“Será urgente en el momento que te deje de latir el corazón”, mencionan activistas que contestaron los soldados ante la petición de medicina por parte de la mexicana Arlin Medrano.
“Todas las amenazas que se denunciaron ayer o que se hicieron públicas fueron falsas”, dice Sheinbaum. García Harfuch precisa que cada reporte se atiende de inmediato, sin vulnerar la autonomía universitaria, y niega que haya existido un operativo militar en las instalaciones.
Los mexicanos fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador de México en Israel, quien los acompañará hasta la Ciudad de México.
De acuerdo con documentación pública revisada por EMEEQUIS, la empresa señalada por imprimir “acordeones” y sus filiales han acumulado un expediente de violaciones a la normatividad de contrataciones públicas y disposiciones administrativas. Por si algo faltara, vecinos la acusan de trastocar la paz.
“Será urgente en el momento que te deje de latir el corazón”, mencionan activistas que contestaron los soldados ante la petición de medicina por parte de la mexicana Arlin Medrano.
De acuerdo con documentación pública revisada por EMEEQUIS, la empresa señalada por imprimir “acordeones” y sus filiales han acumulado un expediente de violaciones a la normatividad de contrataciones públicas y disposiciones administrativas. Por si algo faltara, vecinos la acusan de trastocar la paz.
“Será urgente en el momento que te deje de latir el corazón”, mencionan activistas que contestaron los soldados ante la petición de medicina por parte de la mexicana Arlin Medrano.
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Facturó al menos 2 mil 883 millones de pesos a entidades del sector público de 2018 a la fecha, como publicó EMEEQUIS en una entrega pasada. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.― Es señalada por: meter “aportaciones indebidas” a campaña de Morena, simular competencia en concursos por contratos con la administración de Brugada en Iztapalapa, incumplir obras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), romper la paz de vecinos de San Miguel Iztacalco… Y de todos modos siguió ganando…
Se trata de Impresores en Offset y Serigrafía (Grupo Gama Impresores), la compañía que fue denunciada como presunta responsable de imprimir miles de “acordeones” o guías para votar a favor de candidatos oficialistas en la elección de integrantes del Poder Judicial, y facturó al menos 2 mil 883 millones de pesos a entidades del sector público de 2018 a la fecha.
De acuerdo con documentación pública revisada por EMEEQUIS, esta empresa y sus filiales han acumulado un expediente de violaciones a la normatividad de contrataciones públicas y disposiciones administrativas, además de mantener desde 2004 un pleito con vecinos del Barrio de San Miguel, en Iztacalco, que han denunciado emisiones de ruido las 24 horas, chimeneas ocultas y obstrucción de vialidades por las operaciones de la empresa.
Es el grupo de empresas ligado a la familia Mondragón y que tiene entre sus 19 a razones sociales a Inmobiliaria Sylvia Marion (1991), Inmobiliaria Mondragón y Asociados (1992), Soluciones Integrales en Impresión (2001), Servicios Industriales en Mercadotecnia (2001), Comercializadora TYR (2001), Gama Impresores del Golfo (2003), Gama Flexografía (2003), Digitagama (2004), Equipo y Maquinaria Ligera del Sureste (2007), Gama Origina (2007), Avantplast de México (2008), Comtec Imports (2010), M. Producciones Guerreros Films (2012), Proliactive (2012), MG Producciones Gráficas (2014), Artes Gráficas Olonne (2017), Mica Impresores (2021) y Quintum-M Inmobiliaria (2021).
Varias de ellas han reportado el mismo domicilio de Iztacalco en procedimiento de contratación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó una muestra de 71.39 millones de pesos de las partidas federales asignadas para el ejercicio 2023 a la alcaldía Iztapalapa, entonces al mando de la actual jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada.
La entidad fiscalizadora detectó inconsistencias en más del 50% del monto presuntamente ejercido, principalmente destinado al mantenimiento de la infraestructura urbana (alumbrado público, vialidades, banquetas, guarniciones, redes de drenaje, redes de agua potable), aunque también por “adquisición de vehículos equipados” y de “cámaras de seguridad”, de lo cual no se encontraron comprobantes de pago.
Además, la ASF descubrió simulación de competencia en diversos procedimientos de contratación. El auditor apuntó: “Con la revisión a una muestra de 10 expedientes de adquisiciones, arrendamiento y/o servicios, y mediante consulta a la información del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía y del análisis de las acta constitutivas se detectó que la empresa ganadora y una participante se encuentran vinculadas entre sí”.
En tres de la decena de contratos elegidos por el auditor, el protagonista del engaño es la empresa Impresores en Offset y Serigrafía, todos ellos por servicios de impresión y adjudicados por invitación restringida.
Se trata de los procedimientos para asignar los contratos IZTP/DGA/IR/021/2023, por 4 millones 999 mil 924 pesos; y IZTP/DGA/IR/022/2023, por 3 millones 997 mil 615 pesos; y IZTP/DGA/IR/023/2023, por 999 mil 192 pesos, por los que “compitieron” Impresores en Offset y Serigrafía y Artes Gráficas de Olonne, de los mismos dueños: Carlos Javier Mondragón de la Garza, Edgar Bernardo Mondragón de la Garza y Lucía Carmenza Mondragón de la Garza.
