Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
El SARS-CoV-2 anda desatado… en la Cámara de Diputados; restringen acceso
Los más prudentes entraron sin asesores, otros más llevaron, no uno ni dos, sino a todo su equipo… Mario Delgado, Tatiana Clouthier, entre los señalados. En la Cámara, tras nuevos contagios reportados, se prevé nueva cerrazón.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
EMEEQUIS.– Tres diputados panistas confirmaron recientemente que, tras haberse reactivado las actividades legislativas en San Lázaro, resultaron positivos a Covid-19.
Esto despertó las alertas en la Cámara baja y, nos cuentan desde los mismos pasillos del recinto legislativo, ya se emitió la orden para volver a restringir el acceso.
En un mensaje a todos los subdirectores de las áreas de finanzas, recursos humanos y demás administrativos, se les solicitó, a altas horas de la noche del 9 de septiembre, que todo el acceso de personal a la Cámara de Diputados debía ser suspendido “debido a que se han manifestado contagios de Covid-19”.
Esto quiere decir que todas las solicitudes de acceso no serán aprobadas y que todos los equipos que ya estaban trabajando desde San Lázaro deberán volver a sus casas. Lo más preocupante para todos los que entraron entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre es el riesgo latente de haber contraído el SARS-CoV-2.
No es de sorprenderse, cuentan los empleados, si la sana distancia no se cumplió desde que el 31 de agosto pasado regresaran los legisladores a la zona de trabajo para determinar el futuro de la Mesa Directiva de San Lázaro, discusión que, tras el esfuerzo del Partido del Trabajo por tumbarle el derecho al PRI de presidirla, terminó por alargarse, obligando a los legisladores y sus empleados a permanecer más tiempo juntos en el mismo espacio.
Muchos recuerdan la falta de distanciamiento social, por ejemplo, al momento de la entrega de los celulares para emitir el voto a distancia por medio de una aplicación, también que muchos diputados ingresaron con más de un asesor, aunque la recomendación era que fueran sin compañía.
Hasta el momento son tres los diputados que han confirmado en sus redes sociales haber dado positivo a Covid tras este esfuerzo por reactivar la actividad legislativa.
El primer panista en hacer público el contagio fue Luis Mendoza Acevedo: “Les quiero comunicar por este medio que derivado de las pruebas de rutina a las que me he estado sometiendo he dado positivo al examen de COVID-19”.
Y así, cada hora un nuevo legislador de este grupo parlamentario fue confirmando el resultado positivo.
A las 11 de la mañana, la legisladora Michel González tuiteó en el mismo sentido. “Aunque no presento síntomas, acataré estrictamente el confinamiento”.
Y ya al mediodía, el diputado Xavier Azuara, de San Luis Potosí, confirmó lo propio. “No relajemos medidas de prevención, ¡cuidémonos!”, escribió.
Los trascendidos dicen que aunque estos tres son los que han hecho público su resultado, no son los únicos. Se tienen ubicadas al menos ocho personas contagiadas tras la reactivación de San Lázaro entre personal administrativo, asesores y legisladores.
¿SE SALVAN LOS PRUDENTES?
La orden para volver a San Lázaro es que los legisladores debían acudir sin compañía al recinto, pero no todos hicieron caso. Los más prudentes siguieron la orden, los de enmedio entraron con un asesor, aunque otros llevaron a más de un miembro del equipo.
En suma, nunca fue obligatorio para los legisladores realizarse la prueba de Covid. Para los asesores, la prueba no era ni siquiera una invitación porque “no se requiere su asistencia a sesión”.
Aquel 31 de agosto, entre los asesores de los grupos parlamentarios se difundió que, contrario a la idea que se tenía, el acceso era libre, sin listas de acceso, nada….
Sólo había que indicar en la entrada a qué área se iba, el motivo de la visita y dejar que le tomaran la temperatura. Nadie debía acreditar que estaba limpio de SARS-CoV-2, considerando que la fiebre es sólo un síntoma, pero no es determinante cuando de ser positivo a Covid se trata.
Uno de los más imprudentes, recuerdan nuestras fuentes, fue el mismo coordinador de bancada de Morena, Mario Delgado, quien –junto con sus legisladores más cercanos, Tatiana Clouthier, Maria de los Ángeles Huerta, Sergio Mayer– acudió no con uno o dos asesores, sino con todo su equipo.
Ya para el 6 de septiembre se abrió la posibilidad de que los diputados se realizaran la prueba en el recinto y, una vez más, se excluyó a los asesores, pese a que éstos sí ingresaron los días que hubo sesión. Los resultados de estas pruebas aún están pendientes.
SE PREVÉ CERRAZÓN
En espera de que en la Cámara se haga un análisis sobre si hay más de positivos entre los administrativos y sin descartar que más legisladores hagan público su contagio, se prevé una nueva cerrazón de San Lázaro, porque muchos legisladores, sobre todo los que ya son adultos mayores, prevén no pisar el recinto hasta que no se garantice su seguridad.
La premura de reactivar las actividades estaba en que al presidente Andrés Manuel López Obrador le urgía que pasara su propuesta de eliminar el fuero al presidente, sueño que se concretó el 2 de septiembre, con 420 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones.
Aún queda trabajo por aprobar dentro de la Cámara baja, mientras tanto, ya mandaron a sanitizar todo el recinto, en espera de que los legisladores no se echen para atrás y se nieguen a volver el próximo 14 de septiembre para la sesión ordinaria.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
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