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La cacería de la administración Trump en Estados Unidos sumó una nueva víctima mortal con la ejecución de Lorenzo Salgado Araújo, un albañil mexicano de 52 años asesinado a tiros por agentes del ICE en Houston, Texas, tras ser "confundido" con un migrante guatemalteco. El crimen, ocurrido en el histórico barrio de Magnolia Park cuando la víctima huía de autos sin distintivos oficiales por temor a un asalto, elevó a 17 la cifra de connacionales fallecidos bajo la operación de esta agencia migratoria; un hito de violencia institucional que ha obligado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a ordenar acciones legales contundentes ante el Departamento de Justicia estadounidense, apoyadas por la FGR, tras acumular 11 notas diplomáticas de protesta ignoradas por la Casa Blanca.

El asesinato de Benjamín Medrano Quezada en Guadalajara ha sacudido la escena política nacional, luego de confirmarse que el exalcalde de Fresnillo y primer edil abiertamente gay en la historia de México fue ejecutado a balazos en una heladería tras permanecer días como desconocido en el Semefo. El crimen contra el también empresario, quien se refugiaba en Jalisco debido a una orden de aprehensión por un presunto desvío de más de 60 millones de pesos en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), ha desatado acusaciones de persecución política por parte de su familia, abriendo un complejo expediente interestatal que entrelaza las cuentas públicas con la violencia letal

La desarticulación de la jefatura policial de Zacapu destapó una grave red de traición institucional en Michoacán, luego de que la FGE capturara al comisario Raúl Fuerte Rodríguez y a su subdirector por su presunta coautoría en la emboscada que provocó la muerte de cinco elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen. Las investigaciones de las autoridades estatales apuntan a que ambos mandos habrían orquestado el robo y desvío de las armas de cargo corporativas de la policía municipal con el objetivo de abastecer directamente a las células operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revelando cómo el arsenal del propio Estado fue entregado al crimen organizado para ejecutar la masacre en la Meseta Purépecha

La FGR sumó un nuevo fracaso en el caso Agronitrogenados luego de que una jueza federal rechazara imponer prisión preventiva justificada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, debido a que el Ministerio Público presentó datos desactualizados y obtuvo información financiera del Afore de la imputada sin autorización judicial. La juzgadora Nora Iliana García Peralta criticó duramente las deficiencias técnicas de la fiscalía —como basarse en notas periodísticas y alertas migratorias tardías—, por lo que determinó que Lozoya Austin, vinculada a proceso por lavado de dinero tras presuntamente triangular 3.4 millones de dólares de AHMSA, llevará su proceso en libertad provisional con el uso de un brazalete electrónico, mientras la FGR mantiene abiertas otras indagatorias que incluyen el caso Odebrecht