Reserva gobierno información sobre el feminicida de Rosaura

¿Encubren al presunto culpable?

EMEEQUIS.– El ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Hidalgo, reservó toda la información relacionada con su exagente Marco Antonio M.G., el presunto feminicida de la joven Rosaura, de 26 años, acaecida el 5 de febrero de 2025. El otrora integrante de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal presuntamente utilizó recursos de la corporación para hostigar y violentar a la víctima, quien lo había denunciado dos veces previas por violencia familiar.

En el primero de los procesos, la jueza Janett Montiel Mendoza lo dejó en libertad condicional el 15 de noviembre de 2024 y, aunque tenía restricción para acercarse a Rosaura, continuó con el acoso y agresiones hasta que la asesinó.

Desde los primeros minutos del crimen en Azoyatla, un enclave urbano cerca de la ciudad de Pachuca, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma buscó desligar a Marco Antonio M.G. de su corporación, sin presentar evidencias. Incluso, proporcionó datos erróneos respecto al número de víctimas mortales, al afirmar que tres personas más habían fallecido, cuando en realidad fueron dos; Ramiro, hermano de Rosaura, y su madre, Rosa. En el mismo error incurrió la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Poder Judicial de Hidalgo.

Posteriormente, el alcalde Eduardo Medécigo Rubio, al defender a la policía, acusó que “voces oscuras” pretendían dañar a la corporación. Dijo que no habría protección si integrantes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tuvieron alguna participación en el acoso y hostigamiento a Rosaura.

Al respecto, una compañera de trabajo de la víctima denunció un día después del ataque múltiple, en un evento denominado “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo” en Mineral de la Reforma, que Marco Antonio la intimidaba a bordo de patrullas y en compañía de agentes cuando supuestamente ya no trabajaba para el ayuntamiento, pero el edil consideró que esa era una versión que se debía probar.

Los resultados del examen de control de confianza del exelemento, incluso su currículum vitae, tienen categoría de reservada y confidencial, de acuerdo con una serie de respuestas a solicitudes de información dirigidas por EMEEQUIS.

Entre las posturas del ayuntamiento para negar los datos está que “compromete la seguridad pública” o pone en peligro las funciones del municipio y que incumpliría con la protección de datos personales de personal que estuvo bajo su mando; además, ve como un riesgo “real, demostrable e identificable” –sin precisar por qué lo considera– dar a conocer los datos, incluidos los que de origen son de carácter público, de acuerdo con la propia ley de transparencia, porque, justifica, “la persona ya no pertenece a este ayuntamiento y se encuentra bajo un proceso penal”.

Con ello, incluso, no prueba el momento en el que Marco Antonio M.G. dejó la corporación, al negar hoja e historial de servicio, con inicio de contrato y fin de la relación laboral.

La mañana que ocurrió el ataque, cuando había un operativo estatal para la detención del presunto agresor, el ayuntamiento afirmó que el 19 de noviembre de 2024, Marco Antonio M.G. renunció a través de un escrito que ratificó de manera personal.

El gobierno del morenista Eduardo Medécigo había sido notificado por el Poder Judicial de Hidalgo que el 13 de octubre de 2024 Marco Antonio fue puesto a disposición del Ministerio Público por violencia familiar y privación ilegal de la libertad contra Rosaura.

Dos días después ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca y el 21 de octubre fue vinculado a proceso. Por la situación, le pidió iniciar los procedimientos necesarios, aunque el 15 de noviembre la jueza Janeth Montiel Mendoza suspendió condicionalmente ese proceso (causa penal 1508/2024).

Según el municipio, le aceptaron la renuncia el 19 y desde entonces no formó parte de su equipo, pero mantuvo su negativa a probarlo en los requerimientos de información.

También reservó el número de quejas recibidas, y el estatus de cada una de ellas, contra Marco Antonio mientras se desempeñó como elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma, así como la hoja de resultado del examen de control de confianza del exelemento, para ingresar a la policía.

Esta hoja debe expresar si su estatus es aprobado, no aprobado o cualquier otra categoría o anotación relacionada con las pruebas. El requerimiento especificaba la protección de datos personales, con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. No obstante, el gobierno de Medécigo respondió en todos los casos de la misma forma, en un cruce de negativas entre instancias como Asuntos Internos y Secretaría de Seguridad Pública, ratificados por su Comité de Transparencia, presidido por la funcionaria Denis Durán Guerrero.

La reserva alcanza hasta cinco años y, como supuesta prueba de daño, el comité sostiene que, por ejemplo, en el caso de las quejas contra el expolicía, vinculado a proceso el 8 de febrero por feminicidio, homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa por el crimen de Azoyatla, darlas a conocer ponen en riesgo el desarrollo de un “debido proceso” contra Marco Antonio.

