Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Aunque se inscribieron 57, los aspirantes cercanos al padre Solalinde, Julio Scherer y Olga Sánchez Cordero figuran con más posibilidades. La UNAM y Rosario Ibarra también juegan sus cartas
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Aunque Elizabeth Lara Rodríguez y Arturo Peimbert Calvo arrancaron como favoritos en la carrera por la sucesión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a últimas horas tomaron fuerza otros tres candidatos: Rosario Piedra Ibarra, Ricardo Bucio Mújica y José de Jesús Orozco Henríquez.
De los 57 aspirantes inscritos, estos cinco son los más mencionados entre personajes de la 4T y legisladores involucrados en la elaboración de la lista oficial de quienes competirán para sustituir a Luis Raúl González Pérez, quien declinó la posibilidad de reelegirse luego de una serie de desencuentros con el presidente López Obrador.
Lara Rodríguez es la candidata del padre Alejandro Solalinde, quien ya presentó a la activista directamente con el presidente de México. Luego de que el sacerdote rechazara la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para buscar la titularidad de la CNDH, la activista de Loma Bonita, Oaxaca, tomó fuerza como aspirante al puesto. La oposición le critica haber asesorado a los maestros de la CNTE. También se le ubica como “muy lopezobradorista”, lo que mermaría su independencia.
Del abogado Peimbert se dice que cuenta con el apoyo de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia. El exdefensor de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca adquirió notoriedad por exponer en tribunales internacionales violaciones a las garantías de habitantes de Nochixtlán. Se le considera autónomo, aunque con cierta cercanía con la 4T.
Sin embargo, los senadores de oposición Kenia López Rabadán (PAN) y Emilio Álvarez Icaza (independiente) han enderezado críticas a Peimbert, quien fue electo durante el gobierno de Gabino Cué y transitó el cambio con el priísta Alejandro Murat.
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A Rosario Piedra Ibarra, hija de la activista que recibirá este año la Medalla Belisario Domínguez, también la ven con posibilidades de convertirse en la primera mujer en presidir el organismo autónomo. La amistad entre su madre y el presidente del país podría convertirse en un factor favorable, o todo lo contrario: todo depende de cómo se muevan las fuerzas al interior del Senado.
Un candidato de consenso podría ser Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), adscrito a la Secretaría de Gobernación. El expresidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tiene buena relación con panistas, priístas y perredistas, pero no todos los sectores de Morena lo consideran en la línea AMLISTA. Algunos han escuchado que Olga Sánchez Cordero se expresa bien de su trabajo.
El jurista José de Jesús Orozco Henríquez, quien ha presidido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la carta fuerte de la UNAM, donde ha dado clases por muchos años, y contar con el respaldo de varios funcionarios del establishment de la CNDH, lo que daría para algunos el mensaje de estabilidad e independencia frente al Ejecutivo. Otros le critican la posible continuidad de las políticas de González Pérez.
En medio de un país polarizado, la sucesión en la CNDH no escapará de la dicotomía entre amlistas y autónomos frente al poder presidencial. La batalla apenas empieza, pero el jueves 17 de octubre tendrá que quedar integrada la lista oficial de aspirantes que hayan cumplido con los requisitos.
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Desde el Senado hacen notar que uno de los requisitos es contar con “buena reputación”, lo que podría desatar una guerra de acusaciones tendientes a desprestigiar a los oponentes.
Luego vendrá el proceso de auscultación, en el que participarán las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado de la República, así como las organizaciones sociales y sectores involucrados en el tema.
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