOS NO ESTABAN DE ACUERDO
Carla Humphrey Jordan, consejera del INE y encargada de la Comisión Temporal de Debates, mencionó el martes pasado, sin decir nombre, que una de las candidatas manifestó su inconformidad con la presencia de cuatro consejeros del INE durante el debate. “Una candidata también me hizo saber que está muy molesta por ese tema que tuvo de frente, justamente a mis colegas, y que veía sus reacciones, y que eso la distraía”.
Después se sabría que fue Xóchitl Gálvez.
Ese mismo martes, Xóchitl Gálvez, reconoció: “Nunca estuve cómoda, porque mi cámara estaba fuera del set, queda como hacia la puerta y había gente, había sillas de gente sentada y tenía que estar viendo la cámara y luego voltear a ver a los moderadores”, explicó.
Los consejeros VIP decidieron estar presentes por determinación propia, no por una decisión colegiada, “se quedó que a título personal las consejerías iban a determinar si iban a estar o no en el foro”.
Su presencia se dio a pesar de haberse informado que ningún partido político estaba de acuerdo con su presencia: “Ninguna representación de ninguna candidatura estaba de acuerdo con que estuvieran en el foro. El viernes, yo les pedí si ya habían valorado esta situación; me dijeron que sí”, señaló Humphrey el martes.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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