Añade que transparentar esos datos se contrapone a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código de Ética de Mineral de la Reforma. También, que Asuntos Internos depende directamente del alcalde y toda la información que concentra es confidencial y de acceso restringido.

“La publicación de la información que se encuentra en poder de la unidad de asuntos internos, genera una afectación, y constituye un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que pone en riesgo la integración de las quejas y denuncias que hace el ciudadano en contra de los elementos de la policía municipal”, arguyó, aunque el requerimiento informativo no incluía ninguno de los supuestos que plantea, al solicitarle un número de quejas recibidas contra su entonces policía Marco Antonio M.G. –en activo cuando atacó por primera vez a Rosaura, en un caso que se haya judicializado–, no detalles del ciudadano ni datos sensibles sobre las quejas.

Asimismo, afirmó que revelar el número de quejas contra Marco Antonio M.G. “también pone en riesgo la seguridad e integridad física de los elementos de la policía, como personas, al ser identificables”. Al sostener que busca proteger tanto a ciudadanos como a los policías que pueden ser víctimas si da a conocer la información, es que la reserva.   

El 10 de febrero, cinco días después del feminicidio de Rosaura y al encabezar el lunes cívico en su Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el alcalde Eduardo Medécigo dijo que “existen voces oscuras que hoy quieren denostar el trabajo de la policía, pueden descalificar el trabajo de las y los compañeros, pero somos más los buenos y hay que demostrarlo”.

El asesinato de dos adultos mayores, igualmente en Azoyatla, y el hallazgo del cuerpo de una mujer eran parte de casos de violencia reciente en el municipio, que el edil había considerado previamente como hechos aislados.

El 11 de febrero, mientras el reclamo social por justicia tras el feminicidio seguía, así como críticas por declaraciones de autoridades y por la falta de protección gubernamental que hubo para Rosaura y su familia, el alcalde Medécigo publicó un mensaje en su cuenta de Facebook: “Un gato que sueña en convertirse en león, debe perder el interés por las ratas. Sigamos adelante”. Con ello, incrementaron los reclamos entre activistas y medios de comunicación. El posteo después fue borrado.  

RESPONSABILIDADES PENDIENTES

La declaración patrimonial que la Contraloría de Mineral de la Reforma recibió de Marco Antonio el 15 de mayo de 2024, a las 12:48 horas, dice que fue parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del primero de noviembre de 1998 al primero de noviembre de 2002. Él lo incluyó en sus antecedentes laborales y especificó que las funciones que cumplió fueron de “seguridad”.

No hay más referencias, pero en su declaración de 2022 especificó que en el periodo que estuvo adscrito a la Sedena fue “soldado de caballería”.

Para Rafael Castelán, fundador de la asociación civil Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), estos aspectos no se consideraron cuando la suspensión provisional del primer proceso por violencia familiar y privación ilegal de la libertad iniciados en contra del policía en activo.

Seiinac ha desarrollado una herramienta de 26 ítems que en Hidalgo se encuentra en fase de pilotaje para evaluar el contexto en cada agresión. Entre estos aspectos está si la víctima pertenece a algún grupo con mayor vulnerabilidad, o si el agresor usa alguna droga, la facilidad que tiene para el acceso a armas o si pertenece a algún grupo delictivo. También cuenta con un indicador de riesgo si la persona pertenece a alguna corporación policiaca, del ejército, Guardia Nacional o seguridad privada.

Marco Antonio tenía conocimiento del uso de las armas, acceso a información privilegiada, relaciones con miembros de la policía a la que perteneció y también era parte de una empresa de seguridad privada.

El año en que Rosaura denunció a su agresor, 2024, la Procuraduría de Hidalgo inició 17 carpetas por feminicidio y 26 más por homicidio doloso en el que las víctimas fueron mujeres, así como seis por secuestro –la primera carpeta de Rosaura también era por privación ilegal de la libertad–; no obstante, hubo mil 60 por lesiones dolosas y seis mil 802 por violencia familiar, lo que significa 18 casos al día en territorio hidalguense, sólo con base en las agresiones que son denunciadas.

A su vez, el número de emergencia 911 recibió el año anterior 7 mil 476 llamadas de hidalguenses alertando sobre violencia familiar, el delito por el que se iniciaron los dos procesos contra Marco Antonio. El total nacional fue de 571 mil 267, mil 565 por día, lo que significa que cada minuto se recibe una alerta en el país, pero sólo de quienes escapan de una agresión o tienen la posibilidad de hacerla.

@axelchl