La ASF citó a los responsables de la Alcaldía Iztapalapa para “presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada”, en enero de este año..
Otras empresas del grupo del presunto impresor de acordeones de la elección judicial también han aparecido en procedimientos sancionadores por incumplimiento de contrato. Es el caso de inmobiliaria Sylvia Marion, que cobró 18.43 millones de pesos por obras que no concretó, según la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).
Desde el principio, todos los participantes en el procedimiento, incluido
Carlos Javier Mondragón de la Garza, representante de la empresa, sabían que el proceso de contratación arrancaba viciado, pues la obra fue contratada por la entonces Delegación Magdalena Contreras, que encabezaba Leticia Quezada Contreras, para un edificio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), algo fuera de la normatividad, como concluyó la auditoría:
“La Delegación La Magdalena Contreras adjudicó el contrato de obra núm. MC-DGODU-LP-112-14 cuyo objeto fue ‘trabajos de construcción de un edificio público’, el cual consistió en la construcción de una escuela de nivel superior (primera etapa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Magdalena Contreras), aun cuando la atribución para construir este tipo de escuelas corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios, por medio de la Dirección General de Obras Públicas. A la Delegación La Magdalena Contreras sólo le corresponde la rehabilitación y mantenimiento de las escuelas, de conformidad con el artículo 39, fracción XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública”.
La auditoría encontró pagos sin convenios de ampliación, y se incumplió el plazo, que vencía en diciembre de 2014. No obstante, de acuerdo con reportes de prensa, en noviembre de 2016 aún era una obra inconclusa.
En septiembre de 2015 la entregaron como estaba. El entonces responsable académico de la UACM, Iván Gómez César Hernández, dijo que el proyecto constaba de ocho salones, cubículos, una sala de usos múltiples y un pequeño foro, que no estaba en condiciones óptimas para operar,
El periódico La Jornada publicó en noviembre de 2016:
“La Contraloría General del gobierno capitalino informó que inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de autoridades de la pasada administración en la delegación Magdalena Contreras por no haber aplicado penas convencionales a la empresa contratada para construir el plantel”.
La nota también menciona que el 26 de octubre previo, el entonces rector Hugo Aboites Aguilar acudió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para exponer las necesidades presupuestales de la UACM en 2017, y que mencionó: “que el compromiso de la delegación eran dos edificios, ya que uno es insuficiente para albergar a los mil 200 egresados de preparatoria en esa delegación, y del segundo sólo se tiene la cimentación”.
En 2016, Impresores en Offset y Serigrafía habría metido “recursos indebidos” en la campaña electoral de Morena dentro del proceso extraordinario para la renovación del ayuntamiento de Centro, Tabasco. Presuntamente, derivaban de un contrato, pero el partido político no pudo presentar evidencia de pago.
En 2020, la empresa fue sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con la resolución INE/CG71/2020, que determinó que “la operación registrada por Morena con número de póliza 25, por concepto de publicidad o propaganda en el marco del Proceso Electoral Extraordinario, por un importe de $247,238.62 (doscientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y ocho pesos 62/100 m.n.) constituyó a su favor una aportación o donación en especie que la Persona Jurídico-Colectiva, realizó a favor del citado partido político”, razón por la cual sancionó a este último.
Como se trataba de la resolución de una denuncia sobre ilícitos cometidos en distintos procesos con la implicación de distintas personas morales, el INE aplicó multas por más de medio millón de pesos.
Derivado de esa resolución, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) también reconoció el ilícito y por poco sanciona a la empresa con el látigo de su desprecio: le aplicó una amonestación pública.
Esa sanción se sumaba al proceso de 2014, cuando Impresores en Offset y Serigrafía apareció como impresor del órgano de difusión “Regeneración”, en denuncias por actos anticipados de campaña ante autoridades electorales contra PRD, PT, y MC, que en 2012 postularon a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia a través de la coalición “Movimiento Progresista”.
Pero el primer conflicto de Impresores en Offset y Serigrafía fue con los vecinos del barrio de San Miguel, en Iztacalco, que se quejaron ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Gobierno del Distrito Federal ―hoy Ciudad de México―, en 2005. Los denunciantes expusieron:
“En el predio ubicado en la calle Pascual Orozco N° 53, Colonia Barrio de San Miguel, C.P. 08630, Delegación Iztacalco… Se encuentra un establecimiento dedicado a la impresión de diversas publicaciones, dicha imprenta, emite ruido las 24 horas del día incluso los fines de semana, tanto de máquinas como radio. Otro problema que tenemos es que utiliza la vía pública para cargar y descargar material, así como estacionarse en doble fila y arriba de las banquetas tapando incluso los espacios para minusválidos… Cuando descargan dejan todo sucio y en la pared de la Calle Julio García hay dos tiras de fierro las cuales son un peligro las cuales son un peligro para las personas que pasan. Hago notar que esta es una zona escolar donde se encuentran dos primarias, un jardín de niños y una secundaria. Esa imprenta tiene instalada como un año, y por lo que hemos averiguado no tiene uso de suelo”.
