La Fiscalía de Sinaloa inicia el protocolo de resguardo y traslado del minero fallecido para su plena identificación. Falta por saber la condición del último.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño y el director de la Conade, Rommel Pacheco, firman convenio que establece una coordinación directa con el Gobierno de México, para desarrollar programas y acciones de fomento a la actividad física y el alto rendimiento.
Los decomisos son derivados de operativos realizados del 30 de marzo al 7 de abril bajo coordinación entre autoridades de Sonora y el gobierno federal.
Francisco Zapata Nájera logró burlar a la muerte tras permanecer 14 días atrapado a 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe, en Rosario, Sinaloa, donde sobrevivió en una burbuja de aire hasta ser localizado por los destellos de su propia lámpara. El rescate, definido por un emotivo diálogo con el Ejército en el que el minero afirmó "nunca haber perdido la fe", permitió que saliera por su propio pie para ser trasladado de urgencia a Mazatlán; no obstante, la esperanza se mezcló con la tragedia, pues mientras el trabajador volvía a la superficie, los rescatistas confirmaban el hallazgo de un compañero sin vida, manteniendo el operativo activo para localizar al último de los mineros atrapados.
La Fiscalía de Sinaloa inicia el protocolo de resguardo y traslado del minero fallecido para su plena identificación. Falta por saber la condición del último.
Pemex también clasifica la información sobre pólizas de seguros de vida, gastos médicos y cualquier delito del que haya sido víctima el personal que ha asignado a proteger sus instalaciones del tráfico de combustibles.
La Fiscalía de Sinaloa inicia el protocolo de resguardo y traslado del minero fallecido para su plena identificación. Falta por saber la condición del último.
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Petróleos Mexicanos reservó la relación de delitos de los que han sido víctimas los trabajadores que ha asignado a proteger las instalaciones. En la imagen, elemento de seguridad de Pemex resguradando una toma clandestina en la CDMX. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– Petróleos Mexicanos (Pemex) reservó, totalmente y por cinco años, la relación del personal que ha fallecido, o ha sido lesionado, a consecuencia de ataques armados por posibles delitos relacionados con el robo de hidrocarburos; incluso, aunque se le dio la opción de omitir datos personales que pusieran en riesgo a las víctimas.
Asimismo, puso bajo reserva la información de pólizas seguro de vida, de gastos médicos o por incapacidad permanente o lesiones graves que Pemex ha hecho válidas por estos ataques, desde el año 2000 –cuando comenzó a documentar las tomas clandestinas a sus ductos y el crecimiento de un delito por el que han ocurrido enfrentamientos armados y decesos de su personal– hasta la fecha.
En el mismo tenor, igualmente por un lustro y de forma total, Petróleos Mexicanos reservó la relación de delitos de los que han sido víctimas los trabajadores que ha asignado a proteger las instalaciones, bienes y personal de la empresa frente a amenazas externas, cuya labor es coordinada principalmente por la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE).
En ambos casos –y a través de dos requerimientos de información– a Pemex se le había solicitado proporcionar lugar y fecha de los ataques o incidencias, el saldo y la descripción del suceso como fue reportado por las víctimas, cualquier personal o mando a Petróleos Mexicanos o, en su caso, como esta instancia notificó a las autoridades de seguridad y/o procuración de justicia para el inicio de las investigaciones de ley.
Asimismo, se le había pedido revelar de acuerdo con la información interna que posee, las consecuencias del delito y los casos en los que los trabajadores resultaron con una lesión incapacitante que les impidió continuar con su labor.
En dos clasificaciones de reserva total que derivan de sesiones que su Comité de Transparencia tuvo el 24 y el 26 de febrero pasado, Pemex centró su argumento en que dar a conocer esta información “causaría un serio perjuicio en cuanto a las acciones de seguridad en las instalaciones estratégicas de Pemex implementadas para prevenir, inhibir y combatir el robo de hidrocarburos, así como a la integridad del personal que desarrolla las funciones operativas”.
Para Petróleos Mexicanos, dar cuenta de los delitos en contra de sus trabajadores, las lesiones que han sufrido y el personal que ha sido asesinado en el ejercicio de su función sería dejar a sus empleados “en un estado de vulnerabilidad, al quedar al descubierto detalles que, al ser analizados de manera integral, revelan la capacidad de respuesta y actividades operativas de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica frente al crimen organizado”.
Aunque en la solicitud de información 40023800030026 dirigida por EMEEQUIS para conocer la relación de personal lesionado y fallecido a consecuencia de ataques armados o posibles ilícitos relacionados con el robo de hidrocarburos se especifica que, en ningún caso, se solicita o se debe proporcionar algún dato personal, Pemex sostuvo que este requerimiento “trasciende al ámbito personal, ya que podría poner en riesgo la seguridad de los familiares de las víctimas”.
Según la paraestatal, esto sucedería porque quedaría expuesto el núcleo cercano familiar “a posibles represalias, extorsiones o actos de intimidación, toda vez que los grupos delictivos contarían con información para identificar y localizar el entorno social y familiar del personal operativo que en su momento sufrió agresiones en ejercicio de sus funciones”.
Con base en la disertación del Comité de Transparencia integrado por María Arévalo Anguiano, presidenta suplente, así como María del Carmen Borrego Saráchaga y Laura Muñoz Segura, vocales suplentes, “al proporcionar la información de eventos de ataques armados se permitiría a los grupos delictivos identificar perfiles con mayor vulnerabilidad, facilitándoles dirigir ataques futuros de manera selectiva, ante posibles víctimas; además, aseguró que “conocer cómo y qué se reporta permitiría a los delincuentes interferir en las comunicaciones o anticipar las acciones de las autoridades”.
