Pese a falta de preparación, dejan a familiar de Godoy frente a polémico proyecto El Zapotillo 

EMEEQUIS.- Ernestina Godoy, nueva fiscal general de la República, tiene en diferentes dependencias de gobierno a sus familiares. Entre los puestos más destacados está el de su hija, Mariana Gómez Godoy, quien está encabezando el proyecto Zapotillo, uno de los más controversiales en la región por la molestia que provocó en las comunidades aledañas.

El proyecto Zapotillo está dirigido por Godoy desde este año. La primera irregularidad que resalta es la preparación de Gómez Godoy, quien no tiene formación técnica en proyectos hídricos, como así consta en su formación curricular, actualizada cuando era titular de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, en un documento emitido 2025, es decir, que este fue este año en el que asumió el cargo.

El proyecto hídrico El Zapotillo es una presa y acueducto ubicado en el río Verde, en los límites de Jalisco y Guanajuato (México), diseñado principalmente para abastecer de agua potable a la Zona Metropolitana de Guadalajara, León y los municipios de Los Altos de Jalisco. La obra ha estado envuelta en fuertes controversias durante casi dos décadas por la inundación planeada de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, lo que generó resistencia social, demandas legales y suspensiones judiciales.

Originalmente la cortina se proyectó a 105 metros de altura (inundando los tres pueblos), pero tras acuerdos en 2014 y revisiones posteriores, en 2021 se definió una altura final de 80 metros, con lo que Temacapulín quedó fuera del área de inundación, aunque Acasico y Palmarejo sí fueron reubicados. La presa comenzó a llenarse en 2022, el acueducto Zapotillo-Guadalajara entró en operación parcial en 2024 y se espera que para 2025-2026 suministre hasta 3 m³/s a Guadalajara, aunque persisten críticas por su alto costo (más de 30 mil millones de pesos), retrasos y el impacto socioambiental en la región.

GODOY, UN PERFIL POCO PREPARADO EN LA TÉCNICA

Pese a la importancia del proyecto se le dejó a Gómez Godoy, quien estudió una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, con varios cursos y diplomados en derechos humanos. Sin embargo, no hay ninguna experiencia en proyectos de infraestructura que exigen un conocimiento especializado en ingeniería.

También estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, con cargos como coordinadora del Comité de Memoria de la Comisión para la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso.

Pese a esta falta de preparación, asumió el proyecto de El Zapotillo este año. Ella ya había estado relacionada con el proyecto, ya que Godoy había sido nombrada encargada de reparación del daño de algunas de las víctimas que había dejado la obra: “En más de 13 años, la litigante ha conocido a profundidad los estragos del conflicto socio-ambiental”, según recoge el medio Perimetral.

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En años pasados, el proyecto fue acusado de ser invasivo para las comunidades desde la década de 1990 en el que se planteó. Sin embargo, se continuó con las obras durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En el documento “Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030”, se admite que el proyecto causó daño a cuatro cuencas. Por lo tanto, se adelanta que el gobierno, en vez de detener el proyecto, busca “Contribuir a la restauración de cuatro cuencas prioritarias al 2030”: Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Río Sonora. Así como dos presas con decreto de restauración: Endhó y El Zapotillo”.

A decir del documento, se está buscando restaurar “20,810” hectáreas de terreno dañadas, como instancia responsable a la Semarnat.

Esta restauración no se inició durante los seis años en los que gobernó Andrés Manuel López Obrador. Estos daños también llegan a nivel cultural y de patrimonio nacional. Como consta en un informe emitido en 2018. 

Estos problemas se evidencian en el texto “Los problemas de la gestión integral del agua y la Presa El Zapotillo” emitido por el Congreso del estado de Jalisco, especificado como “Informe técnico sobre la alternativa para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo”.

En este informe se advertía de la inviabilidad del proyecto desde el punto de vista arqueológico: “tampoco se evidenciaron acciones ni costos para explorar y en su caso rescatar el patrimonio arqueológico que pudiere haber o el histórico ya debidamente analizado y clasificado en el sitio que pretendidamente sería inundado, según sugiere el propio informe UNOPS”. 

Además, el proyecto provocó procesos de desplazamiento: “El proyecto “El Zapotillo” ha demostrado manejar un proceso de información poco transparente, lleno de inconsistencias y diversas violaciones a los derechos humanos, especialmente en relación a las poblaciones potencialmente inundables (Temacapulín sobre todo) y su posible proceso de reasentamiento”. 

“Han sido ya varias las recomendaciones y observaciones de organismos nacionales e internacionales que se han emitido con relación a la presa, el trasvase, la gestión del agua, las comunidades y el proceso de reasentamiento. El relator especial del Derecho a Alimentación, Olivier De Schutter, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), visitó el pueblo de Temacapulín, y expresó su preocupación ante el reasentamiento de las comunidades, y la producción y acceso a alimentación que tendrían en Talicoyunque, lugar asignado para la reubicación de dos de los poblados”.

Pese a esto, durante el anterior sexenio, se siguió con el proyecto, hasta llegar a su conclusión, hasta la entrada de Godoy, como así se presenta en un informe de Hacienda y Crédito Público se menciona que el proyecto ya está prácticamente concluido. 

SE COMPROMETE GOBIERNO A QUE NO HABRÁ INUNDACIONES

Según el gobierno federal, en 2021 “producto de un proceso de diálogo el Gobierno de México acordó la conclusión de la obra hidráulica con la garantía de que no se inundará ninguna de las tres comunidades”. 

“Al imponer el proyecto de “El Zapotillo” como estaba planteado originalmente, el Estado mexicano violó los derechos a la vivienda, digna y adecuada; de participación en la formulación de planes o proyectos de infraestructura; a la propiedad; a la manifestación; a la información; a tener recursos judiciales efectivos; a la paz social; al agua; y a la libertad de asociación”, expresó el documento oficial. 

No obstante, en 2025 siguieron las protestas contra el proyecto, como así lo evidencia la organización “Movimiento de Afectados por Represa”, quien lanzó un comunicado para detener la presa por su inherente daño en el contexto del cambio climático: “El funcionamiento de la pequeña presa, con seis compuertas, proporciona actualmente la cantidad de agua necesaria para la ciudad de Guadalajara. Y de nuestra lucha, otros pueblos de México han aprendido la lección de no rendirse nunca. Nuestro grito por la dignidad y la autodeterminación fue tan fuerte que obligamos al gobierno a escuchar y actuar”, afirma el texto. 

Pese a las protestas vigentes y a la importancia del proyecto y a las repercusiones que tuvo en la comunidad, se dejó en manos de alguien sin experiencia técnica, que no tuvo ningún cargo público similar en su trayectoria profesional. ¿Es justo para las víctimas que ha dejado la presa? 

@Ciudadelblues