¿Quién tiene la razón? Un chofer de Uber cancela viaje por groserías y amenazas de la pasajera de ser acusado de acoso. ¿Qué dicen las guías de Uber y el Reglamento de Tránsito?
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¿Quién tiene la razón? Un chofer de Uber cancela viaje por groserías y amenazas de la pasajera de ser acusado de acoso. ¿Qué dicen las guías de Uber y el Reglamento de Tránsito?
La dependencia mexiquense se ha convertido en una supersecretaría que custodia la llave de las contrataciones públicas y de la información relacionada con las mismas. Artífice de los “diezmos” en Texcoco, la ahora gobernadora, dio tormento a la ley para cerrar el paso a la transparencia y el acceso a la información
¿Quién tiene la razón? Un chofer de Uber cancela viaje por groserías y amenazas de la pasajera de ser acusado de acoso. ¿Qué dicen las guías de Uber y el Reglamento de Tránsito?
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María Trinidad Franco, Oficial Mayor, con la gobernadora Delfina Gómez y la secretaria de Finanzas Paulina Moreno.
EMEEQUIS.― El arribo de Delfina Gómez Álvarez y su grupo político al gobierno del estado de México detuvieron el reloj de las prácticas de transparencia y acceso a la información en esa entidad en 2023, con lo que han quedado bajo llave los detalles del grueso de procedimientos de contrataciones de gobierno, en especial los relacionados con obra pública.
Apenas llegó al palacio de gobierno en septiembre de ese año, cuando implementó una reforma que creó la Oficialía Mayor en el gabinete estatal, dependencia que concentró los procedimientos de adquisiciones y concursos de asignación de compras de bienes y servicios.
La estructura que se dió, le permitió a la texcocana concentrar no sólo las decisiones sobre las contrataciones, sino, especialmente, la información sobre dichas asignaciones presupuestales.
Y sobre todo, fue el pretexto para que la administración de Gómez Álvarez se sustrajese del cumplimiento de obligaciones de transparencia de orden federal, como es cargar contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde los últimos contratos de dependencias del gobierno mexiquense datan de junio de 2023, dos meses antes del ungimiento de la texcocana, según pudo corroborar EMEEQUIS.
Más aún, las dependencias de su administración central, como designa la ley local a todos los organismos que dependen directamente de la oficina de la gobernadora, aparecen sin contratos en Compramex, el portal de compras del gobierno del estado de México. Sólo aparecen contratos bajo el filtro de “sector central”, donde aparecen menos de 200 contratos del ejercicio 2024 de todas las dependencias “centrales”.
Si algún ciudadano usuario de la PNT busca los gastos en comisiones oficiales, es decir, viáticos y gastos de representación, de la gobernadora del Estado de México, el sistema le mostrará cero resultados. Si lo que usted quiere consultar son los contratos de la gubernatura, es decir de la oficina de la gobernadora, también topará con pared. Incluso si busca la declaración patrimonial de la texcocana, tendrá el mismo resultado.
Lo mismo ocurrirá si consulta cualquiera de las dependencias del gobierno del Estado de México, nada hallará con fecha precedente al menos desde junio de 2023.
Y no es por la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), que el gobierno de Claudia Sheinbaum, en cumplimiento de la directriz de su predecesor, determinó. Para empezar, dicha liquidación se encuentra aún en proceso de cumplimiento. Y en segundo término, las obligaciones y derechos constitucionales de los que dicha entidad era garante, siguen vigentes.
La razón estriba en las reformas efectuadas por Delfina Gómez, la gobernadora mexiquense, para sacudirse las obligaciones de transparencia con más de un año de anticipación al decreto de desaparición del INAI.
Un día después de tomar posesión como gobernadora, la célebre artífice de los “diezmos” ―como se llamó a la estructura financiera que Delfina creó siendo alcaldesa de Texcoco para desviar recursos públicos a Morena―, Delfina emitió un decreto para introducir en la el gabinete una nueva dependencia, la Oficialía Mayor.