En 2022, Pemex ya había dado a conocer a EMEEQUIS, mediante un informe de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo que fue parte de la respuesta a la solicitud de información 330023821000868, el asesinato de siete trabajadores de Seguridad Física por grupos dedicados al robo de hidrocarburo, entre 2018 y 2022; asimismo, que en esos cuatro años hubo 723 notificaciones a sus superiores de amenazas de muerte de la delincuencia organizada, a causa del combate al huachicol.
Para Pemex, proporcionar la información solicitada por un periodo de 25 años “generaría un mapa histórico de zonas de alta peligrosidad, lo que facilitaría al crimen organizado la planificación de nuevas rutas o la consolidación de territorios donde su capacidad podría superar la respuesta institucional”. Lo anterior, aunque las zonas en las que han sido atacados sus elementos ya son parte de sitios de acción del crimen, en los que han atacado a los empleados de la paraestatal y de corporaciones de seguridad de otros niveles, incluidos la Guardia Nacional y el Ejército.
Desde la perspectiva y el análisis del Comité de Transparencia, “la entrega de datos sobre pólizas de seguro e indemnizaciones por este concepto revela el impacto operativo y financiero de los ataques, lo que funcionaría como un indicador de éxito para los grupos delictivos en su estrategia de desestabilización de la empresa”.
Por lo anterior, consideró que transparentar esta información “equivale a entregar el detalle de las operaciones de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica a los grupos delincuenciales, permitiéndoles identificar brechas en los sistemas de monitoreo y comunicación de Petróleos Mexicanos”.
En cuanto a la solicitud de información 340023800030126, a través de la cual se le requirió la relación de delitos de los que han sido víctimas trabajadores de Pemex cuya función es proteger las instalaciones, bienes y personal de la empresa frente a amenazas externas, los motivos para la negativa siguieron en torno “al serio perjuicio” que, aseguran, se causaría a las acciones de seguridad en las instalaciones estratégicas”.
En la exposición de posibles riesgos, el Comité de Transparencia transcribió las mismas consideraciones que en la reserva anterior, sin ninguna variable.
En tanto, en el “riesgo demostrable” sostuvo que “existe una relación directa entre la revelación de las ‘descripciones de sucesos’ y el ‘cargo de la víctima’ –uno de los elementos requeridos, siempre sin identificación personal– con el aumento de la vulnerabilidad operativa”. Para Pemex, lo anterior se daría porque “al conocer cómo pudieron haber fallado los protocolos previos, los grupos criminales pueden deducir la capacidad operativa, los tiempos de reacción y las tácticas de defensa de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica”.
“Si bien existe un interés de conocer la información solicitada, el perjuicio de entregar la misma supera el interés público de manera considerable, ya que la vulneración de estos elementos afecta directamente la Seguridad Nacional y la estabilidad social”, según el argumento del Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos, en las dos clasificaciones de reserva.
El pasado 19 de febrero, Milenio publicó el caso de José Guadalupe Pacheco Malagón, supervisor adscrito al área de Salvaguardia Estratégica de Pemex que fue asesinado en Querétaro el 13 de agosto de 2020, por huachicoleros.
En una resolución firmada en noviembre de 2025 por Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), este organismo determinó como no procedente compensar a la viuda y a los dos hijos del funcionario asesinado debido a que Pemex no aceptó la recomendación del caso emitida en 2023.
Junto con José Guadalupe fueron asesinados tres trabajadores más, mientras atendían un reporte de actividades de huachicoleros en la comunidad de Cazadero, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro; lo anterior, en el marco del llamado “Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex”, puesto en marcha durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En total, las víctimas de ese ataque recibieron más de 400 disparos en aquella emboscada; un día antes, Pacheco Malagón había recibido en su teléfono celular una fotografía con una persona, al parecer muerta, dentro de una camioneta de Pemex; él lo interpretó como una amenaza de muerte y así se lo hizo saber a su superior, quien acababa de asumir dicho puesto.
Sin embargo, la instrucción oficial fue seguir con la vigilancia y con los reportes sobre robo de combustibles; después, vino el multihomicidio.
La referencia a la fotografía es parte de las evidencias incluidas en la recomendación 250/2023 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En su resolución, el organismo autónomo consideró que, si bien los trabajadores fueron blanco de una agresión directa de civiles armados, el multihomicidio se pudo prevenir si los superiores de Pemex no hubieran hecho caso omiso a las advertencias de sus empleados.
@axelchl
La Fiscalía de Sinaloa inicia el protocolo de resguardo y traslado del minero fallecido para su plena identificación. Falta por saber la condición del último.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño y el director de la Conade, Rommel Pacheco, firman convenio que establece una coordinación directa con el Gobierno de México, para desarrollar programas y acciones de fomento a la actividad física y el alto rendimiento.
Los decomisos son derivados de operativos realizados del 30 de marzo al 7 de abril bajo coordinación entre autoridades de Sonora y el gobierno federal.
Francisco Zapata Nájera logró burlar a la muerte tras permanecer 14 días atrapado a 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe, en Rosario, Sinaloa, donde sobrevivió en una burbuja de aire hasta ser localizado por los destellos de su propia lámpara. El rescate, definido por un emotivo diálogo con el Ejército en el que el minero afirmó "nunca haber perdido la fe", permitió que saliera por su propio pie para ser trasladado de urgencia a Mazatlán; no obstante, la esperanza se mezcló con la tragedia, pues mientras el trabajador volvía a la superficie, los rescatistas confirmaban el hallazgo de un compañero sin vida, manteniendo el operativo activo para localizar al último de los mineros atrapados.