La imprenta recibió a los verificadores PAOT. Víctor de la O. Hernández, “quien dijo ser gerente administrativo de empresa, mostrando credencial emitida por la empresa Gama Impresores Offset & Serigrafía”, y que, agregamos nosotros, es representante de otras de las empresas de la familia Mondragón de la Garza, y titular de la marca Gamma Impresores, según registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)..
Los empleados indicaron: “Nos invitó a pasar al interior de las instalaciones de la fábrica. En las oficinas del sitio motivo de la denuncia, el gerente nos informó que en relación con los vehículos estacionados frente a su establecimiento no todos son de la empresa, y para solucionar el problema, se encontraba negociando lo de un estacionamiento para guardar 10 automóviles; en lo que respecta a la basura de la que habla el escrito de denuncia, manifiesta que ellos barren toda la banqueta dos veces a la semana, y la viruta de papel que se llega a caer sobre la banqueta durante su transportación, se barre inmediatamente; al respecto, informa que varios vecinos abandonan sus bolsas de basura frente al establecimiento, y es personal de la empresa quien lo deposita en el camión de basura cuando pasa”.
PAOT cerró el expediente en 2006 con una serie de recomendaciones a diversas autoridades para meter en orden a la impresora favorita del obradorismo, pero nadie logró sacar de ahí la planta.
Para 2009, los vecinos presentaron otra denuncia ante PAOT, acusando que Impresores en Offset y Serigrafía había incumplido los términos de la resolución PAOT/200/DAIDA/5403/2006, y sin la intervención “de ninguna autoridad”.:
“Han modificado el inmueble, han metido más maquinaria y han instalado chimeneas escondidas donde sale el olor a gas, extractores con motor en el techo, salidas de agua de todas las naves y éstas dan a la calle. Extractores en el patio y chimeneas enormes que dan a cielo abierto, así como hoyos en las paredes para la salida de olores (…) ruido intenso (…) obstrucción total de la acera con coches (…); (el) uso de suelo es patrimonial (…), (y) no existe permiso para funcionar como imprenta (…)”.
En 2011, en el seguimiento a la denuncia, la Subprocuraduría de Protección Ambiental respondió que en 2009 y 2010 había efectuado verificaciones y había demandado nuevos requerimientos a la empresa de la familia Mondragón, en especial en relación con las emisiones de ruido.
La dependencia reseñó que en esas fechas tomaron las mediciones correspondientes conforme a la norma relacionada, y “se informó a la parte denunciante que dicho registro no sobrepasaba la norma ambiental NADF-005-AMBT-2006, pero se hizo saber que se solicitaría la elaboración de un dictamen técnico a fin de tomar nuevas mediciones”.
Pero también refirió que en 2010 se efectuaron nuevas mediciones, tras las cuales obtuvo dos conclusiones:
“Primera. El establecimiento (…) constituye una fuente emisora de ruido que en condiciones normales de operación produce un nivel sonoro máximo de 67.16 dB(A).
“ Segunda. Considerando el valor del nivel sonoro referido en la Conclusión Primera, se acredita que la “fuente emisora” en las condiciones de operación señaladas en este dictamen, excede los límites máximos de 65.0 dB(A) y 62.0 dB(A) para los horarios de las 6:00 a las 20:00 horas y de las 20:00 a las 6:00 horas, respectivamente, establecidos en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-005-AMBT-2006, que establece las condiciones de medición y los limites máximos permisibles de emisiones sonoras, que deberán cumplir los responsables de fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federal (…).”.
En cuanto al uso de suelo, la dependencia expuso los “derechos legítimamente adquiridos” por la presunta impresora de los acordeones de la selección judicial, pues aludió a una autorización de tiempos del regente Manuel Aguilera en el predio en cuestión, para una “fábrica transformadora de estambre, en una superficie de 1,931.00 m2 construidos en un predio de 2,670.00 m2″.
Respondió también que sí contaba con permiso de imprenta, cuya numeración oficial citó; enlistó otras diligencias, y en fin de otras diversas manifestaciones, determinó “comprobar la implementación del programa calendarizado de acciones y mecanismos para la recuperación y disminución de emisiones a la atmósfera y el cumplimiento en materia de ruido” por parte de la empresa, como lo hiciera desde 2005.
@estedavid
“Será urgente en el momento que te deje de latir el corazón”, mencionan activistas que contestaron los soldados ante la petición de medicina por parte de la mexicana Arlin Medrano.
“Todas las amenazas que se denunciaron ayer o que se hicieron públicas fueron falsas”, dice Sheinbaum. García Harfuch precisa que cada reporte se atiende de inmediato, sin vulnerar la autonomía universitaria, y niega que haya existido un operativo militar en las instalaciones.
Los mexicanos fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador de México en Israel, quien los acompañará hasta la Ciudad de México.
De acuerdo con documentación pública revisada por EMEEQUIS, la empresa señalada por imprimir “acordeones” y sus filiales han acumulado un expediente de violaciones a la normatividad de contrataciones públicas y disposiciones administrativas. Por si algo faltara, vecinos la acusan de trastocar la paz.