La nueva dependencia no sólo absorbió funciones que antes correspondían a la Secretaría de Finanzas, sino que, además, concentró los procedimientos y la información relacionada con las contrataciones públicas.
La vocación de centralización del poder de la nueva dependencia quedó expresa en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México:
―Ejercer en el ámbito de su competencia las atribuciones derivadas de los convenios administrativos, laborales, tecnológicos y de manejo de información que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, con los gobiernos de otros estados de la República, con los gobiernos municipales y con organismos auxiliares.
―Proyectar y calcular el gasto anual requerido para las dependencias, por concepto de servicios personales, materiales, servicios y de inversión pública para someterlo a consideración de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, que se entregará a la Secretaría de Finanzas para su incorporación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, con apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez.
―Establecer, administrar, integrar, controlar, verificar y mantener actualizados, el padrón de proveedores y contratistas, así como demás registros, conforme a las disposiciones legales, convenios que correspondan.
―Representar legalmente al Gobierno del Estado y vigilar en el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de recursos humanos, materiales, bienes mueble e inmuebles, servicios generales y adjudicaciones, en el ámbito de su competencia;
Más explícitamente, el Reglamento Interior de dicho brazo burocrático establece: “La Oficialía Mayor tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y las demás disposiciones jurídicas que le resulten aplicables. Asimismo, la Oficialía Mayor asumirá los compromisos y las obligaciones que establezcan los acuerdos, convenios o contratos que suscriba el gobierno del Estado de México, con los gobiernos federal, estatales y municipales en las materias que se encuentren en el ámbito de su competencia”.
Y para redondear, la Ley de Contratación Pública del Estado y Municipios, en su artículo 18, determina: “Los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que se realicen con cargo a recursos estatales, total o parcialmente, deberán desahogarse preferentemente por conducto del COMPRAMEX, salvo en los casos en que así lo determine el comité de adquisiciones y servicios. Lo mismo aplicará a los ayuntamientos cuando se trate de actos, contratos o convenios que se celebren con cargo a recursos municipales”.
En suma, la maniobra legislativa reservó el control de las contrataciones públicas y la información respectiva a la Oficialía Mayor, incluída la decisión cumplir con los procedimientos “preferentemente” a través de la plataforma local y asumir las obligaciones que se tenían con la federación, como los que obligaban al gobierno estatal a cumplir con los criterios de transparencia y acceso a la información establecidos en la Constitución federal.
La página de Transparencia Fiscal que alimentaba el gobierno estatal hasta la administración previa quedó congelada. La información que la entidad cargaba a la PNT fue suspendida.
Y la página estatal de compras concentró en una misma categoría los contratos de todas las dependencias del gabinete legal mexiquense. Si el público usuario desea saber los gastos específicos de determinada dependencia de ese bloque, tendrá que buscar en ese único apartado de Compramex.
Por otro lado, si busca por curiosidad la Oficialía Mayor, la Secretaría de Finanzas, u otra dependencia del gobierno mexiquense en la sección de información pública de la PNT, se topará con la leyenda: “Esta institución no tiene obligaciones generales. Revise sus obligaciones específicas”. Pero será inútil. El sistema le dará la misma recomendación, pero a la inversa.
Todavía a principios de este mes de enero hubo una nueva reforma al Reglamento Interior de la Oficilía Mayor, con el fin de ampliar sus facultades, permitiéndole controlar los gastos de todas las áreas del gobierno estatal y firmar convenios con los poderes Legislativo, Judicial, ayuntamientos y órganos para realizar compras consolidadas.
La titular de la dependencia y custodia de la llave de toda la información relacionada es Ma. Trinidad Franco Arpero, una exsecretaria general del Sindicato de Maestros del Estado de México (SMEM), exdiputada local, y exdirectora de Gobierno (2012-15) del gobierno priísta precedente.
@estedavid
¿Quién tiene la razón? Un chofer de Uber cancela viaje por groserías y amenazas de la pasajera de ser acusado de acoso. ¿Qué dicen las guías de Uber y el Reglamento de Tránsito?
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