Vivir sin partidos. El pueblo purépecha que se está liberando de los políticos

EMEEQUIS publica este reportaje como parte de una alianza editorial con el Buró de Investigación ADN40.

La voz de Alejandro se impone en una tarde de otoño de la meseta purépecha de Michoacán; el concejal indígena alecciona a su interlocutor mestizo: “Los partidos políticos son traicioneros, son parte del gobierno, todo viene de arriba. Los políticos quieren engañar a la gente y la gente de aquí me da lástima porque se conforman con cualquier miseria. Mil pesos, dos mil pesos. Se aprovechan de la maldita pobreza, pinches políticos. Yo creo que ya basta, ya no vamos a permitir que nos sigan humillando, no merecemos ese dinero, merecemos mucho más que esos dos mil pesos. No vamos a callarnos por una miseria, que no nos hagan tarugos por una despensa. Hay que ver lo que valemos”.

Lo dice con sustento: en su comunidad, Arantepacua, los partidos políticos fueron expulsados. Gobierna un concejo indígena desde que un violento operativo de las fuerzas estatales en el 2017 causó la muerte de cuatro personas desarmadas, entre ellas Luis Gustavo, un menor de edad. El recuerdo de aquel día sigue tan presente entre los pobladores como la música cristiana en los altavoces de la iglesia del pueblo, que compite en sonoridad con las noticias y los precios de pescado que resuenan en la radio comunitaria. 

El operativo fue el 5 de abril. Los policías iban a liberar algunos camiones retenidos por los comuneros en medio de un conflicto agrario, pero las cosas se salieron de control y causaron un daño irreversible a la localidad. 

Arantepacua maneja sus propios asuntos.

Durante el regreso del Colegio de Bachilleres Luis Gustavo fue alcanzado por las balas. Sus padres no estuvieron cuando murió, estaban en Estados Unidos, a donde emigraron en busca de mejores oportunidades. Fueron sus tíos Francisco Hernández y Teresa Prado quienes lo cuidaron y lo despidieron. Ella recuerda que las heridas que tenía el cadáver no eran comunes: “Toda su espalda estaba muy golpeada, no sé qué tipo de instrumento usaron, porque tenía la espalda rasgada, sangrada. Estaba muy, muy sangrado de la nariz, de la boca, de la cabeza, muy golpeado, de las manos, de los pies muy morado”. El estudiante de cuarto tenía un partido importante de básquetbol al día siguiente, pero ya nunca llegó. 

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Celia Morales era esposa de Francisco Jiménez Alejandre. Guarda en su memoria el día del operativo con meticulosos detalles: era miércoles, sonaron las campanas de la iglesia, iba rumbo al tianguis, había mucha gente que corría y que gritaba “ahí vienen, ahí vienen”.

“Yo sentía feo porque él no venía y me empecé a preocupar, empezaron las llamadas de mi hija, ‘mamá, qué pasa, papá se fue y no regresa’. Estaba muy inquieta pidiéndole a Dios que no pasara nada. Me llevaron y cuando llegué ya estaba tirado sin vida, estaba boca abajo con dos balazos en la espalda que salieron aquí en el pecho. Llevaba un palo para defenderse, pero cuándo iban a defenderse con un palo o con piedras si los balazos lo tiran de lejos”. A Francisco le faltaban seis meses para cumplir 65 años, era carpintero y lo mataron por la espalda.

Gráfica: ADN40

La tragedia no paralizó a la comunidad de Arantepacua y el dolor de pobladores como Celia se transformó en acción para crear un gobierno libre de partidos políticos. Hoy, con Alejandro, es una de los 11 concejales que se hacen cargo de la vida pública de este pueblo que –aun cuando depende administrativamente del municipio de Nahuatzen– ha avanzado en sus intenciones de hacerse un territorio autónomo y logrado que la Secretaría de Finanzas estatal deposite directamente en sus cuentas los recursos públicos.

Celia se encarga del DIF local y las y los otros 10 concejales tienen funciones de tesorería, administración de bienes comunales, registro civil y asuntos sociales. Fueron elegidos en una asamblea comunitaria y sus cargos sólo durarán dos años de acuerdo con sus usos y costumbres.

La comunidad también tomó en sus propias manos la seguridad de su gente y creó una policía comunitaria conocida como la kuáricha, a la que sus agentes ingresan de manera voluntaria, tras la autorización del pueblo, y son dirigidos por la persona que porta el bastón de mando indígena. 

LOS KUÁRICHA

Arantepacua es una región fría, pero ni el viento que se cuela por la nariz ni la neblina que nubla la vista evitan las guardias de los kuáricha a la entrada del pueblo. Esta tarde hay dos agentes acompañados de un reflector industrial que ciega a quien lo mire directamente y dos camionetas equipadas como patrullas con todo y bandera.

Sólo se distraen para responder preguntas: “Andamos cuidando la seguridad del pueblo, como ya no tenemos policías, nosotros trabajamos para cuidar. La gente decide quién entra a la kuáricha y qué tipo de personas, ellos los escogen”.

Otro agente viste uniforme de camuflaje, es joven, muy joven. “Yo decidí entrar con los kuaris por los problemas que había en nuestra comunidad desde el 5 de abril (de 2017) que entró la policía michoacana aquí a matar gente. Yo decidí entrar a la kuáricha por mi familia, por los niños, para cuidar a mi comunidad, protegerla. Yo me encargo de cuidar en las noches, revisar carros, que no entren armados, que no metan droga”.

Mientras tanto las noches en la comunidad transcurren entre el ruido de los insectos y el de los anafres que cuecen elotes y tamales para la cena. 

Gráfica: ADN40

AUTONOMÍA CONTAGIOSA

Arantepacua está siguiendo el ejemplo de comunidades como Cherán, en Michoacán, y San Juan Copala, en Oaxaca, que también expulsaron a los partidos y declararon su autonomía. Aunque hubo controversias, estas prácticas son completamente legales desde 2014, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los indígenas tienen el derecho de elegir a sus representantes mediante sus usos y costumbres y que esta forma de gobierno tiene los mismos derechos que cualquier otro ayuntamiento.

Esto trajo algunas mejoras: Cherán logró aumentar el grado promedio de escolaridad, el porcentaje de viviendas con drenaje y con acceso a electricidad, así como la tasa de alfabetización. San Juan Copala, por su parte, consiguió reducir sus índices de pobreza extrema, de población con rezago educativo e incrementó sus tasas de alfabetización y nacimientos.

Actualmente, la comunidad de Arantepacua se encuentra en espera de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita una recomendación favorable por el saldo del operativo policiaco de 2017.

@maumondeo

REPORTAJE COMPLETO EN:  BURÓ DE INVESTIGACIONES