Tras el choque de una pipa con un tractocamión en la autopista México-Puebla, la columna de humo se podía ver desde lejos. Hay un herido de gravedad y autoridades investigan para deslindar responsabilidades.
El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, tiene 13 ranchos a su nombre, según consta en su última declaración patrimonial. Ocho los adquirió durante el sexenio de su hermano AMLO.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
Tras el choque de una pipa con un tractocamión en la autopista México-Puebla, la columna de humo se podía ver desde lejos. Hay un herido de gravedad y autoridades investigan para deslindar responsabilidades.
El senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa enfrenta una creciente presión judicial y política en Chihuahua. La FGR lo investiga por el presunto uso electoral de programas sociales cuando fue delegado del Bienestar, bajo el expediente 6750/2022. Una sentencia reciente lo involucra indirectamente, al revelar inconsistencias en la entrega de apoyos a más de 4 mil adultos mayores. Además, un exfuncionario, Hugo Ruiz Esparza, lo acusa de amenazas, hostigamiento y persecución judicial tras negarse a participar en actos presuntamente irregulares.
Tras el choque de una pipa con un tractocamión en la autopista México-Puebla, la columna de humo se podía ver desde lejos. Hay un herido de gravedad y autoridades investigan para deslindar responsabilidades.
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EMEEQUIS.- Mal y de malas debe estar el senador Juan Carlos Loera de la Rosa. No sólo arrastra la derrota de 2021 frente a la panista Maru Campos —a pesar del apoyo de Javier Corral, entonces gobernador y ahora morenista converso—, sino que ahora, según nos cuentan, empiezan a salir a flote expedientes que podrían descarrilar su intento de regresar a la boleta en 2027.
La información que circula, es que desde hace tiempo la FGR le sigue la pista por el presunto desvío de recursos del programa de Bienestar para adultos mayores. El expediente 6750/2022 documentaría el uso electoral de padrones y apoyos, entre ellos Sembrando Vida y Becas Benito Juárez, cuando Loera era delegado federal y precandidato.
Pero lo que tiene verdaderamente nervioso al senador, nos dicen, es una reciente sentencia judicial. Un juez federal ordenó a la actual delegada de Bienestar, Mayra Chávez, entregar los estados financieros que dejó Loera tras su paso por la dependencia. ¿El resultado? Inconsistencias en la entrega de apoyos a más de 4 mil adultos mayores y un hueco difícil de explicar en los recursos federales.
También nos dicen que Hugo Ruiz Esparza, exservidor de la Nación que laboraba en Bienestar, no sólo ganó la sentencia sino que también ha denunciado amenazas directas. Y va más lejos: responsabiliza públicamente a Loera y a Adriana Montiel, titular nacional de Bienestar, de cualquier cosa que le ocurra a él o a su familia.
Ruiz Esparza habría renunciado tras negarse a participar en presuntas irregularidades, como acoso laboral, manipulación de padrones y desvío de apoyos con fines político-electorales. Su versión es que se negó a seguir la línea… y lo castigaron.
En su tiempo, Esparza dijo que a los adultos mayores no se le pagaba las pensiones completas.
“Los depósitos ante el banco sí se hacen, pero no las cantidades correspondientes, yo me enteré de todo este asunto desde hace unos 15 días, yo hace dos meses renuncié a la secretaría”, declaró en 2022 en una entrevista para un medio local.
¿Casualidad? Días después fue detenido por la FGR y trasladado a Jalisco bajo cargos que él califica como fabricados. Asegura que los documentos que probaban su inocencia fueron “desaparecidos” desde adentro. Todo esto, bajo el expediente 126/2024.
Mientras tanto, en Chihuahua ya se oyen voces dentro de Morena —sobre todo fundadores— que piden cuentas. Exigen que Loera aclare su relación con las carpetas que también se encuentran en la FISEL, por presunta comisión de delitos electorales.
Y aunque en sus redes el senador ya se muestra en modo campaña, según nos cuentan, en los cafés políticos de la capital ya se pregunta más de uno: ¿Será este el principio del fin para Loera?
¿O podrá construir candidatura en medio del fuego cruzado?
@emeequis
“El 9 de junio de 2022, la Delegación de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua levantó un acta administrativa donde se reporta la sustracción de una caja con 3,814 expedientes de beneficiarios del programa para adultos mayores, hecho que fue detectado casi un año después de que Juan Carlos Loera dejara el cargo de delegado.
“No existe prueba documental alguna que relacione al senador Juan Carlos Loera con la sustracción o alteración de padrones de beneficiarios, y ningún documento menciona su participación, firma u orden en los hechos investigados.
“El testimonio que sustenta la nota proviene de una persona actualmente sujeta a investigación penal y procedimientos administrativos, por lo que carece de imparcialidad y credibilidad”.
Tras el choque de una pipa con un tractocamión en la autopista México-Puebla, la columna de humo se podía ver desde lejos. Hay un herido de gravedad y autoridades investigan para deslindar responsabilidades.
El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, tiene 13 ranchos a su nombre, según consta en su última declaración patrimonial. Ocho los adquirió durante el sexenio de su hermano AMLO.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
