El asesinato de Benjamín Medrano Quezada en Guadalajara ha sacudido la escena política nacional, luego de confirmarse que el exalcalde de Fresnillo y primer edil abiertamente gay en la historia de México fue ejecutado a balazos en una heladería tras permanecer días como desconocido en el Semefo. El crimen contra el también empresario, quien se refugiaba en Jalisco debido a una orden de aprehensión por un presunto desvío de más de 60 millones de pesos en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), ha desatado acusaciones de persecución política por parte de su familia, abriendo un complejo expediente interestatal que entrelaza las cuentas públicas con la violencia letal
mandos policiales
MÁS CONTENIDOS
El asesinato de Benjamín Medrano Quezada en Guadalajara ha sacudido la escena política nacional, luego de confirmarse que el exalcalde de Fresnillo y primer edil abiertamente gay en la historia de México fue ejecutado a balazos en una heladería tras permanecer días como desconocido en el Semefo. El crimen contra el también empresario, quien se refugiaba en Jalisco debido a una orden de aprehensión por un presunto desvío de más de 60 millones de pesos en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), ha desatado acusaciones de persecución política por parte de su familia, abriendo un complejo expediente interestatal que entrelaza las cuentas públicas con la violencia letal
La desarticulación de la jefatura policial de Zacapu destapó una grave red de traición institucional en Michoacán, luego de que la FGE capturara al comisario Raúl Fuerte Rodríguez y a su subdirector por su presunta coautoría en la emboscada que provocó la muerte de cinco elementos de la Guardia Civil en Nahuatzen. Las investigaciones de las autoridades estatales apuntan a que ambos mandos habrían orquestado el robo y desvío de las armas de cargo corporativas de la policía municipal con el objetivo de abastecer directamente a las células operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revelando cómo el arsenal del propio Estado fue entregado al crimen organizado para ejecutar la masacre en la Meseta Purépecha
La FGR sumó un nuevo fracaso en el caso Agronitrogenados luego de que una jueza federal rechazara imponer prisión preventiva justificada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, debido a que el Ministerio Público presentó datos desactualizados y obtuvo información financiera del Afore de la imputada sin autorización judicial. La juzgadora Nora Iliana García Peralta criticó duramente las deficiencias técnicas de la fiscalía —como basarse en notas periodísticas y alertas migratorias tardías—, por lo que determinó que Lozoya Austin, vinculada a proceso por lavado de dinero tras presuntamente triangular 3.4 millones de dólares de AHMSA, llevará su proceso en libertad provisional con el uso de un brazalete electrónico, mientras la FGR mantiene abiertas otras indagatorias que incluyen el caso Odebrecht
La detención del abogado Alejandro Álvarez Puga en Cancún propina un golpe letal a la red de protección del clan Gómez Mont, al ser asegurado por la FGR como el último operador financiero clave que permanecía en libertad. El imputado fue recluido en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México para responder por su coautoría en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos de la Segob mediante empresas "factureras" y 1,446 operaciones bancarias simuladas; una captura estratégica que congela los activos de la organización y deja a la conductora Inés Gómez Mont completamente aislada y como la última prófuga de este histórico fraude al erario