Al estilo del “Jefe” Diego, a la diputada morenista María de Jesús García Guardado le dio por gestionar la construcción de una carretera que culminará a las puertas de su finca de descanso, allá en Loreto, Zacatecas, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le dijo que sí.
Los ejidatarios de Santa Rosa y el alcalde petista de Loreto, José Luis Figueroa Rangel, difundieron el caso que, según nos advierten, podría escalar a niveles no previstos, pues terminaría implicando a funcionarios federales. Al menos esos son los augurios de personas entendidas en la política zacatecana.
Los primeros acusan a García Guardado de haber gestionado recursos federales para la construcción de una vialidad destinada a su uso particular. Se trata de una carretera de 1.58 kilómetros que va del entronque con la carretera San Marcos-La Alquería, a las puertas de la comunidad de El Álamo, que no son otras que las de la propia finca campestre de la legisladora. Una ojeada en Google muestra sin controversias que ahí no hay más viviendas, sino un par, aledañas a la “casa grande” de doña Chuy.
Los ejidatarios alegan que el camino cruzó sobre sus tierras, sin permiso del comisariado, y aseguran que, incluso, el marido de la congresista, Luis Álvaro Bocanegra Montoya, falsificó documentos para ostentarse como ejidatario ante la SCT y así “autorizar” los trabajos. Impostura que los funcionarios de la dependencia ni siquiera investigaron, dicen los quejosos. La versión es confirmada por el ya mencionado alcalde, Figueroa Rangel.
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Los ejidatarios llevaron su querella ante la Fiscalía del Estado de Zacatecas y ante la Procuraduría Agraria, pero es apenas el principio, porque, según nos explican, las obras continúan.
La SCT encargó el proyecto ejecutivo y la exención del impacto ambiental a Pedro Abraham Juárez Berumen, que cobró 1 millón 749 mil pesos. La ejecución corre a cargo del ingeniero topógrafo Antonio Prado Bañuelos, un constructor con creciente cartera de obras en el sector público zacatecano, quien cobró 1 millón 368 mil pesos por el camino de la diputada.
Un poco atípicamente, la obra le fue asignada por parte del Departamento de Contratos y Estimaciones de la SCT, que fungió como unidad contratante responsable. Aunque le dejaron los detalles del procedimiento de selección de los proveedores al Centro SCT – Zacatecas. Otra nota extraña consiste en que, aunque se trata de una obra nueva, el expediente fue catalogado como “conservación de camino rural”.
Como sea, hasta ahora se ha concluido ya el terraplén, es decir, los trabajos de terracerías, pero que para diciembre 29 tendría que estar colocado ya el concreto hidráulico que dotará de señorío a la finca de la legisladora, fecha prevista en el proyecto oficial.
ATAJOS DE LOS POLÍTICOS
No es la primera vez que políticos encumbrados echan mano de patrimonio público para satisfacer caprichos personales. Uno de los casos más llamativos fue el de “la carretera del amor”. En febrero de 2005, Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial panista y beneficiario de influencias, entonces senador en funciones, inauguró una carretera de 32 kilómetros, a cuatro carriles, que conectaba Arandas con Tepatitlán, en Jalisco.
La obra complacía una petición de Liliana León Maldonado, una joven de 27 años, exreina de belleza alteña, dueña del corazón del entonces poderoso sexagenario panista. Ahora es madre de tres de los hijos del llamado “Jefe” Diego.
Otro caso muy señalado es el de la carretera que va directamente de Fresnillo a las puertas del Rancho de Puebla del Palmar, con sus torreones de inspiración medieval, que resguardan varias de las fincas del clan Monreal y algunos de los centenares de hectáreas que conforman la rama agrícola de la fortuna de esa familia morenista. Fue camino rural por décadas, pero bajo la gubernatura de Ricardo Monreal se completó su versión asfaltada y hasta se le dieron tintes de autopista.
UNA ESTRELLA SURGIDA DE LA TÓMBOLA
Mientras tanto, a la diputada “Chuy” García Guardado podrían seguirle dando lata un par de semanas, en lo que se concreta la obra. Pero no le quita el sueño el “berrinche” de unos cuantos ejidatarios, según nos cuentan. Ha declarado a la prensa local que se trata de una campaña del presidente municipal de Loreto, que “no la quiere dejar trabajar”. Incluso dijo a noticieros de televisión que la carretera no pasa por tierras ejidales, sino por su propiedad. Así que ¿qué tanto alegan?.
Después de tanta alharaca, muchos se preguntan quién es la diputada García Guardado. Pues se trata de una normalista que a lo largo de casi 30 años escaló de profesora a directora del Jardín de Niños “Federico Froebel”, ahí en Loreto, hasta que llegó en 2006 a supervisora de zona.
Una década más tarde fue reclutada por Morena, que la hizo candidata a síndica en ese municipio (2016), pero su planilla perdió. En 2018 fue beneficiaria de la fortuna, que “la seleccionó” a través del método de tómbola, que presuntamente implementó Morena para regalar las candidaturas a diputados plurinominales.
En San Lázaro, García Guardado no es una diputada cualquiera, sino que es secretaria de la Comisión de Grupos Vulnerables, por donde pasa información privilegiada de los programas sociales y, más que eso, es una de las estrellas de la diputación magisterial morenista.
A ella tocó proponer, el 11 de septiembre de 2018, la “suspensión inmediata e indefinida de los procesos de evaluación” al magisterio nacional, que más rápido que inmediatamente fue aprobada por el pleno como asunto de “urgente resolución”.
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Y eso no es todo. Su esposo, Luis Álvaro Bocanegra Montoya, exdirector de la primaria Francisco Villa, el mismo al que acusan de usurpar la condición de ejidatario, fue jefe del departamento de Parques y Jardines en el gobierno municipal ¡del petista José Luis Figueroa Rangel! Sí, don José Luis ya había gobernado Loreto (2010-13), siempre por el PT.
Así que al menos la parte política del pleito se resolverá en las urnas en 2021. No obstante, nos alertan sobre el hecho de que ni la poderosa diputada ni los funcionarios de la SCT saldrán bien parados de este lance, y que fue la legisladora la que enredó el asunto: si su carretera pasó por tierras ejidales, se cometió un delito; si pasó por tierras de su propiedad, tantito peor, porque se confirmaría el uso de recursos públicos para un beneficio personal.
Y luego está la SCT. ¿Para qué invertir en concreto hidráulico para una vialidad que ni siquiera alcanza la categoría de camino vecinal?.
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